Salud pública un derecho fundamental

Angelo Lagares, director ejecutivo LARA.

El acceso a la salud pública es un derecho fundamental de todo ser humano. Sin embargo, en gran parte de Latinoamérica, las barreras sistémicas, estructurales y culturales continúan negando este derecho básico. La combinación de ignorancia, estigma, falta de servicios adecuados y un profundo deterioro institucional crea situaciones extremadamente complejas para la ciudadanía.

El estigma hace que muchas personas no busquen ayuda, especialmente en temas de salud mental y adicciones. Pero incluso cuando logran superar ese miedo, frecuentemente se encuentran con la dura realidad de que los servicios no existen, son insuficientes o están plagados de obstáculos administrativos.

Esta ausencia de atención adecuada se debe, en gran medida, al mal manejo de los fondos públicos, la corrupción generalizada y un sistema político que por décadas ha normalizado la impunidad. Los ciudadanos terminan adaptándose a esta realidad, mientras los gobiernos entrantes continúan repitiendo los mismos escándalos sin consecuencias reales.

Un ejemplo reciente y doloroso es el caso de la República Dominicana, donde el Seguro Nacional de Salud (SENASA) quedó envuelto en un escándalo profundamente corrupto y deshumanizante. Médicos y funcionarios públicos fueron señalados por negar servicios vitales a pacientes con cáncer mientras cobraban por tratamientos no ofrecidos, apropiándose de miles de millones de pesos. Este tipo de acciones no solo representan un crimen económico, sino una violación directa del derecho a la vida y a la dignidad humana.

A esto se suma que el país no cuenta con suficientes psiquiatras ni profesionales capacitados para atender la creciente demanda en salud mental. En el ámbito de las adicciones, la situación es aún más grave: no existe un sistema organizado de acceso a tratamientos, ni políticas públicas robustas que respondan a una problemática que afecta a miles de familias.

Sin reformas profundas, sin voluntad política y sin un compromiso real con la transparencia, la justicia y la salud pública, será imposible construir un sistema que esté a la altura de las necesidades de la población. La salud no puede ser un privilegio ni un negocio: debe ser un derecho garantizado, protegido y libre de corrupción.