Máxima presión contra Maduro; El gobernante venezolano aferrado al poder pese a las amenazas de Estados Unidos

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha implementado desde el pasado mes de agosto una estrategia de máxima presión sobre el gobierno de Venezuela que, al momento de redactar este informe, sigue encabezando Nicolás Maduro.

Tras las elecciones del 28 de julio del 2024 en las que el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Elvis Amoroso, declaró ganador a Maduro, pero sin presentar las actas de votación que confirmen el resultado, el gobernante del país suramericano no fue reconocido por al menos 30 países, incluyendo la República Dominicana.

Según el CNE, con casi 97% de las actas escrutadas, Maduro obtuvo 51,95% de los votos (6.408.844), mientras que el candidato opositor Edmundo González alcanzó 43,18% (5.326.104).

Sin embargo, la oposición, encabezada por Edmundo González Urrutia, como candidato presidencial y la dirigente María Corina Machado, denunciaron que, tras recopilar actas de más del 80 % de los centros de votación, el verdadero ganador es González, con un 67 % de los sufragios frente al 30 % de Maduro.

El cuestionamiento a los resultados de las elecciones fue tal, que incluso naciones con gobiernos alineados a la izquierda como Colombia, Brasil, Chile y México, exigieron la publicación de los datos desglosados por mesa electoral.

Pese a las denuncias de fraude y a la presión internacional generada en el momento, Nicolás Maduro se aferró al poder y al parecer se encaminaba tranquilamente a concluir el período constitucional 2025-2031.

Retorno de Trump, máxima presión

No obstante, meses después del retorno de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos las cosas empezaron a complicarse para el gobernante suramericano.

El 7 de agosto del 2025 los departamentos de Estado y de Justicia de Estados Unidos anunciaron un aumento histórico en la recompensa por información que conduzca al arresto y condena de Nicolás Maduro, elevándola de 25 a 50 millones de dólares, siendo la mayor cantidad de dinero ofrecido por Washington por una figura que considera como un criminal internacional.

Según las autoridades estadounidenses, Maduro ha liderado durante más de una década el Cartel de los Soles, responsable del tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Previamente, el 25 de julio, el Departamento del Tesoro designó a esta organización como un grupo terrorista global.Al mismo tiempo, EEUU ofrece 25 millones de dólares por información que permita arrestar y condenar a Diosdado Cabello, segundo al mando del régimen venezolano y 15 millones por Vladimir Padrino López, ministro de Defensa. Las recompensas y los cargos han sido ampliamente divulgados mediante carteles oficiales.

Según el Departamento de Estado, los tres líderes estarían involucrados en el envío de toneladas de cocaína desde Venezuela hacia Estados Unidos y otros países, utilizando estructuras estatales y militares para proteger sus operaciones ilícitas. La acusación se produce en un momento de crecientes tensiones entre Washington y Caracas, y marca uno de los movimientos más contundentes contra la cúpula del gobierno venezolano.

Estados Unidos incrementa la presencia militar en el Caribe

Desde agosto, Estados Unidos ha incrementado significativamente su presencia militar en el Caribe y aguas frente a Sudamérica, desplegando destructores, barcos de asalto anfibio, submarinos y aviones de combate F-35, con alrededor de 12,000 marineros y marines involucrados. Esta movilización forma parte de lo que la administración Trump ha denominado “Operación Lanza del Sur”, enfocada en atacar embarcaciones sospechosas de transportar drogas hacia y desde Venezuela.

El primer ataque registrado se llevó a cabo el 2 de septiembre contra un buque operado por la organización Tren de Aragua, que según Trump transportaba drogas. La acción provocó la muerte de 11 personas, según declaraciones presidenciales, y generó críticas inmediatas de senadores demócratas, quienes señalaron la ausencia de “justificación legal legítima” y cuestionaron la autoridad del Ejecutivo para ejecutar ataques letales sin juicio.

Entre septiembre y diciembre, el ejército estadounidense realizó al menos 22 operaciones contra embarcaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico. Las cifras oficiales reportan más de 80 muertos y varios sobrevivientes repatriados a sus países de origen. Algunos ataques fueron dirigidos contra embarcaciones vinculadas a grupos como el Tren de Aragua o el Ejército de Liberación Nacional (ELN). En varias ocasiones, el ejército amplió su radio de acción al Pacífico oriental, por donde transita gran parte de la cocaína producida en la región.

El 2 de octubre, Trump declaró a los cárteles de drogas como “combatientes ilegales”, señalando que Estados Unidos estaba en un “conflicto armado” con ellos, lo que generó polémica sobre los límites de los poderes presidenciales en materia bélica. Legisladores de ambos partidos han cuestionado la transparencia de la Casa Blanca y del Pentágono, criticando la falta de información al Congreso y la ausencia de imágenes verificables que respalden las afirmaciones presidenciales.

En paralelo, la administración Trump autorizó a la CIA a realizar operaciones encubiertas en Venezuela y evaluó posibles operaciones terrestres, sin detallar los alcances ni las condiciones legales. La llegada del portaaviones USS Gerald R. Ford al Caribe en noviembre representó un aumento simbólico del poder militar estadounidense en la región.

Los ataques han suscitado críticas internacionales, incluido un llamado del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, a investigar las operaciones y prevenir posibles asesinatos extrajudiciales. En Estados Unidos, algunos legisladores han buscado limitar la capacidad del presidente de ordenar ataques sin autorización del Congreso, pero las iniciativas han sido bloqueadas principalmente por votos republicanos.

La situación ha generado tensiones con Venezuela, cuyo gobierno realizó maniobras militares masivas y movilizó tropas y voluntarios en respuesta al despliegue estadounidense, asegurando estar “más fuerte que nunca” en unidad, moral y equipamiento.

Las investigaciones del Congreso estadounidense continúan en curso, con audiencias clasificadas en el Capitolio sobre el impacto y la legalidad de los ataques, mientras los críticos subrayan la magnitud de las operaciones y el riesgo de violaciones de derechos humanos en el marco de la estrategia antinarcóticos.

República Dominicana presta dos aeropuertos a EEUU

En medio del aumento de tensiones, el Gobierno dominicano anunció el 26 de noviembre la autorización temporal del uso de espacios limitados en la Base Aérea de San Isidro y el Aeropuerto Internacional de Las Américas para operaciones logísticas de aviones de Estados Unidos, en el marco de esfuerzos conjuntos contra el narcotráfico en el Caribe.

El presidente Luis Abinader indicó que la medida se realiza bajo los marcos legales del Acuerdo de Interdicción Marítima y Aérea de 1995 y su Protocolo de Enmienda de 2003, que exigen autorización previa y supervisión del Ministerio de Defensa y la DNCD. Abinader aseguró que el permiso es técnico, temporal y limitado, orientado a reforzar el “anillo de protección aérea y marítima” del país, y aseguró que “esto no disminuye la soberanía nacional; la fortalece”.

La decisión se dio en el contexto de la visita del secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, para fortalecer la cooperación bilateral en seguridad, comercio y migración. Desde 2020, la colaboración con EE. UU. ha permitido que República Dominicana incremente significativamente los decomisos de drogas, casi diez veces más que en la década anterior.

Trump y Maduro hablan por teléfono

Mientras la situación escalaba, se reveló que el presidente Donald Trump sostuvo una llamada de aproximadamente 15 minutos con el mandatario venezolano, confirmada luego por ambos gobernantes.

De acuerdo al diario británico The Telegraph, durante la conversación, Maduro solicitó conservar 200 millones de dólares de su fortuna, amnistía para sus funcionarios y refugio en un país amigo, incluso sugirió Cuba para permanecer cerca de Venezuela. Trump habría rechazado estas condiciones y de acuerdo al medio, propuso que Maduro se trasladara a China o Rusia.

Días después de la conversación, el sábado 29 de noviembre, Donald Trump declaró que el espacio aéreo venezolano debía considerarse "cerrado", lo que el líder chavista calificó como una "amenaza".

Trump ha señalado además que su país prepara ataques por tierra en medio del despliegue militar en aguas del Caribe cercanas a Venezuela.

Trump obligado a tumbar a Maduro

Aunque Donald Trump es reacio a iniciar conflictos con otros países, el nivel al que han llegado las tensiones con Venezuela indica que el mandatario estadounidense no tiene otra opción que tomar las medidas que sean necesarias para provocar la caída del régimen que encabeza Nicolás Maduro. De lo contrario, el llamado ‘líder del mundo libre’ corre el riesgo de ver su imagen seriamente afectada. Mientras tanto, es posible que el reloj para Maduro esté en cuenta regresiva.