Continuidad de la Dominicanidad y la Constitución

Anny Esther Burgos

Indudablemente, el globalismo es estatista, pues su avance no puede ser posible a menos que el Estado sea el brazo ejecutor de las acciones que encaminarán su dominio. Es por demás sabido que esta ideología, que busca la destrucción de los Estados-nación y el establecimiento de fronteras abiertas diluyendo las identidades de las naciones a través de migraciones masivas y descontroladas, tiene especial interés en nuestro país, un país dirigido por funcionarios que se inclinan hacia todo aquello que es contrario a los intereses nacionales.

El Estado dominicano parece políticamente bipolar, pues, por un lado, nuestro presidente anuncia la ejecución de 15 medidas con el propósito de frenar el flujo masivo de haitianos ilegales hacia territorio nacional, pero a la vez firma el decreto que autoriza el nombramiento de un diplomático de ascendencia haitiana como ministro consejero permanente ante la ONU, la cabeza de la medusa que tiene los ojos puestos sobre la nación desde hace décadas.

Desde la ONU surgen parte de las maquinaciones globalistas para socavar la soberanía dominicana, pero aun así existen algunos traidores —por convicción ideológica, beneficio económico o supina ignorancia— que se rehúsan a entender que un espacio representativo en dicha organización no lo puede ocupar cualquiera, aunque esté más preparado que el mismísimo Richelieu, porque nosotros somos un país con una historia muy particular.

La historia de la República Dominicana se escribió con la sangre de hombres y mujeres valientes que, con coraje y determinación, lucharon para que hoy la enseña tricolor pueda flamear en los cielos sin admisión de competencia alguna.

Quienes hoy defienden la entrada masiva y descontrolada de haitianos ilegales bajo la excusa de proteger los “derechos universales” de una población vulnerable, olvidan —o quizás ignoran— que esa misma narrativa ya ha destruido la identidad y la soberanía de otras naciones.

Entre 1822 y 1844, Haití nos mantuvo bajo una cruel e implacable dominación en la cual nos anularon como pueblo, nos impidieron practicar nuestra fe cristiana e incluso nos prohibieron hablar nuestro idioma. Fue un período oscuro que culminó forzosamente porque nos propusimos recuperar nuestro lugar en la isla a través de la heroica gesta de independencia del 27 de febrero del año 1844.

Sin embargo, tuvimos que resistir y pelear con ferocidad, pues durante los siguientes años los haitianos intentaron subyugarnos en 14 ocasiones mediante ataques armados. Fueron 12 años de confrontaciones en los que les demostramos que jamás volveríamos a ser sus esclavos.

Cada una de las batallas libradas es evidencia incuestionable de que Haití nunca ha aceptado que somos una isla pero dos países que se pueden tomar un café juntos, pero que no comemos arroz del mismo plato. La historia, cual madre que cuida a sus hijos, nos recuerda que la independencia fue solo el inicio de una lucha permanente por mantener a esta patria libre.

En la actualidad, esta lucha se libra en varios frentes: la demografía, la cultura, la educación, el sistema de salud, la política, las instituciones gubernamentales y las organizaciones internacionales.

En días recientes se hizo público el nombramiento de un joven de ascendencia haitiana como ministro consejero permanente ante la ONU representando a la República Dominicana, llamado Harold Sanzes.

Esto no solo es un error diplomático, es un atentado a la seguridad nacional y a la soberanía simbólica del país; es una burla a nuestra historia e identidad.

¿Puede un diplomático cuya lealtad identitaria y cultural está dividida representar los intereses de una nación cuya existencia fue históricamente anulada por los haitianos? La respuesta es un rotundo no. Independientemente de que este tenga una cédula de identidad dominicana y cumpla con lo establecido en el artículo 18 de la Constitución, la dominicanidad es mucho más que una cédula: es un sentimiento que nace del corazón, es sangre que corre por las venas, es arraigo, es cultura.

Por esta razón, no solo es urgente sino de suprema importancia que se haga una modificación al artículo 22 de nuestra Constitución, que establezca que todo ciudadano que aspire a cargos electivos públicos —nacionales o internacionales—, o a representarnos como diplomáticos en el extranjero, en organizaciones internacionales, que aspire a formar parte del sistema de justicia de este país, que desee pertenecer a la Policía Nacional y a los cuerpos castrenses, debe ser dominicano neto: de madre y padre dominicanos de origen también netamente dominicano. Ninguna persona de origen haitiano, aunque posea cédula dominicana, debe tener acceso a funciones de representación nacional , en diplomacia, ni estar en instituciones que involucren la defensa y la seguridad nacional. No es por odio, discriminación o xenofobia, sino por prudencia, por protección.

No se crean que lo que propongo no tiene precedentes, porque sí los tiene. Por ejemplo, en Israel —aunque es la única democracia de Medio Oriente— no permite (aunque no es una regla formal, en la practica si lo es ) que los árabes israelíes ocupen cargos en las fuerzas armadas, servicios de inteligencia (Mossad y Shin Bet), Ministerio de Defensa ni en el gabinete de seguridad. Esto no tiene que ver con odio ni prejuicios, pues los árabes en general tienen los mismos derechos que los judíos, sino con criterios de seguridad nacional. Los Estados que permanecen en el tiempo lo hacen protegiendo lo que los define.

Por otro lado, también mirar a Europa nos da una panorámica. Por ejemplo, el Reino Unido hoy ve cómo ciertas zonas están dominadas por la ley islámica (sharía), donde los cristianos británicos ya no pueden entrar a predicar ni portar símbolos como la cruz.
Ellos empezaron como nosotros: cediendo espacios simbólicos y reales, amenazados por la corrección y una supuesta inclusión racial y multicultural. Pero la inclusión sin identidad es disolución.

El caso británico nos debe alarmar: barrios enteros en Londres y Birmingham están prácticamente regidos por códigos religiosos extranjeros; figuras políticas con vínculos con grupos islámicos ocupan puestos decisivos, y la libertad de expresión está en erosión por miedo a “ofender” a las minorías dominantes. Eso comenzó con empatía, tolerancia cultural, social y religiosa, y terminó en colonización política.

¿Por qué no nos vemos en el espejo del Reino Unido? ¿Permitiremos que Haití nos vuelva a subyugar?

Permitirlo haría vano el sacrificio de nuestros patricios.

Los cargos públicos en el ámbito nacional e internacional, formar parte del poder judicial, al igual que servir en la Policía Nacional y en los cuerpos castrenses, son privilegios y responsabilidades que deben ser ejercidos exclusivamente por dominicanos, con una sola patria, una sola historia y una sola lealtad.

Si no actuamos ahora y blindamos de verdad nuestra Constitución, mañana veremos cómo los haitianos conquistarán la República Dominicana sin dar un solo disparo, sino a través de cada decreto formalizando un nombramiento de una persona con ascendencia haitiana, con cada política migratoria ambigua y con cada silencio cobarde y cómplice.

La patria nos convoca, ¡es ahora o nunca!