Privilegios más allá de los sueldos que reciben los congresistas dominicanos

Santo Domingo.-En la República Dominicana el salario y los beneficios que reciben los congresistas siempre han sido un tema de debate y controversial. La población cuestiona el disfrute de los altos salarios de los legisladores que reciben un ingreso de RD$320,000 mensuales y compensaciones adicionales, como comisiones, dietas, gastos de representación, exoneraciones y asignaciones especiales para gasto social.

Más allá de sus sueldos, los congresistas reciben entre RD$20,000 y RD$25,000 para combustible, montos que se incrementan si el senador o diputado ocupa un cargo como vocero de algún bloque legislativo. También disponen de pagos únicos por asistencia a sesiones del Pleno, que pueden alcanzar RD$4,500 por reunión, y un fondo adicional para cubrir costos de celulares y hospedaje en la capital.

Por su parte, los senadores manejan un fondo conocido como el “barrilito”. Este Asciende a los 400, 5000,000 Millones, según la ejecución presupuestaria del Senado del 2025 destinado, en teoría, a proyectos comunitarios.

El sistema de pensiones permite a los legisladores retirarse con más del 70% de sus ingresos tras 12 años de servicio y al alcanzar los 60 años. Esto significa que un diputado podría recibir una pensión cercana a los RD$200,000 mensuales. Los senadores y expresidentes de la Cámara tienen condiciones aún más favorables.

Entre los privilegios adicionales, los legisladores cuentan con exoneraciones fiscales para importar vehículos cada dos años y gozan de inmunidad parlamentaria, lo que dificulta su arresto durante las legislaturas.

El presupuesto destinado a los múltiples beneficios de los legisladores genera constante inconformidad entre la población. Muchos ciudadanos consideran que estos privilegios colocan a los congresistas muy lejos de la realidad que enfrentan los dominicanos de escasos recursos, quienes luchan a diario por satisfacer sus necesidades básicas. Esta disparidad alimenta el descontento social y pone en duda la equidad en el uso de los fondos públicos.