Barahona en pie de lucha frente a la minería no metálica que amenaza sus ecosistemas

Por Lorian Cuevas

La provincia de Barahona, conocida como “La Perla del Sur”, destaca por su riqueza natural y paisajes de alto contraste. Playas de aguas cristalinas, ríos que desembocan en el mar y extensas zonas montañosas conforman un entorno único que también alberga el larimar, una piedra semipreciosa autóctona de la República Dominicana y cuya única mina se encuentra en esta demarcación.

Sin embargo, esta diversidad ecológica enfrenta crecientes presiones por el desarrollo de la minería no metálica, tanto legal como ilegal, en áreas de alta sensibilidad ambiental como Bahoruco Oriental y el distrito municipal de El Cachón. En estas zonas, comunitarios y ambientalistas denuncian una expansión de actividades extractivas que comprometen el equilibrio de los ecosistemas.

Entre las principales prácticas se encuentra la extracción de carbonato de calcio, roca caliza y agregados de construcción, además de la operación de granceras en cuencas aluviales. Estas actividades, según denuncias, estarían incidiendo en la reducción del caudal de ríos que abastecen a más de 50 comunidades, afectando directamente la producción agrícola, en especial de plátano y café.

A este escenario se suma el impacto en la salud ambiental, atribuido al polvo mineral generado por la carga a cielo abierto en el puerto de Barahona. Residentes de zonas cercanas, incluido el Malecón, reportan afectaciones por la dispersión de partículas que deterioran la calidad del aire.

Pese a estos señalamientos, Barahona continúa siendo la principal zona de minería no metálica del país, con importantes reservas de carbonato de calcio, que representa el 100 % de la producción nacional, sal gema y larimar. Esta condición coloca a la provincia en una encrucijada entre su potencial económico minero y la necesidad de preservar sus recursos naturales.

Barahona alza la voz: minería no metálica amenaza ríos, salud y producción agrícola

Las calles de Barahona se han convertido en escenario de una creciente movilización social, encabezada por comunitarios, productores agrícolas, activistas y organizaciones ambientales, que marcharon el domingo 7 de junio para denunciar los daños a los ríos, la salud de los residentes y la producción agrícola en zonas como Bahoruco Oriental y El Cachón.

En medio de la manifestación, integrantes de la Coalición Enriquillo reiteraron sus denuncias sobre la expansión de prácticas extractivas, muchas de ellas ilegales. Rafael Matos, miembro del colectivo, advirtió que estas actividades están afectando de forma progresiva las montañas y los ecosistemas. “Estamos viendo una degradación constante de nuestros recursos naturales. La minería no metálica está dejando huellas visibles en el entorno”, afirmó.

A estas voces se suma el activista y empresario Elvin Matos, quien hizo un llamado directo a las autoridades. “Aquí tiene que haber un régimen de consecuencias. No se puede permitir que operaciones ilegales sigan afectando nuestras fuentes de agua y nuestras tierras”, sostuvo, al insistir en la necesidad de fortalecer la supervisión estatal.

Las advertencias también escalan en tono. Desde la Coalición Enriquillo aseguran que la presión en las calles se mantendrá. “Si la minería no cesa, las manifestaciones no paran”, expresó otro de los activistas, dejando claro que las comunidades no están dispuestas a ceder ante lo que consideran una amenaza ambiental.

Durante la jornada, el reclamo también adquirió un carácter más amplio. “Así como se pusieron del lado de San Juan, pónganse del lado de nosotros”, exigieron manifestantes, al tiempo que organizaciones como la Tertulia Feminista Sur se sumaron a la marcha, vinculando la defensa del medio ambiente con otras problemáticas sociales y reiterando su rechazo a un modelo extractivo que, aseguran, compromete el futuro de Barahona.

El papel de las autoridades ante la explotación minera en Barahona

Las autoridades dominicanas, a través del Ministerio de Energía y Minas y la Dirección General de Minería, han señalado que la actividad de minería no metálica forma parte de los sectores productivos regulados y de importancia para el desarrollo económico del país y la región Sur. En ese contexto, destacan su rol en el abastecimiento de materiales de construcción y en la dinámica industrial.

Sin embargo, este planteamiento se ve matizado por las denuncias constantes de comunidades y organizaciones ambientales, que exigen mayores controles frente a los impactos ambientales de la actividad minera en Barahona. En respuesta, las autoridades han insistido en la necesidad de equilibrar la producción con la sostenibilidad ambiental, en medio de un escenario de creciente presión social.

Uno de los puntos más sensibles señalados por los comunitarios es el transporte de materiales como yeso y carbonato de calcio hacia el puerto de Barahona, lo que genera emisiones de polvo que afectan zonas urbanas, incluido el Malecón. Ante estas quejas, se han aplicado medidas de regulación logística a las empresas operadoras con el objetivo de reducir el impacto en las áreas pobladas.

De manera oficial, el Estado sostiene que no se otorgan concesiones de forma discrecional y que toda actividad minera debe cumplir con la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como con los permisos establecidos por las entidades reguladoras, que supervisan el cumplimiento de las normativas vigentes.

Belfond Enterprise bajo cuestionamiento por explotación minera en Barahona

Organizaciones comunitarias de Barahona han dirigido sus denuncias de forma directa contra la empresa Belfond Enterprise, a la que atribuyen la ejecución de trabajos de extracción no metálica en zonas ambientalmente sensibles. La compañía, cuya casa matriz e inversionistas principales provienen de Canadá, opera en el país a través de una filial registrada como Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.), lo que le permite gestionar concesiones ante el Estado dominicano.

Residentes sostienen que las intervenciones vinculadas a Belfond Enterprise han provocado alteraciones visibles en el entorno, incluyendo remoción de suelos y cambios en áreas cercanas a fuentes hídricas. A esto se suma la preocupación por la posible emisión de partículas y el deterioro progresivo del paisaje, factores que —advierten— podrían tener consecuencias a mediano y largo plazo.

Las críticas también apuntan a la falta de transparencia en torno a los permisos ambientales que amparan las operaciones de la empresa. Comunitarios cuestionan si Belfond Enterprise cumple con los requisitos establecidos por la normativa vigente y reclaman mayor presencia de las autoridades para verificar el alcance real de los trabajos.

Frente a este panorama, las organizaciones exigen una intervención inmediata de los organismos reguladores y una revisión técnica independiente de las actividades de Belfond Enterprise. Insisten en que no se oponen al desarrollo, pero rechazan que este se realice sin controles rigurosos ni garantías para la protección de los recursos naturales y la seguridad de las comunidades.

Ambientalista denuncia que extracción minera en Barahona se mantiene por influencia de sectores “poderosos”

El ambientalista Enrique de León aseguró que la extracción de minerales no metálicos a cielo abierto en Barahona se mantiene debido a la influencia de sectores económicos con gran poder, a pesar de las denuncias por sus impactos ambientales y sociales en la provincia.

En una entrevista para El Avance, explicó que actividades como la extracción de yeso, carbonato de calcio y otros agregados no solo afectan la salud de las comunidades, sino que también provocan un deterioro progresivo de los ecosistemas, incluyendo la pérdida de cobertura vegetal, erosión de suelos y alteración de áreas montañosas y cuencas naturales.

“Esto es un abuso desde su origen, porque afecta directamente la salud de la población. Ese material se transporta a cielo abierto y el polvo es inhalado por la gente, impactando especialmente a niños y adultos mayores”, expresó.

De León sostuvo además que estas operaciones no deberían continuar bajo ese modelo. “Esta explotación no puede seguir realizándose a cielo abierto”, afirmó, al tiempo de señalar que desde el inicio de estas actividades se advirtió sobre sus riesgos ambientales y sanitarios.

En ese sentido, el ambientalista advirtió que la práctica minera en estas condiciones representa un daño directo al medio ambiente y al ecosistema de Barahona, al alterar los recursos naturales, degradar los suelos y afectar la biodiversidad de las zonas intervenidas.

Asimismo, indicó que con el paso del tiempo se han incrementado los casos de afecciones respiratorias en la provincia, vinculados —según dijo— a la exposición constante al polvo mineral. “Desde que se instaló esta actividad hemos venido advirtiendo sus consecuencias, y hoy se observan más problemas de salud asociados a la contaminación por polvo mineral en Barahona”, concluyó.

El futuro de Barahona ante la presión de la minería no metálica

El futuro de Barahona es incierto, a la espera de que las autoridades definan medidas concretas frente a la problemática de la minería no metálica en la provincia. Mientras tanto, los impactos se concentran en áreas montañosas de alta biodiversidad, cuencas hidrográficas y sectores urbanos vinculados al transporte de materiales.

Pese a la complejidad del escenario, los comunitarios insisten en que el futuro de la provincia dependerá de un mayor control estatal, la aplicación efectiva de las normativas ambientales y la protección de los recursos naturales. En ese contexto, reiteran que la falta de acción gubernamental podría mantener a Barahona en un ciclo continuo de protestas y tensiones sociales, en medio de la disputa entre desarrollo económico y preservación ambiental.