Imputados en caso Senasa apelan prisión preventiva ante la Corte

Santo Domingo. – La defensa de Santiago Marcelo Hazim y otros seis procesados por el supuesto fraude multimillonario al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) activó un nuevo frente legal al solicitar a la Corte de Apelación del Distrito Nacional la modificación de la medida de coerción que los mantiene privados de libertad.

Mediante un recurso depositado ante la Oficina de Servicios de Atención Permanente, los imputados buscan que la prisión preventiva de 18 meses sea sustituida por medidas menos severas, argumentando que poseen arraigo suficiente para enfrentar el proceso sin riesgo de fuga ni de obstrucción de la investigación. El expediente será remitido al tribunal de alzada, que deberá fijar fecha para conocer la solicitud.

Hazim, señalado como figura central del caso, cumple la medida junto a Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera. Aunque inicialmente se dispuso su traslado al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo, fueron recluidos en el penal de Las Parras debido a limitaciones de espacio.

El pedido de revisión se produce tras una audiencia que generó gran expectativa pública y protestas en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde el juez Rigoberto Sena ordenó la prisión preventiva contra siete de los diez encartados.

El Ministerio Público sostiene que los acusados formaban parte de una red de corrupción administrativa que habría ocasionado un perjuicio al Estado dominicano estimado en RD$15,900 millones, mediante prácticas irregulares en el manejo de fondos del SeNaSa, afectando a millones de afiliados de bajos ingresos.

Para sustentar la acusación, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) presentó más de 170 elementos probatorios, entre documentos, testimonios y peritajes, incluyendo señalamientos de procedimientos médicos supuestamente realizados de manera innecesaria para generar cobros fraudulentos.

La acusación incluye cargos como asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, falsificación de documentos, lavado de activos y desfalco, entre otros. En el mismo proceso, otros tres imputados recibieron arresto domiciliario, impedimento de salida del país y, en dos casos, el pago de garantía económica.

El conocimiento del recurso en segunda instancia marcará un nuevo capítulo en uno de los casos de corrupción más relevantes de los últimos años en el sistema de salud pública dominicano.