En Gualey y Guachupita califican de “excelente” que se quiera intervenir los ríos Ozama e Isabela

Santo Domingo. – Luego de que el presidente de la República, Luis Abinader, mediante el decreto número 531-25, declarara de alta prioridad para el Gobierno la intervención y recuperación de los ríos Ozama e Isabela, ciudadanos de los sectores Gualey y Guachupita calificaron como excelente la intención del mandatario.

Expresaron que, si con la intervención que realizarán las autoridades se logra convertir ambos afluentes en espacios donde se puedan realizar actividades de pesca y nado, sería un éxito rotundo.

Residentes de ambas barriadas entienden que los trabajos, cuyo objetivo es lograr la regeneración física, urbana y ambiental de las áreas adyacentes a estos ríos, también ayudarían a reducir los casos de enfermedades como el dengue, la malaria y la leptospirosis.

“Tú sabes que eso trae menos mosquitos y menos enfermedades. Yo lo veo bien, lo veo perfecto”, señaló Claudia Vargas, quien además considera que esto representaría un mejor estilo de vida para quienes residen en la ribera del río.

En tanto que, para Altagracia Martínez, quien ha vivido allí por más de 40 años, el saneamiento del río sería una de las grandes obras del Gobierno y una conquista para toda la comunidad, que en los últimos años ha visto transformado el espacio donde vive.

La Unidad de Rehabilitación de Barrios (URBE) asumirá un papel clave en la transformación urbana, al encargarse de la rehabilitación, adecuación y construcción de infraestructuras, dotaciones y vías en zonas previamente intervenidas, así como del desarrollo de nuevas obras cuando se requiera. Las intervenciones deberán ejecutarse con respeto hacia las condiciones sociales, culturales y patrimoniales del entorno, marcando un enfoque sensible al contexto local.

Además de las obras físicas, URBE tendrá la tarea de liderar procesos de socialización con las comunidades involucradas. Esta labor busca fomentar la participación activa de los residentes, proteger sus derechos y garantizar que el desarrollo sea sostenible y equitativo. Parte de sus responsabilidades incluye también la negociación y reubicación de quienes puedan verse afectados por los trabajos, asegurando una transición justa para los habitantes del área.