Corte revoca libertad y envía a prisión a cabo acusado por muerte de oficial retirado

Martin Severino | 24 junio 2026

Santo Domingo. – La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dispuso este miércoles el ingreso a prisión preventiva del cabo de la Policía Nacional Elpidio Antonio Acosta, investigado por la muerte del teniente coronel retirado Carmelo Polanco durante un incidente ocurrido el pasado mes de mayo en el sector La Ciénaga.

Con esta decisión, el tribunal revocó la medida de coerción que permitía al agente permanecer en libertad mediante una garantía económica de RD$400,000, además de presentación periódica e impedimento de salida del país. En adelante, deberá cumplir tres meses de prisión preventiva en el Centro de Operaciones Especiales de Manoguayabo.

La información fue confirmada por la representante legal de los familiares de la víctima, Dilenny Alcántara, quien valoró la decisión adoptada por la corte.

La revisión de la medida fue solicitada por el Ministerio Público a través de la procuradora de corte Santa Matilde Reyes Valenzuela, responsable del Departamento de Asuntos Internos de la Fiscalía del Distrito Nacional.

De acuerdo con el expediente, el hecho ocurrió el 10 de mayo cuando Carmelo Polanco participaba en una reunión familiar en las proximidades de su residencia. En ese momento, una patrulla policial perteneciente a la unidad Topo realizaba un operativo de búsqueda de un sospechoso en la zona.

Las investigaciones indican que desde el vehículo policial se produjeron dos disparos al pasar frente al lugar donde se desarrollaba la actividad, resultando herido de muerte el oficial retirado.

Según el Ministerio Público, el propio cabo Acosta admitió que manipulaba su arma de reglamento cuando ocurrió el disparo y posteriormente entregó voluntariamente la pistola utilizada. Los análisis practicados por los peritos determinaron la presencia de residuos de pólvora en dicha arma.

Asimismo, un peritaje balístico realizado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) estableció correspondencia entre el proyectil extraído del cuerpo de la víctima y el arma asignada al imputado.

Las autoridades mantienen la calificación jurídica provisional de homicidio involuntario, tipificado en el artículo 319 del Código Penal Dominicano, mientras continúan las investigaciones del caso.