Ciudadanos interponen acción de amparo urgente por incumplimiento de prohibición del foam en RD

Santo Domingo, RD.- Dos ciudadanos dominicanos, Hernani A. Aquino Hernández y Ricardo Ripoll, interpusieron este miércoles una acción de amparo de extrema urgencia ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), denunciando una grave falla sistémica en la protección ambiental y la salud pública en el país, a raíz del incumplimiento de la Ley 225-20 que prohíbe el uso y comercialización del poliestireno expandido (conocido como foam).

La acción judicial está dirigida contra varias instituciones estatales, entre ellas el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA), el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Pro Consumidor e INDOCAL, así como importantes grupos empresariales como Centro Cuesta Nacional, Grupo Ramos, Supermercados Bravo y la empresa ADIPLAST.

Los accionantes acusan a las entidades demandadas de permitir la continuidad del uso ilegal del foam, un material altamente contaminante y con riesgos cancerígenos, cuyo uso debía cesar conforme al cronograma establecido por la Ley 225-20 sobre gestión integral y coprocesamiento de residuos sólidos. La prohibición total del foam entra en vigor el próximo 2 de octubre de 2025.

Pruebas y exigencias

Entre las evidencias presentadas ante el tribunal, los demandantes incluyeron una certificación de INDOCAL que confirma la ausencia de registros de aditivos biodegradables para el foam en el país, así como un acto de alguacil que notifica formalmente a las entidades señaladas.

Los ciudadanos exigen una serie de medidas urgentes, incluyendo:

• Fiscalización inmediata y retiro de productos no certificados del mercado.
• Publicación de alternativas sostenibles al uso del foam.
• Auditoría ciudadana para garantizar el cumplimiento efectivo de la Ley 225-20.

Asimismo, solicitan al tribunal la imposición de un astreinte conminatorio y solidario de RD$100,000 diarios por cada día de retardo en el cumplimiento de la sentencia, fondos que serían destinados a una entidad sin fines de lucro dedicada a la protección ambiental.

Representación legal y propósito

La acción está respaldada por los abogados Máximo Juan Miñoso Santoni, Hanfiel Antonio Polanco Ramos y J. Rafael Céspedes Amparo, quienes instaron al Tribunal a declarar con urgencia el conocimiento del amparo y ordenar el cumplimiento inmediato de la legislación ambiental vigente.

“El objetivo no es solo lograr justicia, sino también sentar un precedente que obligue tanto al Estado como al sector privado a asumir su responsabilidad frente al medio ambiente y la salud de la población”, afirmaron los demandantes.