Juez frena la construcción del salón de baile de Trump en la Casa Blanca

El juez federal Richard Leon bloqueó esta semana la construcción del salón de baile que Donald Trump planea añadir a la Casa Blanca, prohibiendo cualquier obra adicional hasta que el proyecto cuente con autorización expresa del Congreso. El fallo, que entra en vigor en 14 días para dar tiempo a una posible apelación, pone freno a uno de los proyectos más polémicos del actual mandato presidencial.

Leon, designado por George W. Bush, fue contundente en su razonamiento: el presidente es el administrador de la Casa Blanca, no su dueño. Según el juez, ninguna ley vigente le otorga a Trump la autoridad que reclama para emprender una obra de esta magnitud sin pasar por el Congreso. El juez consideró que quienes se oponen al proyecto tienen argumentos suficientes para ganar el caso.

El proyecto consiste en un nuevo ala de 90.000 pies cuadrados estimada en $400 millones de dólares, financiada mediante donaciones privadas de corporaciones y particulares. Trump lo ha promovido activamente durante su segundo mandato como una mejora necesaria para la residencia presidencial, y el martes por la mañana (horas antes del fallo), publicó los planos más recientes en sus redes. Sin embargo, los críticos señalaron desde el principio que la escala de la nueva estructura eclipsaría la propia Casa Blanca y rompería la simetría histórica de sus terrenos.

El juez también rechazó el argumento de la administración de que obras anteriores en la Casa Blanca, realizadas sin aprobación del Congreso, sientan un precedente válido. En su fallo, señaló que permitir esa interpretación abriría la puerta a que cualquier alteración, incluso la demolición completa del edificio, pudiera justificarse como una simple "mejora". Leon calificó el esquema de financiación privada como un intento de evadir los requisitos legales, no de sortearse de ellos.

Trump, por su parte, reaccionó en Truth Social, defendiendo el proyecto y acusando al National Trust de ser un grupo "cortado por el gobierno" que ahora actúa en su contra. Más tarde, ante la prensa, insistió en que donaciones privadas de esta naturaleza históricamente no han requerido aprobación legislativa. La administración ya anunció su intención de apelar.

Carol Quillen, directora ejecutiva del National Trust, celebró la decisión como "una victoria para el pueblo estadounidense" en defensa de uno de los lugares más emblemáticos del país. El proyecto tenía previsto presentarse ante la Comisión Nacional de Planificación de Capital el jueves, donde se esperaba su aprobación dado que la mayoría de sus miembros son designados de Trump, a pesar de que los comentarios públicos fueron abrumadoramente contrarios a los planes.