Cándido Simó: “Deben dormir con ropa” por vínculos con Maxi Montilla

Martin Severino | 06 septiembre 2025

Santo Domingo. – El abogado penalista Cándido Simó lanzó una fuerte advertencia este viernes a los exadministradores de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE), debido a su presunta implicación en negocios ilícitos con Maxi Montilla, cuñado del expresidente Danilo Medina.

Durante una entrevista en el programa matutino Su Mundo, Simó no dudó en afirmar que “las figuras claves van a ser los exadministradores de las EDE. Yo pienso que deben dormir con ropa”, en alusión al riesgo de ser arrestados en cualquier momento como parte de las investigaciones por corrupción.

Simó explicó que, si Montilla decide cooperar con las autoridades y ofrecer su testimonio en contra de los exfuncionarios, se abrirían procesos penales en su contra. Sin embargo, el jurista aclaró que existe la posibilidad de llegar a acuerdos con el Ministerio Público para resarcir los daños causados al Estado, dado que se trata de delitos esencialmente económicos.

El abogado defendió la eficacia de los acuerdos negociados al estilo del sistema estadounidense de plea bargaining como una alternativa viable en casos de corrupción. “El crimen de corrupción es esencialmente económico y el sistema de pre-bargaining permite solucionar conflictos y resarcir el daño causado”, puntualizó.

Incluso citó casos internacionales donde este mecanismo ha sido exitoso, como el del expresidente panameño Maduro Vega, procesado en Estados Unidos por narcotráfico.

Simó también se refirió a la política procesal implementada por la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, quien ha priorizado soluciones alternativas a los procesos judiciales tradicionales, incluyendo en áreas como la violencia de género.

“Es una línea que busca menos juicios prolongados y más resultados tangibles, como la recuperación de activos. Los juicios largos, muchas veces, solo traen condenas mínimas y un alto costo para el Estado”, expresó.

Finalmente, destacó el proyecto piloto de “Casas de Justicia” que se está implementando en varias comunidades, inspirado en experiencias anteriores en Santiago y el Distrito Nacional. Estas fiscalías comunitarias están diseñadas para resolver conflictos familiares y vecinales sin necesidad de judicializarlos, reforzando así el acceso rápido y efectivo a la justicia.