¿Error judicial? Asesinan a ‘Chuki’ tras recibir libertad condicional pese a historial violento

Santo Domingo.-La reciente muerte violenta de José Eduardo Ciprián Lebrón, alias “Chuki”, ha reavivado las dudas y cuestionamientos sobre la manera en que se concede la libertad condicional en la República Dominicana, especialmente en casos de alto perfil como el atentado contra el exbeisbolista de Grandes Ligas, David Ortiz.

Ciprián Lebrón fue uno de los autores intelectuales del intento de asesinato contra Ortiz, ocurrido en junio de 2019, mientras este se encontraba en un bar en Santo Domingo Este. Por este caso, fue condenado en diciembre de 2022 a 10 años de prisión, aunque ya guardaba prisión preventiva desde 2017 por otro homicidio.

Sin embargo, en octubre de 2024 tras cumplir apenas cinco años obtuvo la libertad condicional por decisión del juez José Manuel Arias, titular del Tribunal de Ejecución de la Pena de San Cristóbal, pese a la oposición expresa del Ministerio Público, que advirtió que "no estaban dadas las condiciones" para su liberación.

"Si desde la cárcel tuvo la capacidad de planear un intento de asesinato, ¿qué no hará en libertad?", fue uno de los argumentos del órgano acusador, que solicitó que permaneciera cumpliendo su condena en la prisión de Baní.

La preocupación del Ministerio Público parece haber encontrado respaldo en los hechos: menos de un año después de su liberación, Ciprián fue asesinado a tiros mientras se desplazaba en una yipeta por el sector de Herrera, en Santo Domingo Oeste. En el tiroteo también murieron otras dos personas y un acompañante suyo resultó herido.

Esta muerte lo convierte en el tercer implicado en el atentado contra David Ortiz que muere en circunstancias violentas, tras los fallecimientos de Luis Alfredo Rivas Clase ("el Cirujano") y Víctor Hugo Gómez Vásquez, ambos también vinculados como autores intelectuales del ataque.

La decisión judicial que permitió la liberación de “Chuki” se basó en la Ley 164-80 sobre libertad condicional, la cual permite a ciertos reclusos cumplir el resto de su condena bajo estrictas condiciones fuera de la cárcel. El juez Arias argumentó que el interno había mostrado interés por superarse y reintegrarse a la sociedad, imponiéndole una serie de restricciones que incluían no portar armas, residir en Baní y presentarse mensualmente ante el tribunal. No obstante, su asesinato evidencia la fragilidad del sistema de seguimiento y control posterior a la concesión del beneficio.

El caso pone sobre la mesa un debate urgente: ¿están siendo efectivamente evaluados los riesgos al conceder libertades condicionales en casos de alto perfil y violencia organizada? ¿Cuáles son los mecanismos reales de supervisión una vez que estos reclusos abandonan las cárceles? ¿Quién se responsabiliza cuando estos liberados vuelven a ser víctimas o protagonistas de hechos violentos?

Para muchos, la liberación de Ciprián no solo fue una muestra de indulgencia judicial, sino también un error que costó vidas. La sociedad dominicana exige respuestas y, sobre todo, una revisión profunda del sistema de justicia penal para garantizar que las decisiones tomadas protejan tanto a los implicados como al conjunto de la ciudadanía.