Defensa de Donald Guerrero pide extinguir proceso penal por exceso de plazo

Santo Domingo. – La defensa del exministro de Hacienda Donald Guerrero, encabezada por el abogado Eduardo Núñez, solicitó al tribunal la extinción de la acción penal por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso, al considerar que se ha vulnerado el derecho constitucional a ser juzgado dentro de un tiempo razonable.

Durante su planteamiento, los abogados argumentaron que el proceso penal se inició en noviembre de 2020, cuando se produjo la primera afectación real a los derechos fundamentales del imputado, específicamente con la imposición de una alerta migratoria o impedimento de salida del país sin orden judicial, el 22 de noviembre de ese año.

Indicaron que, en todo caso, el inicio formal del cómputo del plazo máximo se consolidó el 5 de febrero de 2021, fecha en que Guerrero fue citado por primera vez a interrogatorio ante el Ministerio Público. Desde cualquiera de esos momentos, sostienen, han transcurrido más de cinco años, sin que el proceso haya avanzado más allá de la etapa preliminar.

La defensa fundamentó su solicitud en disposiciones de la Constitución, el Código Procesal Penal y en jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional, que ha establecido de manera reiterada que el plazo máximo del proceso debe contarse desde la afectación efectiva de los derechos fundamentales del imputado, criterio que según indicaron es de obligatorio cumplimiento para los tribunales ordinarios.

Como sustento, los abogados depositaron un conjunto de evidencias documentales, entre ellas actuaciones procesales, documentos oficiales y precedentes constitucionales, que acreditan la existencia de la alerta migratoria impuesta en noviembre de 2020 sin autorización judicial y confirman la dilación del proceso.

Asimismo, la defensa afirmó que los hechos imputados carecen de sustento material, al señalar que los pagos cuestionados por el Ministerio Público corresponden a obligaciones legales del Estado, debidamente registradas y documentadas, y no a operaciones irregulares.

En virtud de estos argumentos, solicitaron al tribunal declarar extinguida la acción penal y disponer el levantamiento inmediato de todas las medidas de coerción vigentes, al considerar que la prolongación del proceso más allá del plazo legal resulta jurídicamente insostenible.