Legisladores respaldan propuesta del CES para regularizar mano de obra haitiana

Santo Domingo. – Este martes, legisladores de distintas bancadas se pronunciaron sobre el informe recientemente presentado por el Consejo Económico y Social (CES), que propone un proceso estructurado de regularización de la mano de obra haitiana en la República Dominicana, con miras a enfrentar los desafíos laborales, económicos y sociales que genera la migración irregular.

El diputado José David Báez, del partido Fuerza del Pueblo, expresó su respaldo a la iniciativa del CES, destacando que la situación irregular de miles de trabajadores haitianos crea un vacío legal que impacta negativamente en sectores clave, especialmente en la industria manufacturera.

“No se trata solo de una cuestión humanitaria o de derechos humanos, es una necesidad económica. Muchos empresarios dependen de esta mano de obra para sostener sus operaciones, y la falta de un estatus legal para estos trabajadores genera inestabilidad, evasión de responsabilidades laborales y presión sobre los servicios públicos”, dijo Báez durante una entrevista en el Congreso Nacional.

En términos similares se pronunció el diputado Carlos Sánchez, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), quien subrayó que la economía nacional, particularmente la construcción, la agricultura y la manufactura, se vería gravemente afectada si no se aborda de forma realista y pragmática el fenómeno migratorio haitiano.

“Esta no es una postura ideológica, es un tema de sostenibilidad económica. La industria manufacturera depende en gran medida de trabajadores haitianos. Su regularización permitiría establecer un control efectivo, garantizar derechos laborales mínimos y reducir la informalidad”, señaló Sánchez.

El informe del CES

El informe del CES recomienda establecer un plan nacional de regularización laboral temporal para trabajadores extranjeros, especialmente haitianos, que contemple la creación de un registro biométrico, permisos de trabajo vinculados a sectores productivos específicos, y mecanismos de supervisión y renovación.

Asimismo, se plantea un trabajo coordinado entre los ministerios de Trabajo, Interior y Policía, Migración y Relaciones Exteriores, con la participación del sector privado, para garantizar que el proceso sea transparente y funcional.