Carlos Peña evade a la justicia y se escuda en redes sociales: Ministerio Público le otorga un último plazo bajo advertencia de arresto

Montecristi, República Dominicana. –En un acto de franco desacato a la autoridad y a la normativa procesal penal, el señor Carlos Manuel Peña Batista no se presentó a la citación oficial que le formulara el Ministerio Público de Montecristi, rehuyendo su responsabilidad de responder a la investigación penal abierta en su contra por delitos de extorsión, chantaje, difamación e injuria a través de medios electrónicos.

Conforme al Código Procesal Penal dominicano, ante esta incomparecencia injustificada, lo que procedía de pleno derecho era que la Fiscalía solicitara de inmediato una orden de arresto ante el Juez de Atención Permanente. Sin embargo, en un acto de prudencia procesal y contando con la anuencia expresa de la empresa denunciante, el Ministerio Público ha decidido otorgar un último plazo, emitiendo una nueva citación improrrogable para el martes 28 de abril.

La actitud del señor Peña devela una ironía inaceptable y una doble moral frente al sistema de derecho: por un lado, intenta utilizar las instituciones judiciales (como la PEPCA) como instrumentos para sus propios intereses y ambiciones mediáticas; pero, por otro lado, cuando es la justicia quien lo requiere para que responda por sus propios actos ilícitos, asume una actitud de rebeldía total y evade dar la cara.
Resulta altamente cuestionable que, en lugar de comparecer ante las autoridades correspondientes, el investigado se mantenga activo en sus redes sociales, agravando y sazonando de manera irresponsable la misma campaña de desinformación por la cual está siendo procesado penalmente.

Sectores empresariales y jurídicos han advertido que este tipo de comportamiento no es un simple exabrupto en redes sociales, sino una campaña orientada a desestabilizar proyectos locales de gran envergadura y empresas con inversiones extranjeras críticas para el país. Tratar de destruir la reputación de los sectores productivos bajo esquemas de difamación y evasión judicial es un atentado directo contra la seguridad jurídica y el clima de inversión en la República Dominicana.

El sistema de justicia le ha otorgado una última oportunidad para el próximo martes 28 de abril. De mantener su postura de evasión y rebeldía, las autoridades quedarán en la obligación ineludible de ejecutar los mecanismos de fuerza pública (conducencia y arresto) que la ley dispone para quienes se creen por encima del Estado de Derecho.