Este artículo no es sobre Petromovil. Es sobre el juicio público

Como abogada y con más de 20 años de experiencia en el sector de hidrocarburos, me resulta alarmante el nivel de odio y rechazo que se está sembrando hacia este sector. Esta narrativa distorsionada no solo cuestiona a una empresa en particular, sino que pone en jaque la percepción de toda la cadena de distribución de hidrocarburos: mayoristas, detallistas y los renglones relacionados que dependen de esta actividad. El éxito empresarial no es sinónimo de privilegio ni de riqueza fácil: los empresarios petroleros enfrentan las mismas cargas, riesgos y responsabilidades que cualquier otro empresario en el país.

Lo que resulta aún más preocupante es la sensación de que algunos esperan no solo un desenlace judicial, sino la caída de otras empresas de la cadena, desde las distribuidoras mayoristas hasta los detallistas y los renglones conexos. Esto no solo es injusto, sino peligroso, porque ignora la función crítica que cumplen estas compañías en la operatividad diaria del país: sostienen cadenas de suministro, generan empleo, movilizan inversión y permiten que la vida económica continúe. Atacar indiscriminadamente este sector no es un acto de justicia; es un daño directo al desarrollo y estabilidad de toda la sociedad dominicana.

El sector petrolero no es un privilegio para unos pocos, es un pilar de la economía nacional. Cualquier narrativa que busque desacreditarlo sin evidencia concreta,  amenaza no solo a empresas individuales, sino a toda la cadena de valor y a la confianza en la inversión y la producción en el país.

En la era de la inmediatez, la reputación puede verse comprometida en cuestión de horas. No por una sentencia, ni por una investigación concluida, sino por una narrativa que toma fuerza antes de que los hechos terminen de establecerse.

El caso de Petromóvil es un reflejo de esta realidad. Más allá de lo que determinen las autoridades competentes y que debe respetarse en todo momento, lo que ya está ocurriendo en el terreno de la opinión pública merece una reflexión más profunda: la rapidez con la que se construyen juicios, la facilidad con la que se amplifican y el poco espacio que se le deja al debido proceso.

No se trata de negar posibles irregularidades, ni de desestimar cuestionamientos legítimos. Se trata de algo más esencial: defender principios. El respeto a la reputación, la presunción de inocencia y la responsabilidad en la construcción de la opinión pública.

Siempre me ha llamado la atención cómo, en determinados contextos, se construyen narrativas colectivas que tienden a desconfiar automáticamente del que ha logrado crecer, del que ha construido, del que ha llegado más lejos. No siempre se trata de hechos comprobados, sino de percepciones acumuladas, de experiencias desiguales y, en muchos casos, de frustraciones sociales no resueltas.

Es una dinámica compleja, donde convergen factores reales como la falta de oportunidades o las brechas estructurales con otros más emocionales, como la identificación colectiva o la necesidad de encontrar responsables. En ese proceso, el juicio suele ser rápido, y pocas veces se detiene a diferenciar entre casos, contextos o trayectorias.

Paradójicamente, mientras muchas empresas y actores económicos han demostrado un rol activo en la generación de empleo, inversión y desarrollo, no siempre encuentran el mismo respaldo en la opinión pública cuando enfrentan cuestionamientos. La relación entre éxito, percepción y legitimidad sigue siendo, en nuestras sociedades, un terreno sensible.

En sectores como el energético, donde convergen intereses económicos, sociales y ambientales, las narrativas suelen ser particularmente delicadas. Y en ese contexto, los matices importan. La experiencia internacional lo demuestra.

El caso de Shell en Nigeria es ilustrativo. Durante años, la compañía fue señalada por derrames y daños ambientales. Con el tiempo, diversas investigaciones evidenciaron que una parte relevante de estos incidentes estaba vinculada a sabotaje y robo de crudo, lo que complejizó significativamente la narrativa inicial.

De igual forma, ExxonMobil ha enfrentado una presión mediática intensa en torno a su rol en el cambio climático. Sin embargo, varios procesos judiciales posteriores no lograron sostener todas las acusaciones con el mismo peso en tribunales.

En África, proyectos de TotalEnergies en Uganda han sido objeto de campañas internacionales por posibles impactos sociales y ambientales. No obstante, evaluaciones técnicas han mostrado escenarios más complejos que los planteados inicialmente en la opinión pública.

Incluso en casos de alto impacto como el de BP tras el incidente de Deepwater Horizon en 2010, la narrativa inicial evolucionó a medida que avanzaron las investigaciones técnicas y legales sobre responsabilidades dentro de la cadena operativa.

Estos ejemplos no buscan equiparar contextos, sino evidenciar un patrón: cuando la narrativa se adelanta a los hechos, el daño reputacional puede ser inmediato y, muchas veces, desproporcionado. Y ese es el punto de fondo.

La crítica es necesaria. La fiscalización también. Pero cuando se sustituye el análisis por la reacción, y la verificación por la viralización, se corre el riesgo de afectar no solo a una empresa, sino a la confianza en todo un sector.

Petromóvil, hoy, está en el centro de esa dinámica. Mañana podría ser cualquier otra.

Creo firmemente en el sector empresarial como motor de desarrollo, generación de empleo y crecimiento económico. Pero también creo, con igual convicción, en el rol del Estado como garante del orden, la regulación y el cumplimiento de las normas. No son visiones opuestas; son complementarias.

Apostar por la empresa privada no implica cerrar los ojos ante posibles fallas, así como respaldar la institucionalidad no significa asumir culpabilidades sin pruebas. El verdadero equilibrio está en permitir que las instituciones funcionen, que los procesos avancen y que las decisiones se tomen sobre la base de hechos, no de percepciones.

Ese es el punto de encuentro que necesitamos fortalecer: un entorno donde se pueda emprender, invertir y crecer, pero también donde se regule con transparencia y se actúe con responsabilidad, sin juicios anticipados, pero también sin impunidad.

Dicen, con razón, que la verdad es como el corcho: siempre termina saliendo a la superficie. Pero entre el momento en que surge una acusación y el tiempo en que los hechos se esclarecen, pueden quedar daños profundos e irreversibles.

Por eso, resulta preocupante la facilidad con la que muchos se suman a narrativas que no solo afectan a una empresa, sino a toda una cadena humana que depende de ella: colaboradores, familias, proveedores. El impacto no es abstracto, es real.

Llama la atención, además, que ese mismo nivel de intensidad no suele estar presente cuando las empresas generan valor, aportan al desarrollo o sostienen empleos. La narrativa positiva rara vez se viraliza con la misma fuerza que el cuestionamiento.

No se trata de blindar a nadie frente a la justicia. Todo lo contrario: los procesos deben llevarse hasta sus últimas consecuencias. Pero una cosa es exigir responsabilidad, y otra muy distinta es contribuir, sin evidencia concluyente, a una condena pública anticipada.

Porque cuando finalmente se aclaran los hechos cuando el “corcho” sale a flote quedan preguntas que cuestan. (basicas)
¿quién repara la reputación dañada?
¿quién compensa la confianza perdida?
¿quién reconstruye lo que fue afectado por la prisa colectiva?

Ese es el verdadero costo del juicio sin proceso.