Crisis en Haití tendrá alto impacto negativo en su economía

Puerto Príncipe, Haití. – La situación de violencia en Haití, según el cúmulo de su historial cronológico, lleva como destino una crisis no solo en el ámbito político, social o cristiano, sino también a nivel económico pese a que el  Instituto Haitiano de Estadística e Informática (IHSI, por sus siglas en francés) haya revelado una mejoría a inicios de este año.

 El IHSI, por sus siglas en francés, en su informe sobre las reservas internacionales presentó mejoría, aunque sobre una base baja; las recaudaciones aduaneras habían aumentado casi un 50 %, el tipo de cambio mostraba una relativa estabilidad y la evolución interanual de la inflación se situaba en 20,9 % en enero pasado, frente al casi 50 % en el mismo mes de 2023.

Pero la escalada de violencia ha echado por tierra esas cifras y, en opinión de la inmensa mayoría de los expertos, que ya planteaban previsiones pesimistas para la economía local (quinto año de crecimiento negativo, inflación y aumento de los tipos de cambio y del coste de la vida), los retos económicos se incrementan.

Haití es considero como uno de los países más pobre de América y tiene muchas dificultades a la hora de atraer inversiones y generar confianza. Este es el contexto en el que la crisis nacional se agrava desde hace ya tiempo: el precio del dólar se ha triplicado en los últimos diez años, la economía utiliza la divisa estadounidense como referencia con consecuencias como ciclos de deflación e inflación que se retroalimentan, y hay un bajísimo poder adquisitivo de la población.

La estructura económica se basa en mano de obra barata, y las remesas de la diáspora haitiana constituyen la primera fuente de ingresos del Producto Interior Bruto (PIB), con la exportación de productos textiles en segunda posición.

Haití se ha enfrentado además a desafíos como el pago de la llamada «deuda de la independencia», o la compensación a los franceses que, según el diario ‘The New York Times’ hoy sería de entre 21.000 y 115.000 millones de dólares, si se tiene en cuenta el potencial de inversión de estos recursos, o la ocupación estadounidense en 1915 con la pérdida de activos públicos y privados.

Hoy día la inseguridad no tiene precedentes: más del 80 % de Puerto Príncipe está dominado por las bandas armadas, incluidos puertos y aeropuertos, y más de 600.000 armas circulan por el país.

Además de la violencia, otro factor que, según los expertos, influye en la economía, en especial en la inflación, es el flujo migratorio y los desplazamientos internos: en solo quince días de marzo unas 53.000 personas abandonaron la zona metropolitana de Puerto Príncipe, de acuerdo con datos de la Organización Internacional para las Migraciones.

Todo ello impacta en la economía de un país históricamente con muy poca industrialización y una producción agrícola muy por debajo de su potencial, escasos productos locales y la existencia de grupos que ganan con las importaciones y la reventa y que han dominado y monopolizado puertos y aduanas durante mucho tiempo, junto a un sector servicios actualmente muy pequeño.

En casi todo el mes de marzo, la actividad en la capital estuvo prácticamente paralizada. En momentos de alta inseguridad como el actual pocos grupos se salvan y, por ejemplo, grandes empresas importadoras fueron saqueadas, lo que también afecta a los exportadores, principalmente dominicanos.

En este tiempo, Haití no ha podido importar a través de sus principales puertos y aeropuertos por la violencia de las bandas, que también controlan varias rutas de entrada a la capital.

Además, Haití no ha sido autosuficiente en alimentos, en lo que influye que el departamento de Artibonite, donde se concentra en gran medida el sector agrícola, esté completamente bloqueado.

En cuanto a la industria, el principal parque industrial del país, Sonapi, permanece cerrado debido a la inseguridad en sus alrededores.

Los únicos sectores que parecen haber crecido significativamente son los relacionados con actividades ilícitas, como las propias pandillas, el negocio del secuestro, la extorsión y la intermediación (de comerciantes y transportes, con la imposición de una especie de peajes) o la importación ilegal de armas. EFE