El Barril, el Corralito y la Farsa de Llamarle “Ayuda” a lo Que Es Derecho

Rolando Espinal.
Creador de contenido digital | Director y fundador del movimiento cívico Los de Abajo.

Hay palabras que se usan tanto que terminan vaciándose de significado. “Ayuda” es una de ellas. En la República Dominicana, el gobierno —cualquiera que esté en turno— ha cultivado la costumbre de presentar como un acto de generosidad lo que en realidad es una obligación. Porque cuando el Estado toma el dinero de todos, lo concentra en sus arcas y luego lo devuelve en porciones medidas a quienes más lo necesitan, no está haciendo caridad. Está ejecutando una política pública. Y cuando esa ejecución se hace mal, no es un acto de mala voluntad: es una falla de gestión que condena a millones a una dependencia perpetua mientras otros —los que saben moverse en los pasillos del poder— se benefician de exenciones que ningún ciudadano de a pie puede ni siquiera soñar.

Voy a decirlo sin rodeos, porque en Los de Abajo no venimos a adornar el discurso: llamar “ayuda” a un subsidio es un acto de paternalismo que ofende la dignidad de la gente. El ciudadano no pide limosna. El ciudadano paga impuestos, directos o indirectos, desde que compra un plátano hasta que llena el tanque del vehículo que lo lleva a trabajar. Ese dinero que el Estado redistribuye no es del gobierno; es del pueblo. Y cuando el pueblo recibe, no está recibiendo una dádiva: está recibiendo lo que le pertenece.

El problema no es que el gobierno entregue bonos o subsidios. El problema es que lo hace con una lógica que combina lo peor de dos mundos: la ineficiencia del gasto descontrolado y la mezquindad de un sistema que pone condiciones humillantes para recibir lo que por derecho corresponde. Y todo esto ocurre mientras, en el otro lado de la mesa, sectores enteros de la economía gozan de exoneraciones fiscales que no tienen justificación ética ni económica.

Hoy, 31 de marzo de 2026, con un barril de petróleo que ronda los 100 dólares —muy lejos de los 65 con que se elaboró el presupuesto— y con el estrecho de Ormuz encareciendo cada gota de combustible que entra al país , el gobierno de Luis Abinader enfrenta una encrucijada que define no solo su gestión, sino el futuro de la cohesión social dominicana. El presidente ha anunciado un paquete de medidas para contener el impacto, con cerca de 10 mil millones de pesos reasignados dentro del presupuesto para reforzar los programas sociales . Ha dicho que mantendrá congelado el precio del gas licuado de petróleo (GLP) para proteger a los hogares de menores ingresos . Y ha advertido, con honestidad que le reconozco, que habrá presiones en las tarifas eléctricas, en los costos del transporte y en los precios de algunos alimentos .

Pero la honestidad en el diagnóstico no excusa la falta de audacia en las soluciones. Porque lo que el país necesita no es que el gobierno nos diga que la situación es difícil. Ya lo sabemos. Lo que necesita es que el gobierno haga lo difícil: focalizar, condicionar, temporalizar y, sobre todo, dejar de llamar ayuda a lo que es un derecho que se ejerce con la cabeza en alto.

Subsidios que Ahogan: Eléctrico, Combustibles y la Tragedia de lo Indiscriminado

Empecemos por el elefante en la sala: el subsidio eléctrico. No es un tema nuevo para quien sigue las finanzas públicas, pero la magnitud actual merece que lo repitamos hasta que duela. Entre enero y junio de 2025, el gasto corriente consumió el 48.9 por ciento del presupuesto, equivalente al 8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). De esa cifra, más de 208 mil millones de pesos fueron transferencias corrientes, con el subsidio eléctrico como principal destinatario .

¿Quiere números más recientes? Entre julio y agosto de 2025 —solo dos meses— el Gobierno transfirió cerca de 30 mil millones de pesos a las distribuidoras eléctricas: Edesur, Edeeste y Edenorte. En agosto, el monto casi se duplicó respecto a julio, alcanzando los 20 mil 145 millones de pesos . En total, el subsidio eléctrico pasó de 84 mil 996 millones de pesos a 104 mil 982 millones, un incremento del 23.5 por ciento . Y lo más alarmante: a agosto de 2025 ya se habían ejecutado 73 mil 426 millones de pesos, un ritmo superior al previsto .

Esto no es un subsidio. Esto es un agujero negro fiscal.

Lo peor no es el monto, aunque ese ya es insostenible. Lo peor es lo que esos números esconden: ineficiencia estructural, pérdidas técnicas que nadie resuelve, cobranza deficiente y una dependencia de las distribuidoras respecto al fisco que las ha convertido en apéndices del Estado, no en empresas con vocación de servicio. La energía gestionada aumentó un 1.2 por ciento, pero la facturación cayó un 2.2 por ciento . La cobranza subió al 96.3 por ciento, pero la recuperación de ingresos y energía descendió al 59.5 por ciento . Traducción: el dinero entra, pero no alcanza, porque el sistema está diseñado para perder.

Y luego está el subsidio a los combustibles. En 2025, el Gobierno destinó más de 11 mil 500 millones de pesos a mantener los precios por debajo del costo internacional . En lo que va de 2026, ya van 4 mil millones . El presidente anunció ajustes graduales —entre 5.2 y 6.7 por ciento en algunos combustibles— para reducir el costo fiscal en al menos 12 mil millones de pesos este año . Es un paso necesario, pero no suficiente.

Porque la pregunta que nadie se atreve a hacer en voz alta es esta: ¿por qué el Estado dominicano sigue subsidiando el consumo energético de quienes pueden pagarlo? ¿Por qué el mismo dinero que se inyecta en un sistema eléctrico ineficiente no se redirige a fortalecer la red, reducir pérdidas y, eventualmente, bajar la tarifa para todos de manera estructural?

La respuesta, aunque incómoda, es política: los subsidios indiscriminados son fáciles de anunciar, difíciles de eliminar y muy útiles para construir clientelas. Pero un gobierno que se precia de haber llegado al poder con la bandera de la transparencia y la eficiencia no puede seguir sosteniendo un modelo que beneficia a quienes menos lo necesitan mientras los más pobres reciben migajas.

Supérate: Un Acierto a Medias que Puede Convertirse en un Error Completo

En 2020, cuando este gobierno asumió, heredó un sistema de protección social fragmentado, con programas superpuestos y una nómina de beneficiarios que muchos sospechaban inflada. Supérate fue la respuesta: una unificación de los subsidios bajo un solo paraguas, con la promesa de mayor eficiencia, mejor focalización y, sobre todo, un componente de salida. Porque un programa social que no prepara a sus beneficiarios para dejar de depender de él no es un programa de desarrollo; es una máquina de perpetuar pobreza.

Reconozco los avances. Supérate ha implementado criterios técnicos para la inclusión y exclusión de beneficiarios, en coordinación con el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben). Los hogares deben estar censados y categorizados en pobreza extrema (ICV-1) o moderada (ICV-2) para ingresar . Hay corresponsabilidades: asistencia escolar para los niños, chequeos de salud para las familias . Y hay un mecanismo de salida: cuando un hogar supera sus condiciones de pobreza, verificado mediante cruces con la Tesorería de la Seguridad Social o nóminas públicas, es excluido del sistema .

Según datos oficiales, más de 46 mil hogares han dejado de recibir subsidios en los últimos seis años tras mejorar sus ingresos . Esto representa apenas el 3.2 por ciento del total de hogares incluidos en el sistema . La pobreza monetaria pasó de 25.8 por ciento en 2019 a 23 por ciento en 2023, y se redujo de 19 a 17.3 por ciento entre 2024 y 2025 . En zonas rurales, la reducción ha sido de 31.6 a 24.6 por ciento, siete puntos porcentuales .

¿Son estos logros? Sí. Pero no nos dejemos deslumbrar por los porcentajes. Porque detrás de esos números hay una realidad que el gobierno no quiere ver: el 96.8 por ciento de los hogares que entraron al sistema siguen dentro. La tasa de salida es mínima. Y mientras el programa insiste en llamar “graduación” a lo que es una exclusión técnica, el discurso oficial celebra como un éxito lo que en cualquier sistema bien diseñado sería la norma, no la excepción.

El programa Aliméntate, que entrega transferencias monetarias para la compra de alimentos, está condicionado a chequeos de salud . El Bonogas y el Bonoluz llegan a familias vulnerables . Hay incentivos para la permanencia escolar —Aprende y Avanza— que han ayudado a reducir la deserción . Hay programas de formación técnico-vocacional a través del Infotep, apoyo al emprendimiento formal e intermediación laboral . Incluso hay un componente de cuidado para mujeres en situación de violencia y para hogares con alta carga de cuidado .

Todo eso está bien. Pero no es suficiente.

Porque el problema de fondo no es la existencia de los subsidios. Es su lógica. Un subsidio diseñado como un ingreso perpetuo, sin una hoja de ruta clara hacia la autonomía económica, no es una solución: es un analgésico. Alivia el dolor pero no cura la enfermedad. Y el gobierno, en su afán por mostrar resultados de corto plazo, ha privilegiado la entrega de bonos sobre la construcción de capacidades.

La Propuesta: Menos Gente, Más Dinero, Mismo Presupuesto

Lo que voy a plantear no es una ocurrencia. Es una aplicación rigurosa del principio de focalización que los economistas llevan décadas predicando y que ningún gobierno se atreve a implementar por miedo al costo político. La idea es simple: si tenemos un presupuesto limitado para la protección social, usémoslo para proteger realmente a quienes lo necesitan, no para repartir migajas entre muchos mientras los más pobres siguen sin salir del pozo.

Hoy, los programas sociales del gobierno atienden a 1.4 millones de hogares . Eso suena impresionante. Pero en la práctica, la cobertura es tan amplia que la profundidad se diluye. Hay hogares que reciben 300, 500, 800 pesos mensuales. ¿Qué puede comprar una familia con eso? Nada que la saque de la pobreza. Suficiente para mantenerla dependiente, insuficiente para transformar su vida.

La propuesta concreta, que he discutido con economistas y técnicos sociales, es esta: reducir el número de beneficiarios a aquellos estrictamente en el mapa de pobreza extrema, aumentar el monto por persona a 3,000 pesos mensuales, y financiar ese aumento con la misma cantidad de recursos que ya se destinan al sector —es decir, con un presupuesto que no se incremente, solo se reasigne.

¿Cuánto costaría? Si en lugar de atender a 1.4 millones de hogares con transferencias pequeñas, atendemos a los hogares en pobreza extrema (ICV-1) con un monto significativo, el costo fiscal puede mantenerse constante. Lo que cambia es la eficacia. Porque 3,000 pesos mensuales por persona —no por hogar, por persona— en los hogares más pobres pueden marcar la diferencia entre la desnutrición y una alimentación adecuada, entre la deserción escolar y la permanencia en el aula, entre la exclusión financiera y la posibilidad de ahorrar.

Pero para que esto funcione, hay que hacer lo que ningún gobierno ha querido hacer: revisar la nómina con rigor quirúrgico. Depurar los beneficiarios que no corresponden. Cruzar bases de datos con empleos públicos, con registros de propiedad, con ingresos declarados. Y sí, enfrentar el escándalo que inevitablemente levantará quien pierda un beneficio al que se había acostumbrado aunque no lo necesite.

El Problema de Llamarlo “Ayuda”: Ciudadanos con Derechos, No Súbditos con Beneficios

Hay una cuestión de fondo que trasciende los números. Es cultural, casi antropológica. El uso recurrente de la palabra “ayuda” por parte de las autoridades —y, para ser justos, por parte de gobiernos anteriores también— construye una relación de poder perversa entre el Estado y el ciudadano.

Cuando el gobierno te da una “ayuda”, tú estás en posición de agradecer. Cuando el gobierno te da un “derecho”, él está en posición de cumplir. ¿Ven la diferencia? En el primer caso, el poder se concentra en quien da. En el segundo, se distribuye en quien recibe por derecho propio.

Y esto no es semántica. Es una forma de entender la ciudadanía. Un ciudadano que depende de “ayudas” es un ciudadano tutelado, en perpetua minoría de edad. Un ciudadano que accede a derechos —alimentación, vivienda, energía, transporte— es un ciudadano con dignidad, con capacidad de exigir, con herramientas para crecer.

El programa Supérate tiene un nombre que sugiere superación, no dependencia. Pero en la práctica, muchos beneficiarios llevan años recibiendo el mismo subsidio sin que su situación cambie. Y el gobierno, en lugar de preguntarse por qué no salen, celebra que siguen dentro como si eso fuera un logro.

No lo es. Un programa social exitoso es aquel que se vuelve innecesario. Es aquel que, por su diseño, empuja a sus beneficiarios hacia la autonomía y luego los despide con una red que los sostuvo pero no los ató. Eso no está ocurriendo hoy.

Barril y Corralito: La Paradoja de los Incentivos Fiscales

Mientras se debate el monto de los subsidios para los más pobres, en los pasillos del Congreso y en las oficinas del Centro de Exportación e Inversión (CEI-RD) se renuevan las exoneraciones fiscales para zonas francas, para el turismo, para grandes inversiones. Y no me malinterpreten: no estoy en contra de los incentivos a la inversión. Estoy en contra de los incentivos sin contrapartidas claras, sin evaluación de impacto y, sobre todo, sin límite en el tiempo.

Una zona franca que lleva treinta años operando con las mismas exenciones ya no necesita incentivos para instalarse. Necesita demostrar que ha cumplido con los compromisos de generación de empleo, de encadenamientos productivos, de transferencia tecnológica. Si no lo ha hecho, el beneficio fiscal debe revisarse.

Lo mismo aplica al sector turístico, que ha recibido exenciones durante décadas bajo el argumento de que era una industria naciente. Ya no es naciente. Es una de las más maduras y rentables del país. ¿Por qué sigue recibiendo tratamiento preferencial mientras los hoteles cobran en dólares y las ganancias se van mayoritariamente a capitales extranjeros?

Y aquí viene la parte que duele: el costo de esos incentivos fiscales es dinero que deja de ingresar al Estado. Dinero que podría destinarse a aumentar los subsidios para los más pobres, a mejorar la red eléctrica, a construir hospitales, a pagar mejores salarios a los maestros. Es una elección de prioridades. Y el gobierno, con su discurso de eficiencia, ha elegido seguir protegiendo a los mismos de siempre mientras llama “ayuda” a lo que entrega a los de abajo.

Supérate con Condiciones: Hacia un Nuevo Contrato Social

No se trata de eliminar los subsidios. Se trata de condicionarlos con sentido. Y aquí voy a ser concreto: el programa Supérate debe reformularse para que el acceso a los beneficios esté vinculado a un compromiso verificable de búsqueda activa de empleo por parte de quienes pueden trabajar.

Hoy, las corresponsabilidades existen —asistencia escolar, chequeos de salud— pero son de carácter pasivo. Asistir a la escuela no garantiza que el niño aprenda. Hacerse un chequeo no garantiza que la familia mejore sus hábitos. Se necesita un componente activo, orientado a la inserción laboral y al desarrollo de capacidades.

La propuesta es la siguiente:

Primero: Todo beneficiario en edad de trabajar debe estar inscrito en el programa de intermediación laboral del Ministerio de Trabajo. Debe asistir a talleres de formación, a ferias de empleo, a procesos de reclutamiento. No se trata de obligar, sino de acompañar. Pero el acompañamiento debe tener consecuencias si no hay respuesta.

Segundo: Establecer un período máximo de permanencia en el programa de 18 meses para quienes están en condiciones de trabajar. No es un castigo; es un incentivo. Porque la evidencia muestra que los programas sociales que no tienen fecha de salida generan dependencia, no desarrollo.

Tercero: Establecer un período de exclusión de 12 meses después de la salida. Esto es fundamental para evitar la puerta giratoria. Si alguien sale del programa porque consiguió empleo o mejoró sus ingresos, debe permanecer fuera al menos un año para que el sistema no se convierta en un colchón que desincentiva la búsqueda de autonomía.

Cuarto: Para quienes no están en condiciones de trabajar —adultos mayores sin ingresos, personas con discapacidad severa, madres solteras con hijos pequeños sin red de apoyo— el subsidio debe ser permanente, digno y suficiente. No se trata de ponerle plazo a la vulnerabilidad irremediable. Se trata de distinguir entre quienes necesitan un trampolín y quienes necesitan una silla.

Esto no es invención mía. Países como Chile, con su programa Ingreso Ético Familiar, o Colombia, con su sistema de subsidios condicionados, han implementado esquemas similares con resultados medibles. Y en República Dominicana ya hay avances: el acuerdo entre Supérate y el Ministerio de Trabajo para beneficiar a 35 mil jóvenes con formación e inserción laboral, financiado por el Banco Mundial , es un paso en la dirección correcta. Pero es un paso, no una política de Estado. Necesitamos que eso se convierta en la regla, no en el proyecto piloto.

Un Choque Externo, Un Mismo Presupuesto, Pero Bien Focalizado

El gobierno argumenta, con razón, que la crisis actual es un choque externo. Que el conflicto en Medio Oriente y el encarecimiento del petróleo no son responsabilidad suya. Que las reservas internacionales superan los 16 mil millones de dólares , que el crecimiento económico se mantiene estable, que el país ha sido reconocido por sus avances institucionales en el Índice de Riesgo Político de América Latina elaborado por la Universidad Católica de Chile . Todo eso es cierto.

Pero también es cierto que los choques externos se enfrentan con políticas internas inteligentes, no con declaraciones. Y aquí es donde el gobierno de Luis Abinader tiene una oportunidad histórica que no puede desaprovechar.

El presupuesto de 2026 fue elaborado con un precio estimado de 65 dólares por barril. El precio actual ronda los 100 dólares . Eso significa que los ingresos extraordinarios por concepto de impuestos a los combustibles —porque aunque el gobierno subsidie, el petróleo más caro también genera más recaudación— deberían destinarse a amortiguar el impacto en los más vulnerables, no a engrosar partidas discrecionales.

El propio presidente ha dicho que se han identificado cerca de 10 mil millones de pesos dentro del presupuesto vigente para reforzar los programas sociales, sin necesidad de incrementar el gasto público . Eso es correcto. Pero la pregunta es: ¿cómo se van a distribuir esos recursos? ¿Se van a seguir diluyendo entre 1.4 millones de hogares con transferencias simbólicas, o se van a concentrar en los que realmente están en el mapa de pobreza extrema?

Si el gobierno tiene la valentía de hacer lo que ningún gobierno anterior ha hecho —depurar la nómina, aumentar el monto por persona, condicionar la permanencia y establecer plazos de salida— puede lograr algo que ningún discurso político podrá igualar: salir en septiembre de 2028 con la libertad que da el deber cumplido, no con la retórica del “lo intentamos”, sino con el reconocimiento popular de que, en medio de la crisis, este gobierno tuvo el coraje de hacer las reformas que el país necesitaba.

Porque ese es el verdadero legado. No los bonos navideños ni las fotos en inauguraciones. Es la transformación estructural que permite que, después de su mandato, el sistema funcione mejor de lo que lo encontró. Que los pobres tengan un ingreso digno sin tener que mendigar una “ayuda”. Que los jóvenes tengan oportunidades de empleo sin tener que esperar un decreto. Que los sectores productivos crezcan sin depender de exenciones eternas.

El Camino: Terminal Bien para Salir con la Paz del Deber Cumplido

Luis Abinader llegó al poder con una promesa de cambio. En muchos frentes, ha cumplido. La transparencia, el manejo fiscal durante la pandemia, la recuperación económica post-COVID, el fortalecimiento institucional, el reconocimiento internacional —son logros que ningún observador serio puede negar.

Pero la protección social sigue siendo la asignatura pendiente. Y no por falta de recursos, sino por falta de audacia política. El gobierno tiene la información, tiene los sistemas, tiene la capacidad técnica. Lo que le falta es el coraje de tomar decisiones que, en el corto plazo, generarán ruido político —los que pierdan el subsidio no se lo callan, los que vean afectados sus intereses en las exenciones fiscales presionarán— pero que en el mediano plazo construirán un país más justo y sostenible.

Terminar bien no es solo una cuestión de imagen. Es una cuestión de paz interior. De poder mirar a los ojos a un ciudadano que salió de la pobreza no porque le dieron una limosna, sino porque el Estado le tendió una mano que no lo ató. De poder entregar la banda presidencial en 2028 con la certeza de que lo que se dejó no es una bomba de tiempo, sino un sistema más eficiente y humano.

Esa es la paz del deber cumplido. No la que se fabrica en los discursos de rendición de cuentas. La que se construye en los barrios, en los campos, en las oficinas de empleo, en los centros de salud. La que la gente reconoce porque siente que su vida mejoró, no porque le explicaron que mejoró.

Un Llamado sin Jaleo de Oreja

No vengo a darle un jaleo de oreja al gobierno. Vengo a hacer un llamado, que es muy distinto. El jaleo es para quien ya no tiene remedio o para quien no quiere escuchar. El llamado es para quien tiene la capacidad de cambiar el rumbo y la voluntad de hacerlo.

Este gobierno tiene la capacidad. Tiene los técnicos, los datos, los sistemas. Tiene un presupuesto que, con una reasignación inteligente, puede lograr mucho más con lo mismo. Tiene una ventana de oportunidad que se abre cuando el país reconoce que la crisis externa no es culpa suya, pero que su respuesta será juzgada como propia.

Lo que falta es la decisión. La decisión de decirle a los sectores privilegiados que las exenciones eternas se acabaron. La decisión de decirle a los beneficiarios de Supérate que el programa no es una pensión vitalicia, sino un trampolín. La decisión de decirle al sistema eléctrico que no se puede seguir tragando 100 mil millones de pesos al año sin una reforma profunda.

¿Es fácil? No. ¿Es popular? En el corto plazo, tampoco. ¿Es necesario? Absolutamente.

Porque el país no puede seguir atrapado en el mismo debate eterno: subsidios que ahogan las finanzas, programas sociales que no sacan de pobreza, exenciones que benefician a los mismos. Esa rueda hay que romperla. Y el gobierno de Luis Abinader tiene la oportunidad de ser quien la rompa.

Al Final, la Gente Reconoce Quién Hizo el Trabajo

Los políticos subestiman a la gente. Creen que la gente solo reacciona a los titulares, a las fotos, a los anuncios. Pero la gente, sobre todo la que ha vivido en carne propia la pobreza y la exclusión, es más sabia de lo que los políticos creen. Sabe cuándo una ayuda es un derecho y cuándo es una limosna. Sabe cuándo un programa es un trampolín y cuándo es una jaula. Sabe cuándo un gobierno trabaja para transformar y cuándo solo administra.

La propuesta que planteo aquí —reducir la cobertura a quienes están en el mapa de pobreza extrema, aumentar el monto por persona a 3,000 pesos, condicionar la permanencia a la búsqueda activa de empleo, establecer 18 meses de permanencia máxima y 12 meses de exclusión, revisar las exenciones fiscales con lupa, usar el mismo presupuesto pero mejor focalizado— no es una utopía. Es una política pública factible, medible y replicable.

Lo que falta es la voluntad política. Y esa, señor presidente, no se la puede delegar a ningún técnico. Es una decisión suya. Una decisión que puede marcar la diferencia entre ser un gobierno que cumplió con el deber o uno que solo cumplió con el discurso.

Yo, desde Los de Abajo, seguiré vigilando. No para aplaudir ni para condenar, sino para que el debate público mantenga el foco en lo que importa: la dignidad de la gente. Porque mientras en las oficinas del Palacio Nacional se discuten números y porcentajes, en los barrios la gente sigue esperando que la llamen por su nombre, no por el código de un subsidio.

Termine bien, presidente. Que cuando llegue septiembre de 2028 y entregue la banda, no tenga que justificar con discursos lo que no hizo. Que tenga la paz del deber cumplido. Que la gente diga, no por lealtad política sino por convicción: “Este gobierno nos dejó mejor de lo que nos encontró”.

Esa es la única herencia que vale.

“No se puede llamar ayuda a lo que es un derecho, ni caridad a lo que es justicia. La verdadera política social no es la que mantiene a los pobres en la dependencia, sino la que los capacita para dejar de serlo.”