Justicia

Condenan a Pro Consumidor al pago de RD$3 millones por daños y perjuicios a exconsultor jurídico

Martin Severino | 09 junio 2025

Santo Domingo. – La Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) condenó a la entidad estatal Pro Consumidor al pago de RD$3,000,000.00 por concepto de reparación de daños y perjuicios a favor del abogado administrativista Félix Rafael Pujols Jerez, exconsultor jurídico de la institución, tras una prolongada batalla legal de once años que culminó con una sentencia definitiva de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

La decisión judicial también responsabiliza personalmente a varios exfuncionarios y miembros del Consejo Directivo de Pro Consumidor, entre ellos Altagracia Paulino (exdirectora ejecutiva), Anina del Castillo (expresidenta del Consejo y exdirectora), Circe Almánzar Melgen, Zoila González de Gutiérrez, Nelson Gómez Moscat, Odile Miniño Bogaert, Alfonsina Cuesta Lora y Salvador Polanco, quienes deberán pagar RD$200,000.00 cada uno al demandante, por su responsabilidad directa en los actos ilegales y arbitrarios cometidos.

La sentencia, de 76 páginas, firmada por los jueces Ramón Berroa Hiciano, Claudia María Peña Peña y Cecilia Badía Rosario, establece que Pujols Jerez fue víctima de abuso de poder, actuaciones antijurídicas, inconstitucionales y negligencia grave que dañaron su integridad profesional y personal.

Según el fallo, el exservidor público fue degradado injustamente, sometido a un proceso disciplinario sin fundamentos y posteriormente desvinculado sin causa justificada, a pesar de ostentar la condición de servidor de carrera administrativa y contar con un historial de evaluaciones de desempeño “Excelente”, firmado incluso por las propias autoridades que luego decidieron su desvinculación.

En ese sentido, el tribunal también condenó a Pro Consumidor al pago de todos los salarios dejados de percibir desde 2014, en concepto de lucro cesante, al tiempo que reconoció el daño moral causado, afirmando que las acciones del organismo estatal generaron sufrimiento, angustia, y afectación profesional y emocional en el demandante.

Pujols Jerez calificó la sentencia como “un precedente histórico en contra del abuso de poder y en favor de la seguridad jurídica y del Estado social y democrático de derecho”.

El fallo podría tener importantes implicaciones sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y refuerza las garantías legales para los servidores de carrera en la administración pública.



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