Congresistas respaldan sermón de las Siete Palabras; instan a la iglesia ser permanente en sus denuncias

Santo Domingo.- Pese a congresistas de diferentes bancadas respaldar el sermón de las siete palabras, sostuvieron que la Iglesia Católica debe ser permanente en sus denuncias, no solo en Semana Santa.

La Iglesia Católica criticó el pasado viernes en el sermón de las siete palabras, las diferencias sociales que afectan la sociedad dominicana.

Desde el alto costo de la vida hasta el sistema de justicia, la inseguridad ciudadana, y la seguridad social fueron de los temas abordados por los católicos.

El senador de la Fuerza del Pueblo, Dionis Sánchez, valoró como buena la intervención de la iglesia, al tiempo que dijo, el pueblo debe tomar la decisión al momento de elegir sus autoridades.

De su lado, el diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez, indicó que "la justicia ciegase le fue un ojo y está tuerta", ya que el sistema capitalista favorece a los poderosos y ricos, mientras que los pobres van en desventajas.

Asimismo, el legislador oficialista, Ramón Ceballos, dijo que cree en la iglesia católica, sin embargo no comparte algunos temas mencionados, como la inseguridad ciudadana, ya que entiende la RD no es el país más inseguro de América Latina, ni el que tiene la inflación más alta.

En tanto que, el diputado, Alexis Jiménez, dijo estar de acuerdo en buscar soluciones en conjunto con la comunidad católica.

Agregó, que la Ley 87-01 debe humanizarse y ser más entregar.

El pasado Viernes Santo, religiosos católicos proclamaron el Sermón de las Siete Palabras, en la Catedral Primada de América en Santo Domingo, donde con las últimas palabras pronunciadas por Jesús antes de morir en la cruz, intercedieron por realidades del país.

Los sacerdotes y religiosas abordaron la realidad económica, política, social, religiosa y cultural de la actualidad que afectan a la sociedad dominicana, con la ausencia de funcionarios del Estado.

En repetidas ocasiones, la Iglesia ha expresado su preocupación por la agilización de procesos penales para algunos delitos mientras se observa una mano más dura para otros, especialmente aquellos relacionados con la corrupción política.

En este sentido, ha exigido un sistema de justicia equitativo que garantice el debido proceso para todos los ciudadanos, sin distinción de estatus o poder.