Crear Valor Público

ElAvance | 22 noviembre 2026

Frank Olivares.

Una de las grandes debilidades de la administración pública es que suele medir su desempeño desde la perspectiva de quien presta el servicio y no necesariamente desde la experiencia de quien lo recibe. Una institución puede sentirse satisfecha porque ejecutó su presupuesto, digitalizó un trámite, aumentó sus recaudaciones o cumplió determinadas metas administrativas, aunque el ciudadano continúe enfrentando procesos complejos, largos y costosos.

Es ahí donde adquiere especial relevancia el concepto de valor público. No basta con que el Estado haga cosas; importa que aquello que haga resuelva problemas, produzca resultados y mejore de manera tangible la relación entre las instituciones y las personas. Una política pública puede estar perfectamente diseñada desde el punto de vista jurídico o presupuestario y, sin embargo, generar poco valor si el ciudadano tiene que invertir una cantidad desproporcionada de tiempo, dinero y esfuerzo para beneficiarse de ella.

Pensemos, por ejemplo, en el cumplimiento tributario. El Estado tiene todo el derecho de exigir que los ciudadanos paguen correctamente sus impuestos, pero debería tener también la obligación de hacer que cumplir sea razonablemente sencillo. Si una persona que quiere hacer lo correcto termina atrapada entre formularios, validaciones, claves, procedimientos y correcciones difíciles de ejecutar, el problema deja de ser únicamente tecnológico. Es un problema de diseño de política pública.

Esta discusión plantea una necesidad que pocas veces ocupa el centro del debate sobre la calidad del Estado dominicano. Necesitamos que lleguen a la administración pública más personas capaces de pensar de esa manera. No solamente abogados que conozcan la norma, economistas que puedan hacer los cálculos o ingenieros que construyan las plataformas, sino servidores públicos capaces de preguntarse qué problema se quiere resolver, cómo experimentará el ciudadano la solución y cuánto esfuerzo tendrá que realizar para utilizarla.

Los países de la OCDE llevan años avanzando precisamente en esa dirección. La organización ha promovido un modelo de servicios públicos centrado en las personas, en el cual las necesidades del usuario forman parte del diseño desde el principio y no se incorporan como una corrección posterior. De los 33 países evaluados en Government at a Glance 2025, 28 ya habían adoptado estándares de servicio aplicables al conjunto del gobierno.

La lógica va incluso más lejos. 20 de 28 países evaluados están organizando determinados servicios alrededor de los llamados “eventos de vida”: tener un hijo, jubilarse, perder un familiar o iniciar un negocio. En lugar de obligar al ciudadano a descubrir qué institución debe visitar y qué formulario corresponde en cada caso, la administración intenta organizarse alrededor de la necesidad real de la persona.

Eso supone un cambio profundo. El Estado deja de pedirle al ciudadano que entienda cómo está organizada la burocracia y comienza a preguntarse cómo debe organizarse la burocracia para que el ciudadano pueda resolver su problema.

La OCDE ha llevado ese enfoque a su marco de gobierno digital. Entre sus principios se encuentran el diseño centrado en usuarios, la utilización estratégica de los datos, la interoperabilidad entre instituciones y la capacidad de anticiparse a determinadas necesidades antes de que el ciudadano tenga que iniciar un trámite. Pero la propia organización reconoce que tener tecnología y estándares no garantiza buenos resultados. Persisten servicios fragmentados, duplicidades y experiencias muy diferentes dependiendo de la institución con la que la persona tenga que relacionarse.

Esa advertencia es particularmente importante para nosotros. Modernizar el Estado no consiste simplemente en trasladar formularios del papel a una pantalla. Una mala burocracia digitalizada sigue siendo una mala burocracia.

Crear valor público requiere algo más difícil: revisar procesos, eliminar requisitos innecesarios, compartir información entre instituciones, medir la experiencia de los usuarios y aceptar que una política pública debe evaluarse también desde el punto de vista de quien tiene que vivir con ella.

Y para hacer eso se necesita gente dentro del Estado con una visión distinta de la administración pública.

Personas que entiendan que gobernar no es solamente regular, cobrar, autorizar o sancionar. También es facilitar, prevenir, simplificar y resolver.

Ese puede ser uno de los grandes desafíos de nuestra próxima generación de reformas públicas. No necesitamos únicamente un Estado que haga más cosas. Necesitamos un Estado que produzca más valor con cada cosa que hace.