ADP propone reglamento nacional para regular videovigilancia en escuelas

Santo Domingo. – La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) propuso este sábado la elaboración de un reglamento nacional sobre videovigilancia escolar, con la participación del Ministerio de Educación (Minerd), padres, sociedad civil, Unicef, y otros sectores relevantes, para garantizar que la implementación de sistemas de seguridad en los planteles educativos no vulnere derechos fundamentales.

En un comunicado de prensa, el sindicato magisterial enfatizó que no se opone a la adopción de medidas legítimas de seguridad en las escuelas, pero sí rechaza que estas se impongan de manera unilateral y sin una regulación clara, especialmente si podrían atentar contra la intimidad del estudiantado y del personal docente.

“La seguridad en los centros educativos es una responsabilidad compartida. Pero la instalación de cámaras no puede ser impuesta sin regulación legal ni respeto a los derechos fundamentales”, expresó la ADP.

El gremio propuso además que toda medida de videovigilancia esté basada en principios de transparencia, consentimiento informado y proporcionalidad. Destacó que cualquier instalación de cámaras debe ser informada y autorizada por las familias, docentes y personal administrativo, en cumplimiento con la Ley 172-13 sobre Protección de Datos de Carácter Personal.

La ADP también planteó que estas medidas de seguridad deben justificarse con un diagnóstico previo de riesgos, y no instalarse de forma indiscriminada o generalizada sin un estudio de impacto legal, psicológico y social.

La organización citó jurisprudencias relevantes, como la sentencia TC/0096/19 del Tribunal Constitucional, que reconoce el uso de tecnologías para la prevención de la inseguridad, pero dentro de límites razonables que salvaguarden la intimidad.

Asimismo, recordó las posiciones del Defensor del Pueblo y de la Procuraduría de Protección de la Niñez, que han insistido en que cualquier política de videovigilancia debe tener como eje central la protección del menor, y no ser utilizada como una herramienta de control o castigo encubierto.

En cuanto al manejo de las grabaciones, la ADP advirtió que las imágenes deben mantenerse protegidas, con acceso exclusivo de autoridades competentes, como la dirección del centro, instancias judiciales o el Ministerio de Educación, siempre bajo orden administrativa o judicial.

“Las imágenes no pueden ser compartidas ni publicadas, so pena de incurrir en responsabilidad penal o administrativa”, advirtió la organización.

Finalmente, la ADP reiteró su compromiso con un ambiente escolar seguro pero también respetuoso, en el que se garantice la dignidad y los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa.