Comercios dominicanos vs negocios chinos: ¿Quién tiene la razón?

Rosa NG denuncia impacto económico de cierres de comercios chinos mientras FDC defiende fiscalizaciones.

Santo Domingo. – Los recientes cierres llevados a cabo por el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones en comercios de nacionales chinos mantienen preocupada a esa comunidad y a la ex representante comercial en China y líder comunitaria, Rosa NG, debido a que esta situación es mucho más delicada que cuando se produjeron los cierres ejecutados en el pasado por el Ministerio de Trabajo y Pro-Consumidor.

NG explica que los cierres que ordenaron esas instituciones fueron resueltos de manera rápida mediante conversaciones con los principales de esas entidades y la adopción de las recomendaciones hechas por estas.

Entiende que, en este caso, con el MIVED, la situación es mucho más compleja, debido a que el Ministerio de Trabajo les ha exigido estudios de vulnerabilidad, los cuales pueden durar tres o cuatro meses; sumados a los casi dos meses que ya tienen cerrados varios negocios, significaría pérdidas mucho más cuantiosas de las que ahora existen.

Ante esta situación, lo que la clase a la que pertenece le solicita al ministro Carlos Bonilla es que les permita abrir los comercios que se encuentran clausurados, tal y como ha sucedido con otros tipos de establecimientos que han tenido problemas de la misma naturaleza, los cuales deberán ser zonas seguras.

“Este es el gran problema que tenemos: los negocios continúan cerrados y ya van a ser dos meses, y realmente, aunque los chinos quieren ayudar y hacer lo que demandan los ministerios, tenemos el tranque con los cierres”, manifestó Rosa NG.

Asegura que el tema de los empleados agudiza aún más la situación, debido a que producto de los cierres más de tres mil empleados se encuentran en sus hogares, a los que hay que pagarles la seguridad social y sus respectivos sueldos. No siendo así solo en el caso de la tienda Decoplax de Santiago, la cual, por tener pocos meses de actividad, pudo optar por la suspensión de los contratos de trabajo amparándose en las leyes.

Señala que también lo que ha permitido que el cierre de dichos comercios se haya prolongado ha sido el hecho de que los ingenieros contratados para realizar el estudio de vulnerabilidad de la estructura no han podido cumplirles, y que “ese es un problema que también tenemos encima”, agregó NG.

“Habrá otros ingenieros que tendrán que asumir las cosas y queremos, sobre todo, llegar a algún tipo de negociación ya que se acercan las navidades”, dijo, añadiendo que los ciudadanos que prefieren los productos que se ofertan en esos locales se mantienen preguntando cuándo volverán a abrir las tiendas.

A su juicio, lo que ha molestado a ciertos sectores es el hecho de que en los últimos años los consumidores se han inclinado hacia los comercios chinos, prefiriendo sus productos por la calidad y el buen precio al que pueden adquirirlos. Por ello, no dudan de que, basados en la preferencia de los ciudadanos, dichos sectores se sientan desplazados y quieran de alguna forma limitar el auge y crecimiento de los comercios de capital chino en el país.

“Evidentemente hay quejas de algunas asociaciones, especialmente de la Federación, que ha estado dando, a nuestro entender, informaciones falsas que no compiten con la realidad y que plantean que los chinos no pagan impuestos, ni TSS de empleados, y que los chinos evaden Aduanas e Impuestos Internos”, dijo NG.

Afirma que en múltiples ocasiones ha desmentido esas declaraciones y que tiene las pruebas para demostrar que los comerciantes asiáticos cumplen con los ordenamientos que estipulan las normas jurídicas de la República Dominicana.

“La Suplax, por ejemplo, paga de TSS RD$1,500,000 pesos y más de 1 millón 200 mil pesos en Santiago, solamente por eso”, confesó Rosa NG en su explicación sobre esta situación, añadiendo que hay empresas que han pagado más de 700 millones de pesos solo por furgones de mercancía que han ingresado al país a través de Portuaria y Aduanas.

Exhortó a quienes desean conocer si los empresarios chinos en el país cumplen con su rol, que pasen por las instituciones correspondientes, donde podrán constatar fácilmente que las informaciones que sugieren esas supuestas faltas son totalmente falsas.

“Todo en el país se maneja de manera transparente, entonces ese cantado de mantener una consigna me parece totalmente fuera de lo normal y lo común”, fueron sus palabras al aclarar que, con los datos y números que maneja, se demuestra que los comerciantes chinos cumplen con la ley en el

Dijo que los sectores y empresas que se quejan y desean que los comercios chinos desaparezcan de la República Dominicana son los que han estado importando y vendiendo a precios elevados los productos chinos, y que al tener como competencia a los comercios de naturaleza oriental, que venden a un precio consecuente a los consumidores, entienden que eso es competencia desleal.

Calificó como una falta del MIVED no haber hecho las evaluaciones de lugar al momento en que muchas de esas edificaciones estaban siendo construidas, y que posteriormente esos comercios entraron en operación. En muchas ocasiones, estos locales son rentados por cinco o diez años y luego devueltos a sus propietarios cuando termina el contrato de arrendamiento.

Explicó que la idea de los comerciantes chinos no es apoderarse de los mercados nacionales, sino más bien tener buenas ganancias ofertando a menor precio; contrario a la realidad de los comerciantes locales, los cuales, a su juicio, solo buscan enriquecerse vendiendo los productos al doble y hasta el triple del precio con el que verdaderamente debe ofertarse en el mercado.

Rosa NG dejó claro que el deseo de la comunidad china en el país es llegar a un acuerdo con las autoridades del MIVED y que las tiendas que fueron cerradas puedan abrir nuevamente, dado que ya se acerca la temporada de Navidad, garantizando que los empleados puedan volver a sus labores, que los ciudadanos consigan sus artículos navideños y, por supuesto, que estos comercios ayuden al dinamismo de la economía local en la última parte del año.

Posición de la FDC

En relación con este tema, la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC) denunció públicamente lo que calificó como una “competencia desleal” por parte de comercios administrados por ciudadanos chinos en diferentes puntos del país. La entidad expresó su respaldo a las recientes fiscalizaciones realizadas por diversas instituciones del Estado.

En un comunicado, la FDC manifestó su apoyo decisivo a las acciones de la Dirección General de Aduanas (DGA), dirigida por Eduardo Sanz Lovatón; el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED), encabezado por Carlos Bonilla; el Ministerio de Trabajo, dirigido por Eddy Olivares; y la Dirección General de Migración, bajo el mando del general Lee Ballester.

La federación respaldó las declaraciones del ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor “Ito” Bisonó, en defensa del cumplimiento de las leyes que regulan la inversión extranjera en República Dominicana.

“Apoyamos la inversión extranjera, pero la que respete las leyes de la República Dominicana”, enfatizó la organización.

La institución destacó los esfuerzos del funcionario en la lucha contra el comercio ilegal de combustibles, bebidas alcohólicas adulteradas, cigarrillos de contrabando y otras actividades ilícitas, instando a que las mismas acciones se extiendan al control de los comercios chinos que operan en el país.

A pesar de las acciones de las autoridades, la entidad aún tiene varias preguntas sobre irregularidades y cuestionó cómo es posible que en tan solo 90 días se construyan plazas comerciales sin los permisos correspondientes del MIVED, poniendo en riesgo la seguridad de los clientes.

Criticaron, por igual, la falta de fiscalización por parte de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), alegando que cerca del 90 % de las plazas comerciales chinas no emite facturas con comprobantes fiscales, no acepta pagos con tarjetas y realiza todas sus operaciones en efectivo.

La FDC aseguró que muchos de los trabajadores en estos comercios son extranjeros en condición irregular, sin registro en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), ni aportes al INFOTEP o al seguro de accidentes laborales, lo que constituye una violación del Código de Trabajo.

Asimismo, denunció violaciones a los derechos de propiedad intelectual y evasión fiscal masiva, señalando que “las ventas en efectivo superan los mil millones de pesos diarios, con una evasión del ITBIS estimada en 70 mil millones”.

La federación pidió al Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, la DGII, la Superintendencia de Bancos y las demás instituciones competentes que fortalezcan la supervisión sobre las operaciones de estos comercios, con el fin de garantizar una competencia justa y el cumplimiento de las leyes dominicanas.

Finalmente, el organismo aclaró que no se trata de un tema de nacionalidad, sino de legalidad, y que otros países de la región, como Panamá y México, ya están tomando medidas ante situaciones similares de competencia desleal por parte de grupos comerciales de origen chino.

La CNDU también opina

En posición contraria a las declaraciones de la representante de los empresarios chinos, Esteban Rosario, presidente de la Central Nacional de Detallistas Unidos (CNDU), afirmó que no se trata de una especie de cacería de brujas, sino del derecho de las autoridades de exigir el cumplimiento de las leyes, y que la misma no solo debe aplicarse a las empresas de capital extranjero, sino también a las locales.

“A cualquier dominicano, a cualquier persona o empresa que no cumpla con los requisitos de ley para levantar una edificación debe ser supervisado, y si se encuentran fallas, deben ser sancionados”, declaró Rosario.

Al ser consultado por El Avance, el líder gremial señaló que una cosa es la denuncia que se hace a los comercios y la competencia desleal, y otra muy diferente lo que tiene que ver con la construcción de las edificaciones que albergan estos negocios.

A Rosario le llama la atención la rapidez con la que son levantadas esas edificaciones, y de acuerdo con lo expresado por él, muchas veces la construcción de esas estructuras inicia sin haberse entregado los estudios correspondientes.

Fue enfático al indicar que no están de acuerdo ni en desacuerdo con las acciones que llevan a cabo las autoridades, pero que con lo que sí estarán siempre en consigna es con que la ley sea cumplida por todos, aunque los cierres no deben realizarse de manera selectiva.

A su juicio, cuando se compara a los comerciantes chinos con los dominicanos, existe una competencia desleal. Lo explica diciendo que los primeros “llegan con un capital directamente desde China, y que los productos que ellos fabrican para su propio mercado no son los mismos que reciben los comerciantes que se abastecen en China, porque ellos saben camuflar esos productos”.

Afirma que otro factor que contribuye al desnivel entre las partes es el hecho de que en Aduanas los asiáticos declaran los productos con precios muy bajos. En relación con esta situación, Rosario considera prudente la intervención de la Dirección General de Aduanas para tratar de que ellos “apliquen los márgenes a los costos operativos de ellos, porque ahí es que nos están dando en la madre; a ellos les bajan los costos operativos y a nosotros nos suben”.

Dice que lo ideal sería que “cuando a ellos les abran los contenedores, se especifique y se pueda inspeccionar cada producto para que se lleve al valor real, y cuando eso se haga, se determinará el precio real que lleva”.

El presidente de la CNDU dijo que cuando se les empiece a cobrar por el verdadero producto que ingresan al país, entonces los comerciantes locales estarán compitiendo en igualdad de condiciones.

Dijo que cree en la libre empresa y saluda a los inversionistas chinos que ven en el país las condiciones para invertir, pero mantiene firme el pensamiento de que las reglas deben ser respetadas en todos los niveles. Asimismo, criticó el hecho de una práctica que, a su juicio, se ha vuelto tradición en esas empresas: el hecho de cancelar a los colaboradores cada tres meses para que, supuestamente, estos no puedan adquirir los derechos que la ley les confiere.

Esteban Rosario dejó claro que, pese a su posición y pensamiento, no desea entrar en algún tipo de confrontación con la comunidad china en el país, con quienes a través de los años ha logrado entablar sólidas y valiosas relaciones, pero reiteró que la ley debe ser cumplida por todos, sin importar posición o nacionalidad.

Siendo de cierto modo un poco más extremista, dijo que si la situación continúa escalando podría derivar en un conflicto en las relaciones diplomáticas entre ambas repúblicas, las cuales a través de los años se han desarrollado con respeto y altura.

Ante la creciente tensión entre la comunidad de comerciantes chinos y las instituciones del Estado, se hace necesario un espacio de diálogo transparente y permanente que permita equilibrar la aplicación rigurosa de las leyes con la protección de la inversión extranjera responsable.

Una posible salida estaría en la creación de una mesa conjunta de trabajo, integrada por representantes del Ministerio de la Vivienda, la Dirección General de Aduanas, el Ministerio de Trabajo, la Federación Dominicana de Comerciantes y la comunidad empresarial china en el país.

Acción con la cual se podría establecer los mecanismos que podrían establecer protocolos uniformes de fiscalización, asesorías técnicas y procesos de regularización acelerada, garantizando que los comercios cumplan con las normas sin afectar innecesariamente la actividad económica ni los empleos.

Y de paso permitiría transformar el conflicto en una oportunidad para fortalecer la formalidad y la competencia leal, la República Dominicana podría avanzar hacia un modelo comercial más justo, inclusivo y sostenible, donde el respeto a la ley y la apertura económica convivan en beneficio de todos los sectores.