CD aprueba proyecto de ley que regula alquileres de bienes inmuebles en RD

La Cámara de Diputados aprobó la tarde de este miércoles el proyecto de ley que busca establecer un marco normativo para los alquileres de bienes inmuebles y los procesos de desahucio en la República Dominicana. El proyecto contó con el voto favorable de125 diputados.

La propuesta, presentada por el presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, tiene como finalidad regular las relaciones entre propietarios e inquilinos, abarcando tanto viviendas como locales comerciales y espacios destinados a actividades sin fines de lucro.

Uno de los principales objetivos de esta ley es organizar de manera clara las condiciones, derechos y deberes que nacen del acto de alquilar una propiedad, evitando así los conflictos que surgen por falta de regulación.

Entre los puntos clave del proyecto se establece que un contrato de alquiler podrá darse por terminado si ambas partes así lo acuerdan, si se llega al final del plazo previamente fijado y alguna de las partes lo notifica, o si el inmueble sufre daños irreparables por causas imprevistas que lo vuelvan inhabitable. También se contempla la finalización del contrato por incumplimiento de obligaciones contractuales o si el espacio es utilizado con fines ilícitos.

En cuanto a los depósitos exigidos por los propietarios, la normativa fija un límite de hasta tres meses del valor del alquiler para viviendas. En el caso de locales comerciales, la cantidad será definida mediante acuerdo entre ambas partes. Además, se establece que estos depósitos deberán ser guardados en el Banco Agrícola o el Banco de Reservas, con la aprobación de arrendador e inquilino.

El proyecto también aclara que los inquilinos solo deberán cubrir los costos de reparaciones si los daños fueron causados por el uso directo del inmueble, eximiéndolos de cargas que no les correspondan.

Por otro lado, se advierte que todo desalojo deberá seguir los procedimientos legales establecidos. Cualquier acción realizada al margen de la ley será sancionada conforme a la Ley 396-19, que regula el uso de la fuerza pública en estos casos.