Condenan a 30 años de prisión a hombre que asesinó otro en Santiago

Santiago. – El Segundo Tribunal Colegiado de Santiago impuso una condena de 30 años de prisión contra Wellington Hernández, hallado culpable del asesinato de Saúl Alexander Bonilla Uceta y de intento de homicidio contra su pariente José Alberto Bonilla Mercedes (Dary), en un hecho ocurrido en septiembre de 2021 en el sector Los Guandules, del distrito municipal Hato del Yaque.

La sentencia fue dictada por los jueces Kimberly Tatis, Esther Reyes y Luis Ernesto Torres, quienes acogieron en todas sus partes la acusación presentada por el Ministerio Público, sustentada en pruebas materiales, periciales, testimoniales y documentales recolectadas durante la investigación.

De acuerdo con el expediente, Hernández actuó junto a dos hombres identificados como José Julio alias "El Gordo", y otro solo conocido como Colita, quienes permanecen prófugos. En un primer intento de ataque, el grupo disparó contra las víctimas sin lograr herirlas. Días después, Hernández regresó al lugar y atacó a Bonilla Uceta con un arma blanca tipo punzón, provocándole heridas mortales que fueron certificadas por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), bajo el número de autopsia judicial 543-2021.

Durante el juicio, el fiscal litigante Pedro Martínez demostró la participación directa de Hernández en el hecho y detalló cómo su accionar fue determinante en la comisión del crimen, el cual fue calificado como asesinato y tentativa de asesinato, en violación de los artículos 265, 266, 267, 295, 296, 297, 298 y 302 del Código Penal Dominicano.

Además de la pena privativa de libertad, el tribunal ordenó el pago de una indemnización total de tres millones de pesos dominicanos (RD$3.0 millones) a favor de José Alberto Bonilla Mercedes y los familiares del fallecido. Esta compensación fue solicitada por abogados del Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de las Víctimas (Relevic), unidad del Ministerio Público que brinda asistencia legal gratuita a víctimas que no pueden costear defensa privada.

La condena deberá cumplirse en un centro penitenciario bajo el régimen de reclusión mayor, como lo establece la legislación penal vigente para crímenes de alta gravedad.