Ministerio de Defensa e Interior y Policia concentrarán más del 9 % del Presupuesto Nacional 2026

SANTO DOMINGO. – El Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para el año 2026 evidencia un fuerte enfoque en materia de seguridad ciudadana y defensa nacional, al asignar más del 9.3 % del gasto público a los ministerios de Interior y Policía y Defensa, según la propuesta ya depositada en el Congreso Nacional.

El Ministerio de Interior y Policía recibirá una partida presupuestaria de RD$81,924.8 millones, lo que representa el 5.05 % del gasto del Gobierno Central, siendo una de las asignaciones más altas en su historia reciente. Este aumento responde, en gran medida, a los esfuerzos en curso para continuar con la reforma policial, fortalecer la seguridad ciudadana, y mejorar la infraestructura y equipamiento policial a nivel nacional.

Por su parte, el Ministerio de Defensa tendrá asignados RD$68,686.6 millones, equivalentes al 4.23 % del gasto total. Esta inversión contempla el reforzamiento de las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas, especialmente en áreas de control fronterizo, seguridad estratégica y resguardo de infraestructuras críticas, en un contexto regional marcado por desafíos migratorios y de seguridad internacional.

En conjunto, ambas instituciones suman RD$150,611.4 millones, consolidando a los sectores de seguridad y defensa como prioridades clave del Gobierno para 2026. La proporción de recursos destinados a estos ministerios supera, por ejemplo, lo que reciben otras carteras sociales o económicas, reflejando una apuesta clara por el orden público y el control estatal del territorio.

El incremento en estas partidas también se enmarca en los compromisos del Ejecutivo de dar seguimiento a la Estrategia Nacional de Desarrollo y responder a las crecientes demandas sociales de mayor seguridad, respuesta rápida a la delincuencia y profesionalización de los cuerpos armados.

La discusión del proyecto en el Congreso será clave para evaluar si este aumento presupuestario viene acompañado de mecanismos efectivos de control y fiscalización, así como de planes claros de impacto a mediano y largo plazo.