Consejo de Seguridad de la ONU sanciona a las bandas de "Barbecue", pero Haití sigue en el caos

Max Herrera | 10 julio 2025

Santo Domingo.- El Consejo de Seguridad de la ONU anunció sanciones contra dos de las principales organizaciones criminales que operan en Haití: la coalición Viv Ansanm, liderada por Jimmy Chérizier, alias "Barbecue", y la pandilla Gran Grif, encabezada por Luckson Elan. Las medidas incluyen la congelación de activos, la prohibición de viajes y un embargo de armas. Pero pese a esta novedad, la vecina nación sigue sumida en un caos sumamente preocupante.

Viv Ansanm, formada en febrero de 2024, agrupa a varias pandillas de Puerto Príncipe y fue clave en la escalada de violencia que provocó la renuncia del primer ministro Ariel Henry. Actualmente, esta coalición es responsable de ataques armados, tomas de prisiones, el control de barrios enteros y el desplazamiento de miles de personas. En marzo de 2025, se apoderaron de la comuna de Mirebalais, liberando a cientos de reclusos.

Por su parte, la pandilla Gran Grif está vinculada a la masacre de Pont-Sondé, ocurrida en octubre de 2024, donde más de 115 personas fueron asesinadas. La ONU la responsabiliza de múltiples crímenes que amenazan la paz y estabilidad del país, como secuestros, asesinatos, y el control armado de territorios en la región de Artibonite.

Tanto Barbecue como Elan ya estaban sancionados de forma individual por la ONU desde 2022 y 2024 respectivamente. Sin embargo, esta es la primera vez que las organizaciones que lideran son incluidas formalmente en la lista de sancionados.

A pesar de las sanciones y de la presencia de una fuerza internacional encabezada por policías kenianos, la situación en Haití continúa fuera de control. Según la ONU, las bandas criminales dominan hasta el 90 % de Puerto Príncipe, y el Estado prácticamente ha perdido su capacidad de gobernar. Los enfrentamientos armados son constantes, los hospitales están cerrados o bajo amenaza, y las escuelas han sido abandonadas.

Más de 1.3 millones de haitianos han sido desplazados desde mediados de 2024, y la crisis humanitaria se agrava a diario. La inseguridad alimentaria afecta a más del 50 % de la población y el acceso a servicios básicos es prácticamente inexistente en zonas controladas por pandillas.