Arrestan alcaldesa y cuatro doctoras vinculadas a un hombre que por dinero hacía pasar personas por muertas

El Ministerio Público informó este viernes el arresto de cinco mujeres —cuatro médicas y una funcionaria local— por su presunta implicación en una red de falsificación de registros de defunción encabezada por Máximo Mendoza, quien guarda prisión preventiva. Las detenidas son las doctoras Renata Suero Torres, Alba María Amparo Fede, Rocenny Cruz Álvarez y Eva Altagracia Cruz Rodríguez, así como la alcaldesa pedánea del municipio Esperanza, Yluminada Altagracia Uceta.

Las arrestadas fueron detenidas mediante orden judicial en la sede de la Fiscalía de Valverde, luego de que se obtuvieran evidencias que las vinculan con delitos de falsificación de documentos públicos y aporte de datos falsos en registros de defunciones. Serán presentadas ante un juez en las próximas horas, y el Ministerio Público solicitará que el caso sea declarado complejo.

Antecedentes del caso

El principal imputado, Máximo Mendoza, cumple tres meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Mao, Valverde, y su proceso también fue declarado complejo. Las investigaciones revelan que Mendoza habría falsificado múltiples actas de defunción en unidades médicas y oficialías de la Junta Central Electoral (JCE), utilizando documentos fraudulentos y datos falsos para cometer los delitos entre diciembre de 2024 y junio de 2025.

Según el Ministerio Público, Mendoza se valía de médicos en pasantía sin exequátur, incluyendo las cuatro doctoras arrestadas, para rellenar certificados de defunción. Aprovechaba distintos turnos y unidades de Atención Primaria en Valverde para ejecutar su estrategia.

Motivación económica y víctimas vulnerables

El acusado, según la acusación, declaraba falsas muertes de personas con quienes tenía conflictos económicos, principalmente por deudas de préstamos informales. Las víctimas eran personas en situación de vulnerabilidad que usaban ayudas estatales, como tarjetas de asistencia social con un subsidio mensual de 2,100 pesos, para respaldar pequeños préstamos.

Mendoza supuestamente ofrecía préstamos entre 5,000 y 15,000 pesos, reteniendo como garantía las tarjetas de asistencia social. Cuando los deudores no podían pagar, los declaraba falsamente como fallecidos, haciéndose pasar por familiar ante las autoridades sanitarias y civiles para completar el trámite.

Colaboración institucional y cargos legales

En la investigación participan la Dirección Central de Investigaciones (Dicrim) de la Policía Nacional y la Dirección de Seguridad de la JCE. El caso está siendo manejado por los fiscales Esther María González Peguero y Víctor Manuel Mejía.

A los involucrados se les imputan violaciones a los artículos 146, 147 y 148 del Código Penal Dominicano (relacionados con falsedad y abuso de confianza), así como a los artículos 109, 208 y 210 de la Ley Orgánica de los Actos del Estado Civil No. 4-23.