Gobierno electrónico: hacer lo necesario para llegar a lo imposible

Por María Ramírez

Hoy en la Era de la Información todos formamos parte del ecosistema digital, la Administración Pública no es ajena a esa transición. En la pandemia el Estado apoyándose en las TIC´s tuvo que desarrollar a paso veloz infraestructura, servicios y habilidades, en usuarios y en su personal, para seguir cumpliendo la tutela del interés general y los derechos de las personas que están a su cargo.

El E-Government surge como una reformulación de la actividad burocrática para mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración basado en las TIC´s con el objetivo de mejorar el acceso, entrega e intercambio de la información y prestación de servicios al público e interagencias, producir mejoras en la calidad de las actividades y servicios, así como la simplificación de los trámites brindados por la Administración.

En el año 2007 se aprobó la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico, con el objetivo principal de reconocer el derecho de las personas a relacionarse con la Administración pública a través de las TIC´s. Contiene principios de buen gobierno electrónico, pautas sobre el régimen de la actuación administrativa digital, la planificación para la transformación digital de la Administración y para la adopción de medidas complementarias tales como la alfabetización digital, para no agrandar la brecha digital existente.

Esta declaración de intenciones fue firmada por la República Dominicana, así que revisaremos el marco legal, las políticas públicas y los proyectos ejecutados para ver como de la intención pasamos a la acción.

La Constitución en su artículo 138 sujeta a la Administración a los principios de eficacia, transparencia, publicidad y coordinación, de ahí que, posteriormente la Ley Orgánica de la Administración Pública, núm. 247-12 se dedique a desarrollar cómo se darán uso a las nuevas tecnologías como un mecanismo para incorporar tales principios a los procedimientos administrativos y a la prestación de los servicios que ésta brinda. Señala como objetivos principales generar cercanía entre los usuarios y la administración, llevar innovación y mejora en la gestión y los procesos; establecer un espacio de coordinación y cooperación entre instituciones, crear canales complementarios para que las personas participen en la elaboración y gestión de políticas y proveer información oportuna y de calidad para incrementar la transparencia en el uso de los recursos y en la ejecución de su función.

Previo a esta normativa, la Ley General de Libre Acceso a la información Pública, núm. 200-04, hacía uso de los medios electrónicos para que la Administración publicara información vinculada a su actividad. Estableciendo, la obligación de un portal de internet donde se pueda tener acceso con un lenguaje entendible a la regulación de los servicios, actos y comunicaciones de valor general, que determinen de alguna manera la forma los servicios y acceso a dicha entidad.

La Ley núm. 107-13, habilita a la Administración a tramitar los expedientes por medios electrónicos, basándose en el principio de celeridad  e introduce medidas de descarga y simplificación burocrática, proscribe el abuso de la exigencia documental, reconocido como parte del derecho a la buena administración. Incorpora como corolario del mismo, el derecho a una ordenación adecuada de los datos que reposen en archivos digitales.

La Ley de Simplificación y Mejora regulatoria, núm. 167-21 vino a fortalecer el marco legal para articular políticas públicas dirigidas al dictado de normas y establecer reglas de simplificación de trámites administrativos a través de la estandarización y optimización de los procedimientos, dentro de los cuales se contempla la habilitación de canales no presenciales de consulta, creación de ventanillas únicas virtuales para la gestión de trámites y recepción de documentos y adopción de medidas  de seguridad que garanticen un adecuado nivel de interoperabilidad y protección de datos de las personas.

El principal responsable de la promoción de la implementación del E-government es la OGTIC quien desde el año 2004, es el encargado de diseñar, promover y definir las políticas públicas  en esta materia.

Dentro de los proyectos a su cargo se encuentra el establecimiento de líneas de atención de servicios y canales de denuncias (*462, 711, 3-1-1), la coordinación de los Puntos de Servicios a los Ciudadanos (6 PuntosGob) y la implementación de Ventanillas Únicas de Servicios (VUCE-RD, VUI-RD, Formalizate, VU-Construcción, VU- Permisos Ambientales), entre otras funciones y proyectos.

OGTIC es integrante del Gabinete de Transformación Digital, actualmente Gabinete de Innovación y Desarrollo Digital, grupo de trabajo interinstitucional creado para la coordinación, diseño y ejecución de proyectos país de alta relevancia como lo es la Agenda Digital y la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA); instrumentos que agrupan los objetivos que como país nos hemos trazado sobre estos temas y que han convertido a RD en un país referente en la región.

La Agenda Digital, tiene el Gobierno Digital como uno de sus ejes, con el que se busca, bajo coordinación del Ministerio de Administración Pública, lograr la eficiencia de la Administración mediante el uso de las TICs, acercando el Estado a la ciudadanía para mejorar la calidad de vida. 

Por su parte, la ENIA tiene como una de sus iniciativas el asegurar un “Gobierno Inteligente” mediante la utilización de la IA para optimizar los procesos de gestión y fortalecer las respuestas a los desafíos actuales, convirtiéndola en herramientas para mejorar la eficiencia y calidad de los servicios.

De los retos a abordar para que el E-Government sea una realidad efectiva e inclusiva, se identifica la necesidad de contar con un marco legal robusto de protección de datos personales, los mecanismos de salvaguarda y una ley actualizada de ciberseguridad (Ataque Dirección General de Pasaportes), mejoras en las plataformas de transacciones de pago en línea, interoperabilidad de los sistemas de las instituciones, correcto funcionamiento de las ventanillas únicas de servicios, plataformas de participación en línea y desarrollo del acceso y uso del servicio de Internet en las zonas más apartadas. Es prioritario enfocar esfuerzos en el desarrollo de habilidades intermedias y avanzadas para el uso de las TICs por parte de los usuarios y servidores públicos.

Ordenamientos jurídicos en otras latitudes nos invitan a evaluar la pertinencia de regular aspectos que van desde el carácter voluntario de la interacción electrónica, cómo se adapta el derecho a la buena administración en el ámbito electrónico, los principios que intervienen (integridad de garantías, neutralidad tecnológica, equivalencia de soportes, consentimiento para su uso), identificación digital del ciudadano y mecanismos de acreditación de la voluntad e integridad, tales como la firma digital o electrónica de las personas y de los funcionarios, su validez y equivalencia funcional; sedes electrónicas y repositorios electrónicos de documentos, registros electrónicos, notificaciones electrónicas; gestión electrónica de procedimientos administrativos, documentos y archivos electrónicos y operación de los cuerpos colegiados a través de los medios electrónicos.

Según los datos aportados por las Naciones Unidas respecto de los índices de E-Government y E-Participación en el año 2022, de los 193 países encuestados la República Dominicana ocupaba el puesto 92 y 86, respectivamente, por lo que podríamos afirmar que aunque hemos avanzado, nos queda todavía camino por recorrer para que el Gobierno Electrónico sea una herramienta puesta de manera efectiva para toda la población.

Nos resta seguir como San Francisco de Asís, haciendo lo necesario, luego lo posible, para que en un futuro no muy lejano logremos esta realidad que a veces parecería imposible.