MP acusa a exdirector del Intrant y otros ocho por sabotaje y terrorismo

Santo Domingo. – El Ministerio Público presentó formal acusación formal contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, el contratista estatal José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y otros siete implicados, por los presuntos delitos de sabotaje al sistema de semaforización del Gran Santo Domingo y actos de terrorismo.

El expediente, depositado el pasado viernes, incorpora a dos nuevos procesados: Manuel Eduardo Mora, gerente general de Pago RD Exchange, y Henry Darío Féliz, quienes se suman a la lista de acusados integrada además por Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología; Frank Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero; y Carlos José Peguero Vargas.

La acusación forma parte de la investigación conocida inicialmente como “Operación Camaleón”, iniciada tras detectarse irregularidades en el contrato con la empresa Transcore Latam, valorado en más de 1,300 millones de pesos.

Según el Ministerio Público, tras la suspensión de dicho contrato, el sistema de semáforos del Gran Santo Domingo colapsó en dos ocasiones, provocando caos vehicular en importantes avenidas. Las autoridades responsabilizan de estos apagones a Gómez Canaán, quien también mantenía otros contratos con el Estado, entre ellos el de expedición de licencias de conducir.

Entre los delitos imputados figuran corrupción administrativa, falsedad en escritura privada, estafa contra el Estado, asociación de malhechores y violaciones a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, incluyendo sabotaje, robo de identidad y crímenes contra la seguridad de la nación.

De acuerdo con la legislación vigente, estos delitos pueden conllevar penas de hasta 30 años de prisión. El Ministerio Público también acusa a los procesados de actos de terrorismo a través de medios electrónicos, infracción que podría recibir la misma sanción máxima.