Minerd tenía prohibiciones claras sobre excursiones a balnearios antes del accidente del colegio Da Vinci

República Dominicana. – El fallecimiento de la niña Stephora Joseph durante una actividad del colegio Da Vinci ha reabierto el debate nacional sobre la seguridad en las excursiones escolares. El hecho, ocurrido en la Hacienda Los Caballos, en Gurabo, Santiago, un establecimiento recreativo con piscina, generó preguntas sobre si los centros educativos están cumpliendo las normas vigentes y si existen regulaciones que prevengan este tipo de riesgos.

Lo cierto es que, desde 2009, el Ministerio de Educación mantiene disposiciones claras para regular las salidas escolares y evitar accidentes. Ese año, la institución emitió una normativa formal destinada a garantizar la seguridad de los estudiantes en cualquier actividad fuera del plantel, estableciendo lineamientos para su organización y supervisión.

Esa disposición, la Orden Departamental 09-2009, organizó el calendario académico, las actividades extracurriculares y las excursiones escolares. El documento estableció que toda salida debía tener un fin pedagógico definido, realizarse dentro del horario escolar, programarse con anticipación y contar con la autorización escrita de los padres o tutores. También determinó que los centros educativos asumieran responsabilidad logística y de supervisión durante todo el trayecto.

Dentro de la misma orden se incluyó una prohibición expresa: las escuelas públicas y los colegios privados no pueden realizar excursiones recreativas ni viajes estudiantiles a playas, ríos, balnearios, piscinas ni otros lugares considerados de riesgo. Asimismo, se vetó la realización de actividades festivas en discotecas, bares, clubes recreativos u otros espacios sin finalidad educativa, reforzando que las salidas deben alinearse con el plan curricular.

En los años posteriores, y tras varios incidentes relacionados con actividades acuáticas, el MINERD reiteró públicamente estas restricciones. Las autoridades recordaron que cualquier excursión debía cumplir criterios estrictos de seguridad y responder a un propósito pedagógico, desarrollándose únicamente en entornos controlados.

La tragedia de Stephora Herrera ha devuelto estas regulaciones al centro de la discusión pública. Aunque las normas han estado vigentes desde hace más de una década, el caso evidencia la urgencia de reforzar su cumplimiento y supervisión para evitar que hechos prevenibles vuelvan a repetirse en el sistema educativo dominicano.