Camacho asegura hay “pruebas de sobra” contra exministros en caso Calamar

Santo Domingo.-El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, afirmó este viernes que no existen bases legales para que el tribunal admita los incidentes presentados por las defensas de varios exfuncionarios acusados de integrar una presunta red de corrupción contra el Estado.

Durante la audiencia preliminar que se desarrolla en el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Camacho sostuvo que los abogados defensores han planteado argumentos que, a su juicio, se limitan a opiniones y no responden a los hechos expuestos por el órgano acusador en el expediente.

El funcionario explicó que la acusación del Ministerio Público se sustenta en evidencias y testimonios que, según indicó, demuestran la existencia de un supuesto entramado para desviar recursos públicos. Entre los elementos señalados figura una reunión celebrada en 2019 en el Palacio Nacional, donde presuntamente se habría dispuesto la búsqueda de fondos y la creación de un lugar para recibirlos, conocido como “La Casita”, ubicado en el sector Bella Vista.

Asimismo, indicó que el expediente incluye documentación y declaraciones vinculadas a pagos millonarios relacionados con el presunto esquema. En ese sentido, mencionó que el empresario Bolívar Ventura habría admitido la entrega de más de 1,200 millones de pesos, lo que forma parte de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

Camacho también señaló que dentro del proceso figuran testigos que habrían sido utilizados para poner en marcha un programa mediante el cual se distribuían sobornos relacionados con el sector de los juegos de azar, además de documentos sobre los procedimientos de pago investigados.

El titular de Persecución reiteró que, según el Ministerio Público, las evidencias presentadas justifican que el proceso avance a la etapa de juicio de fondo, donde los hechos puedan ser debatidos ante el tribunal.

De acuerdo con el expediente acusatorio, entre los señalados en el caso figuran los exministros Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, quienes habrían formado parte de una estructura que presuntamente ocasionó un perjuicio económico significativo al Estado dominicano mediante sobornos, pagos irregulares y el uso de documentación falsa.