Senasa y otros casos de corrupción o ineficiencia que no han tenido protección oficial

 Por Ruth Esther Encarnacion

Desde que Luis Abinader asumió la Presidencia de la República en 2020, su gobierno se conformó con un equipo de funcionarios cercanos, muchos de ellos con vínculos personales, políticos y de confianza construidos durante años.

La expectativa pública era que ese círculo íntimo sería parte fundamental del proyecto de cambio prometido. Sin embargo, durante el trayecto, varias de esas figuras terminaron implicadas en escándalos de corrupción y episodios de mala administración que han sacudieron el tren gubernamental y pusieron a prueba el discurso de transparencia de la actual gestión.

Lo que más ha llamado la atención del país es que, a diferencia de presidentes anteriores, Abinader no ha intervenido para proteger a quienes han resultado señalados. Por el contrario, ha desmontado a algunos de sus propios colaboradores del tren, ha permitido investigaciones profundas y ha dejado que otros lleguen directamente a la “parada” del Ministerio Público. El presidente ha reiterado en varias ocasiones que en su gobierno “no hay vacas sagradas” y que “quien infringe, paga”, sin importar su cercanía política o personal.

El mandatario ha sido enfático en señalar que: “Tengo amigos, pero no tengo cómplices”.

En este recuento especial, se presentan los casos más sonados de presunta corrupción administrativa ocurridos en instituciones durante la presente  gestión de gobierno, detallando el estatus legal que cada uno mantiene en la actualidad y cómo estos procesos han marcado la narrativa del combate a la corrupción en este período gubernamental.

Se incluyen también algunos casos en los cuales fallos graves en la administración de las instituciones han provocado la salida de los incumbentes. 

 RD$15,000 millones en Senasa

El Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) ha sido el principal caso de corrupción destapado en la actual gestión de gobierno con unos RD$15,000 millones estafados al Estado, según la acusación presentada por el Ministerio Público.

Tras varios meses de investigación, iniciando la noche del sábado 6 de diciembre, en plena Navidad, comenzaron los arrestos, incluyendo al ex director de esa institución, Santiago Hazim.  

En total 25 fiscales, acompañados por más de 200 agentes policiales realizaron 12 allanamientos como parte de la operación Cobra, mediante la cual fueron también arrestados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, el empresario Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Heidy Mariela Pineda y Rafel Martínez Hazim.

A los apresados se les acusa de los siguientes cargos:  coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.

El lunes 8 de diciembre el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción contra los implicados, en la que solicitó 18 meses de prisión preventiva para todos, además de que el caso sea declarado complejo.

La acusación establece un manejo irregular de fondos públicos que supera los 15,000 millones de pesos, recursos que se habrían desviado de la institución afectando la cobertura de los afiliados al Senasa y el propio funcionamiento de esa entidad estatal.

A continuación, una cronología de los sucesos más importantes ocurridos en torno a este expediente.

El 25 de junio de 2025 el partido Fuerza del Pueblo denunció que Senasa estaba atravesando serias dificultades administrativas y gerenciales y preciso que la institución estaba en situación de quiebra.

El 30 de junio el presidente Luis Abinader aseguró este lunes que el Seguro Nacional de Salud no estaba enfrentando una crisis financiera, aunque admitió que ha requerido aporte extra de recursos, los cuales ya se estaban aportando a la entidad.

En julio 8, el Ministerio Público lanzó una operación anticorrupción que incluía contratos de Senasa y otras dependencias estatales como Inaipi y las Edes.

El 13 de agosto el doctor Santiago Hazim fue destituido como director de la institución.

El 17 de agosto: El presidente Abinader designó a Edward Guzmán Padilla como nuevo director.

El 15 de septiembre el presidente Abinader se refirió nuevamente al tema, pidiendo que se dejara actuar al Ministerio Público.

Un día después la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitó formalmente a la periodista Nuria Piera la entrega de todas las emisiones del programa N Investiga relacionadas al caso Senasa.

El 24 de septiembre el doctor Santiago Hazim reapareció públicamente junto a su abogado Miguel Valerio, defendiendo su gestión y afirmando que fue él quien advirtió en noviembre de 2024 sobre las irregularidades en el Senasa.

Finalmente, el 6 de diciembre Santiago Hazim y otros implicados en el caso quedaron bajo arresto luego de ser interrogados en la Procuraduría General de la República.

 INTRANT : Hugo Beras y la Operación Camaleón

Uno de los casos más impactantes, tanto por su magnitud como por su contenido, es el que envuelve a Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT). En octubre de 2024, Beras fue arrestado como parte de la denominada Operación Camaleón, una investigación que destapó un complejo esquema de corrupción vinculado a la adjudicación fraudulenta de contratos para la modernización de la red de semáforos del Gran Santo Domingo.

La investigación del Ministerio Público señala que Beras autorizó contratos millonarios a la empresa Transcore Latam S.R.L. y a otras compañías que, según las autoridades, no cumplían con los requisitos técnicos necesarios. Las obras fueron presentadas como una modernización del sistema de control del tránsito, pero la investigación reveló inconsistencias y violaciones graves a la normativa de contrataciones públicas.

El Ministerio Público describió los hechos como un entramado criminal compuesto por “asociación de malhechores, estafa contra el Estado, falsificación de documentos, sabotaje tecnológico y lavado de activos”. El aspecto del sabotaje cobró atención pública debido a que, semanas antes del apresamiento de Beras, la capital sufrió apagones masivos en los semáforos, lo que desató caos vehicular y cuestionamientos inmediatos sobre la administración del sistema.

En octubre de 2024 un juez impuso 18 meses de prisión preventiva a varios de los implicados, incluido el exdirector. Luego, en octubre de 2025, se presentó la acusación formal contra Beras, el empresario José Ángel Gómez Canaán conocido como “Jochi Gómez” y otros exfuncionarios. Los cargos imputados podrían resultar en condenas entre 30 y 40 años, dependiendo de la tipificación final de los delitos y de la participación de cada acusado.

El caso continúa en curso. La audiencia preliminar fue reprogramada para el 15 de diciembre de 2025 y, según las autoridades, más de 400 pruebas documentales, periciales y materiales sostienen la acusación.

Estatus actual (noviembre 2025): El expediente permanece en fase de instrucción, sin veredicto final. Todos los imputados siguen bajo proceso formal, y el juicio preliminar está pautado.

Este es, hasta el momento, el caso de corrupción administrativa más avanzado judicialmente dentro del actual gobierno.

Ministerio de la Juventud

La exministra de la Juventud, Luz del Alba Jiménez, fue destituida en 2021 tras una investigación iniciada por la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas. La denuncia señalaba que Jiménez habría intentado beneficiar a dos empresas en un proceso de licitación por alrededor de 3 millones de pesos.

La destitución fue inmediata, pero la investigación nunca produjo información pública concreta sobre avances, resultados o responsables. A pesar de la falta de claridad en el caso, Jiménez fue designada vicecónsul en Barcelona en 2023, una decisión que generó gran rechazo social.

La presión pública forzó la cancelación del nombramiento diplomático, pero aun así, el caso continúa como un ejemplo de falta de resolución institucional.

INPOSDOM

El caso del Instituto Postal Dominicano (Inposdom) estalló en octubre de 2021, cuando se dio a conocer un contrato irregular entre la institución y la empresa internacional Mia Cargo. El acuerdo incluía cláusulas cuestionadas por violar la ley de compras públicas y ofrecer exclusividades injustificadas.

El entonces director, Adán Peguero, fue interrogado varias veces por el Ministerio Público. Tomó una licencia tras el escándalo y posteriormente fue destituido. Aun así, tal como ocurrió con otras instituciones, no se han dado a conocer avances judiciales significativos, ni sanciones formales contra el exfuncionario.

Loteria Nacional

 2021 la Lotería Nacional protagonizó uno de los episodios más insólitos: un sorteo fraudulento que fue captado en video y difundido en redes sociales. Las imágenes mostraban la manipulación evidente del proceso, lo que provocó indignación y la inmediata intervención del Ministerio Público.

Diez personas fueron enviadas a prisión preventiva, incluido el administrador de la entidad. Con el paso del tiempo, el caso avanzó y el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional terminó descargando al exadministrador por falta de pruebas suficientes. Sin embargo, siete personas sí fueron condenadas por participar en el fraude.

El caso concluyó con condenas, aunque el administrador fue declarado no culpable.

Pasaportes

La Dirección General de Pasaportes ha enfrentado varios episodios de crisis ligados a la mala administración. Largas filas, retrasos de meses en la entrega del documento y la falta de sellos obligaron a la institución a cambiar de dirección en repetidas ocasiones.

El primer director del período, Néstor Cruz Pichardo, fue destituido en 2023 tras las denuncias de caos operativo y la evidente incapacidad de satisfacer la demanda ciudadana. Su salida buscaba corregir la crisis institucional, pero, aunque la situación mejoró parcialmente con el paso del tiempo, el daño a la imagen pública ya estaba hecho.

A pesar de los cuestionamientos, no se abrió un proceso judicial contra exfuncionarios de Pasaportes.

El caso quedó registrado como un ejemplo de mala administración que requirió intervención presidencial, pero sin consecuencias penales.

Casos Opret y ETED

El 16 de noviembre del 2025 el presidente Luis Abinader emitió el decreto 652-25 mediante el cual destituyó al director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), Rafael Santos Pérez, casi una semana después de que el país sufriera un apagón general que sacó de servicio las dos líneas del Metro de Santo Domingo.

El país observó escenas caóticas de personas tratando de abandonar los vagones del Metro. Rafael Santos fue destituido a pesar de que explicó que las plantas de emergencia del Metro no entraron de inmediato porque las sorprendió un mantenimiento profundo que se estaba realizando, incluyendo el reemplazo de combustible de 11 años y baterías, lo que hizo que el encendido fuera más lento y por planta, no de forma instantánea como se esperaba.

El apagón general del 11 de noviembre se llevó también al director de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana ETED, Martín Robles.

Finalmente, un elemento común en este periodo ha sido la postura pública del presidente Luis Abinader, quien ha reiterado que no frenará ni interferirá en ninguna investigación que toque a funcionarios del tren gubernamental.

El recuento de los cinco años de gestión de Luis Abinader refleja un punto crucial en la vida institucional de la República Dominicana: la posibilidad de enfrentar la corrupción sin distinciones ni “vacas sagradas”.

A través de los casos de SeNaSa, el INTRANT y otras instituciones, se evidencia que la transparencia y la rendición de cuentas pueden convertirse en pilares de un gobierno, incluso cuando los implicados forman parte del círculo cercano del poder.

Sin embargo, este proceso también muestra los desafíos que persisten: investigaciones que se prolongan, casos sin resolución y la necesidad de fortalecer la justicia para que las sanciones no queden solo en palabras, sino que se traduzcan en resultados concretos.

La verdadera transformación institucional no depende únicamente de la voluntad presidencial, sino de un sistema de controles sólido, de una sociedad vigilante y de la certeza de que la impunidad no tiene lugar en el manejo de los recursos públicos.

En este sentido, los últimos cinco años pueden verse como un avance significativo, aunque aún incompleto, hacia un Estado donde la responsabilidad y la legalidad prevalezcan sobre los intereses particulares.