La Guerra en Irán y el golpe petrolero global: ¿Cómo el Gobierno está enfrentando la crisis?

Santo Domingo, RD.-El 28 de febrero de 2026, el conflicto armado entre Estados Unidos, Israel e Irán escaló de forma dramática. Ataques a instalaciones energéticas y amenazas directas al Estrecho de Ormuz, que es la arteria por la que transita aproximadamente el 20% del petróleo y gas licuado que consume el planeta, provocaron la mayor disrupción en la oferta de crudo desde la crisis de los años setenta.

En cuestión de semanas, el barril de Brent, referencia global, saltó de alrededor de 72 dólares a más de 112 dólares, un aumento del 55% en el primer mes. El West Texas Intermediate (WTI) registró alzas similares, superando los 100 dólares en varios picos.

Aunque un alto el fuego parcial anunciado en abril redujo temporalmente la presión —llevando el Brent a 95,20 dólares y el WTI a 96,57 dólares a mediados de abril—, la volatilidad persiste y los analistas advierten que cualquier prolongación o reapertura incompleta del estrecho podría empujar los precios nuevamente por encima de los 120 dólares.

Este no es un simple ajuste de mercado. Es lo que se llama un “shock de oferta” clásico; es decir, menos petróleo disponible en un mundo que aún depende en más del 80% de los hidrocarburos fósiles para transporte, generación eléctrica e industria.

La Agencia Internacional de Energía (AIE) estima que 21 millones de barriles diarios cruzan Ormuz en condiciones normales; con el tráfico de tanqueros prácticamente detenido por ataques y amenazas iraníes, la reducción efectiva superó los 4-5 millones de barriles diarios en las primeras semanas.

El resultado inmediato fue el encarecimiento de los combustibles refinados (gasolina, diésel, fuel oil) y, por efecto dominó, de todo lo que se mueve o se produce con ellos, como lo son los alimentos, fertilizantes, plásticos, transporte aéreo y marítimo. El Fondo Monetario Internacional (FMI) resumió la situación con crudeza: “Todos los caminos conducen a precios más altos y a un crecimiento más lento”.

“Todos los caminos conducen a precios más altos y a un crecimiento más lento” FMI ante crisis de petróleo global.

A nivel global, la inflación ya muestra los dientes. En Estados Unidos, el IPC de marzo de 2026 subió al 3,3% interanual, impulsado casi exclusivamente por el salto del 20% en los precios de la gasolina.

En Europa, las proyecciones de inflación se revisaron al alza entre 3% y 3,5% si el conflicto se prolonga. Países importadores netos como India enfrentan presiones adicionales en su rupia y en los costos de alimentos.

El trigo y otros granos subieron por el encarecimiento del transporte y los fertilizantes derivados del petróleo. Bancos centrales, que apenas comenzaban a respirar tras la inflación post-pandemia, vuelven a enfrentar el dilema de subir tasas o tolerar presiones de costos. Goldman Sachs advirtió que, si Ormuz permanece parcialmente cerrado otro mes, el Brent podría promediar más de 100 dólares durante 2026.

La cruda realidad de la República Dominicana

La República Dominicana, como economía pequeña y abierta que importa el 100% de sus hidrocarburos, recibe este shock con especial intensidad. En 2025, el país gastó 4.685,63 millones de dólares en importaciones de hidrocarburos, según la Dirección General de Aduanas (DGA), una cifra que representa uno de los renglones más pesados de la balanza comercial, solo comparable con alimentos y bienes de capital.

Solo entre enero y febrero de 2026, las compras alcanzaron 698,84 millones de dólares FOB. La mayor parte proviene de Estados Unidos (alrededor del 80-84%), seguido de Colombia y otros. Esta dependencia total convierte al país en un ‘price-taker’: no produce crudo ni tiene capacidad de influencia en los mercados internacionales. Cuando el barril sube, la factura energética se encarece automáticamente.

Los efectos locales son visibles y dolorosos. Los precios de los combustibles, que se ajustan semanalmente por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), han registrado alzas acumuladas de entre 20 y 30 pesos por galón en apenas un mes. Para la semana del 11 al 17 de abril de 2026, la gasolina premium se vende a 314,10 pesos por galón (subida de 9 pesos esa semana), la regular a 294,50 pesos (subida de 7 pesos), el gasoil óptimo a 266,10 pesos y el regular a 246,80 pesos.

El gas licuado de petróleo (GLP) se ha mantenido congelado en 137,20 pesos por galón gracias a intervenciones directas. Otros derivados industriales como avtur y kerosene también subieron entre 11 y 17 pesos. Estos incrementos se trasladan de inmediato a la tarifa eléctrica —pues muchas plantas térmicas usan fuel oil y gas natural—, al transporte de pasajeros y carga, y a la cadena de distribución de alimentos y medicinas. La inflación doméstica, aunque controlada por el Banco Central, ya muestra presiones en la canasta básica.

El impacto no se detiene en los surtidores. El transporte público y de mercancías representa un costo estructural para la economía dominicana. Un aumento de 10 pesos por galón en el diésel puede elevar entre 3% y 5% los fletes de camiones que distribuyen productos desde los puertos hasta los mercados de abasto.

Los agricultores enfrentan costos más altos en fertilizantes y maquinaria. Las aerolíneas y navieras trasladan el alza del avtur y el búnker a boletos y fletes marítimos. En resumen, un shock externo de esta magnitud amenaza con erosionar el poder adquisitivo de las familias, especialmente las de menores ingresos, y con frenar el crecimiento proyectado para 2026.

Cuando el MICM publica su boletín de combustibles, surge la misma pregunta: ‘¿Y el Gobierno qué va a hacer?’. Es una interrogante legítima, pero nace de una idea equivocada, la de creer que en Santo Domingo existe una palanca capaz de controlar el precio del petróleo.

Esa palanca no está en el país, sino en Riad, Moscú y ahora también en Teherán. El ministro Yayo Sanz Lovatón no decidió subir el precio de la gasolina. Lo que le correspondió fue asumir la responsabilidad de explicarlo con claridad ante la ciudadanía.

La República Dominicana no produce crudo. Importa derivados y recibe los precios que dicta el mercado internacional. El alza de los combustibles no es una decisión local, sino el resultado inevitable de un conflicto geopolítico que ningún gobierno del continente ha podido evitar. Costa Rica, Colombia y Perú enfrentan la misma presión. Lo que sí hace el Estado dominicano es interponerse entre el golpe externo y el bolsillo del ciudadano, absorbiendo parte del impacto con recursos fiscales limitados.

De igual forma, frente a esta realidad, las autoridades dominicanas no han permanecido pasivas. El presidente Luis Abinader ha sido enfático en sus mensajes a la nación: este es un problema geopolítico externo, ajeno a la gestión local, pero el Gobierno tiene la responsabilidad de gestionarlo con inteligencia para minimizar el daño.

Desde finales de febrero, el Ejecutivo ha activado un mecanismo de subsidios extraordinarios que ya supera los 6.486 millones de pesos en solo un mes. Semanalmente, el Estado ha destinado entre 1.682 y 1.912 millones de pesos para congelar o moderar los precios de gasolinas, gasoil y GLP.

En algunos casos, el subsidio por galón supera los 45 pesos en premium y los 90 pesos en gasoil óptimo. El GLP —crucial para las cocinas de millones de hogares— se mantiene sin variación, protegiendo directamente la canasta familiar.

Además de los subsidios directos, el Gobierno reasignó cerca de 10.000 millones de pesos del presupuesto sin aumentar el gasto total, priorizando programas sociales y protección a sectores vulnerables. Se anunció un subsidio adicional de 1.000 millones de pesos a fertilizantes para evitar que el alza en insumos agrícolas se traslade a los precios de los alimentos básicos.

El ministro de Hacienda, Magín Díaz, y el titular del MICM han explicado que estos ajustes focalizados —pequeños incrementos controlados en algunos combustibles— buscan equilibrar la sostenibilidad fiscal con la protección social. En 2025 ya se destinaron 11.500 millones a subsidios combustibles y más de 105.000 millones al sector eléctrico; en 2026 la cifra de combustibles ya supera los 4.000 millones solo en los primeros meses.

Las reservas estratégicas de Refidomsa garantizan suministro por poco más de un mes, lo que da un colchón temporal. Paralelamente, el Gobierno acelera la diversificación energética: proyectos de renovables (solar y eólico) que ya representan más del 20% de la matriz se priorizan para reducir la dependencia futura del petróleo importado. El Banco Central mantiene una política monetaria prudente, vigilando la inflación importada sin sacrificar la estabilidad macroeconómica.

Sin embargo, los subsidios, aunque necesarios, no son eternos. Representan un costo fiscal creciente que, de prolongarse, podría presionar las finanzas públicas y desplazar recursos de inversión en infraestructura o salud. Economistas locales coinciden en que la verdadera solución estructural pasa por acelerar la transición energética, mejorar la eficiencia en el consumo y fortalecer alianzas con proveedores estables. Mientras tanto, la transparencia comunicativa del Gobierno —explicando semanalmente los ajustes y el origen externo del problema— ha sido clave para evitar especulación y pánico.

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes está gestionando una crisis que llegó desde el exterior, con herramientas limitadas y bajo una fuerte presión social que muchas veces exige soluciones imposibles.

Dar malas noticias nunca es popular, pero hacerlo con honestidad y explicando claramente las causas externas es, al menos, lo correcto y responsable. El ministro Yayo Sanz Lovatón no subió los precios de los combustibles; le tocó la difícil tarea de explicarlos y tomar las decisiones necesarias para mitigar su efecto.

La opinión de un experto

Ante la realidad que se plantea El Avance Media consultó al profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Francisco Tavárez, quien señaló que efectivamente el país enfrenta un panorama difícil ya que es un importador neto de petróleo sin ninguna incidencia en los precios internacionales.

Destacó que actualmente el Ministerio de Industria y Comercio está gastando entre 1,500 y 1,800 millones de pesos a la semana para aguantar el impacto, lo que representa una proyección de unos 6 mil millones de pesos al mes “y si la situación se prolonga por unos 6 meses estaríamos hablando de unos 30 o 40 mil millones de pesos”.

Advirtió que los efectos de la guerra es muy posible que continúen afectando por los próximos dos años, aunque el conflicto acabe ahora, debido a las afectaciones que han sufrido las infraestructuras petroleras.

Consideró que los acercamientos del gobierno con los sectores productivos y la oposición política generan consenso en las medidas que se vayan a tomar y en lo adelante lo importante es que el gobierno tenga la disposición de implementar las disposiciones que se adopten.

“La clave es que se puedan escuchar y también ejecutar esas propuestas que se están definiendo”.

El economista abogó por implementar una estrategia de comunicación hacia la sociedad a fin de establecer la importancia de ahorrar combustible, precisando que se está hablando de un shock en la oferta que puede implicar la racionalización del uso de los carburantes.

Manifestó que en el actual momento el gobierno debe construir credibilidad y confianza lo que implica ser transparente, priorizar los gastos y eliminar gastos superfluos con el objetivo de enviar el mensaje de que no solo la población está siendo sacrificada, sino que el gobierno también está dando el ejemplo.

Concluyó señalando que esta realidad debe servir al país para tomar medidas a fin de incrementar su capacidad de reservas y refinamiento de crudo y acelerar la transición energética hacia fuentes no derivadas del crudo, recordando que el país no produce una gota de petróleo y esta es una razón más que suficiente para migrar agresivamente hacia energías alternativas.

La ciudadanía muestra comprensión

Ante los incrementos registrados en el precio internacional del petróleo, el medio Avance Media realizó un sondeo en las calles para conocer la opinión de los ciudadanos sobre posibles aumentos en los precios de los combustibles en el mercado local.

El resultado fue que una parte significativa de los consultados consideró que los ajustes en los precios de los hidrocarburos resultan comprensibles en los actuales momentos

Las respuestas de los ciudadanos evidencian que, pese a la complejidad del tema, en gran medida la población comprende que el alza de los combustibles a nivel local responde a factores del mercado internacional, ante lo cual las autoridades dominicanas tienen muy pocas alternativas.