Llaman a la prudencia judicial por intento de reabrir ante la jueza Luisa Canaán un caso ya rechazado por el TSA

Santo Domingo.– El intento de reintroducir ante la jueza Luisa Canaán una solicitud previamente rechazada por el Tribunal Superior Administrativo (TSA) ha generado cuestionamientos en torno al respeto a las competencias jurisdiccionales dentro del sistema judicial dominicano.

El caso tiene como antecedente la decisión de la Presidencia del TSA, que negó la suspensión del proceso disciplinario seguido en el Colegio de Abogados de la República Dominicana, una resolución que establece un precedente clave que, según especialistas, debería delimitar las actuaciones posteriores en el mismo proceso.

No obstante, los accionantes han recurrido a una nueva vía judicial con el objetivo de obtener una decisión distinta, lo que ha sido interpretado como un intento de lograr por otra instancia lo que ya fue rechazado.

Ante esta maniobra, algunos letrados advierten que este tipo de acciones tiende a debilitar la seguridad jurídica, al abrir la posibilidad de que decisiones judiciales sean atacadas en distintas instancias buscando llegar ante un juez que pueda variar una disposición ya adoptada.

Subrayan que las resoluciones jurisdiccionales deben ser respetadas como límites dentro del orden procesal, y no como obstáculos susceptibles de ser eludidos mediante nuevas acciones.

En tal sentido recuerdan que, de acuerdo con el marco legal vigente, la facultad para conocer la suspensión de una sentencia disciplinaria corresponde exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana, en el contexto de un eventual recurso de revisión.

Agregan que cualquier intervención fuera de ese ámbito, señalan expertos, podría implicar una extralimitación de funciones y alterar el equilibrio institucional del sistema judicial.

En este orden, sectores de la comunidad jurídica exhortaron a la jueza Luisa Canaán a actuar con prudencia en el conocimiento del caso, advirtiendo que su decisión podría incidir en el respeto a las competencias jurisdiccionales y en la integridad del sistema judicial.

Indicaron que acoger una solicitud previamente rechazada por el Tribunal Superior Administrativo (TSA) podría sentar un precedente que legitime el uso reiterado de instancias judiciales para revertir decisiones ya adoptadas.

Asimismo, subrayaron que abstenerse de fallar a favor de dicha petición constituiría un acto de respeto al debido proceso, la jerarquía institucional y la separación de poderes, principios que rigen el sistema de justicia.