Justicia independiente en RD: la batalla real está en los jueces heredados

El Ministerio Público independiente impulsado por el presidente Luis Abinader constituye un avance histórico para la República Dominicana. Por primera vez en décadas, las investigaciones por corrupción se desarrollan sin la injerencia del Poder Ejecutivo. No obstante, este progreso enfrenta un obstáculo que el país no puede ignorar: los jueces y muchos de los fiscales que decidirán esos casos fueron escogidos durante los gobiernos del PLD, mediante procesos señalados por afinidad política, amiguismo y concursos cuestionables.

La estructura judicial heredada no es un elemento secundario; es el núcleo del problema. Durante años, el PLD —bajo el liderazgo de Leonel Fernández— configuró el Poder Judicial y el Ministerio Público de carrera con criterios que respondían más a intereses partidarios que al mérito profesional. Esa arquitectura permanece vigente. Y hoy, cuando un Ministerio Público independiente lleva a los tribunales casos emblemáticos, la decisión final sigue en manos de funcionarios formados y promovidos por administraciones anteriores.

Un ejemplo recurrente es el del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina Peña, cuya designación en 2019 se produjo tras una extensa trayectoria en posiciones clave vinculadas al PLD. Su caso refleja una realidad más amplia: quienes juzgarán la corrupción heredada fueron colocados por los mismos actores políticos que hoy se encuentran en la oposición.

Y no se trata solo de jueces. Numerosos fiscales de carrera también ingresaron al sistema mediante concursos internos denunciados como manipulados, lo que pone en entredicho la integridad de la persecución penal en manos de estructuras del pasado.

Esto cobra especial relevancia en expedientes como el de SENASA, cuyas supuestas irregularidades han sido utilizadas políticamente por la oposición. Si mañana ese caso, u otro similar, concluye con una sentencia indulgente, un proceso dilatado o una decisión técnicamente cuestionable, el país debe comprenderlo con absoluta claridad: esa responsabilidad recaerá sobre el PLD y Leonel Fernández, quienes diseñaron el sistema judicial encargado de decidir esos procesos.

La oposición —marcada por ciclos de corrupción, impunidad y una ética deficiente en la confrontación política— podría intentar desacreditar la lucha anticorrupción promoviendo decisiones judiciales convenientes, generando la percepción de un Ministerio Público ineficaz, cuando en realidad serían los mecanismos heredados del pasado los que obstaculizan la justicia.

Que el país escuche con atención

La lucha contra la corrupción no está en riesgo por falta de voluntad del Gobierno.

Está en riesgo porque el pasado aún controla parte de los engranajes del sistema judicial.

Si estos jueces y fiscales —heredados, formados y promovidos durante los gobiernos del PLD— optan por ralentizar procesos o dictar sentencias benévolas, no se tratará de un fracaso del Ministerio Público independiente. Será la confirmación final de que el PLD diseñó un sistema para blindarse incluso fuera del poder.

Y de ocurrir así, la responsabilidad será clara, histórica e ineludible. La verdadera batalla por la justicia no se libra únicamente en los expedientes, sino en los tribunales donde todavía persiste la herencia del pasado. El país debe mantenerse alerta y no permitir que la sombra de la impunidad vuelva a imponerse sobre el futuro de la República Dominicana.