EE.UU. acusa a tres jefes del Cártel de Sinaloa por fentanilo y armas

Tres presuntos altos mandos del Cártel de Sinaloa, identificados como Kevin Gil Acosta (alias El 200), Martín Zazueta Pérez (Piyi) y Leobardo García Corrales (Leo), fueron extraditados a Estados Unidos desde México y presentados ante una corte federal en Nueva York, donde enfrentan graves cargos por narcotráfico y delitos con armas de alto calibre.

Según el Departamento de Justicia de EE.UU., los tres forman parte del núcleo cercano de los Chapitos, como se conoce a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, fundador del cártel y actualmente preso en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos.

Seguridad armada para el imperio del fentanilo

Las autoridades norteamericanas sostienen que Gil Acosta y Zazueta Pérez eran figuras clave en el aparato de seguridad de los Chapitos. Gil Acosta habría liderado un grupo de sicarios encargado de proteger tanto los laboratorios clandestinos donde se fabrica fentanilo como las rutas de distribución hacia Estados Unidos. Además, se le acusa de participar directamente en el tráfico de la sustancia.

Zazueta Pérez, por su parte, fue responsable de operaciones de seguridad en Sinaloa. Según la acusación, dirigía actos violentos para defender las actividades del cártel, incluyendo secuestros, torturas y asesinatos, utilizando armas automáticas y de grado militar.

Ambos están vinculados a los enfrentamientos armados registrados en octubre de 2019 en Culiacán, cuando el Gobierno mexicano intentó detener a Ovidio Guzmán López, uno de los hijos de El Chapo. Durante esa operación, El 200 habría comandado un grupo armado con rifles AK-47, M-16 y AR-15, mientras que Piyi también participó, armado con un lanzagranadas. El intento de captura fue frustrado tras horas de intensos tiroteos, y Ovidio fue liberado por las autoridades mexicanas por razones de seguridad pública.

Finalmente, Ovidio fue detenido en 2023 y extraditado a Estados Unidos, donde se declaró culpable en julio pasado en un tribunal de Chicago y accedió a colaborar con la justicia estadounidense. Su sentencia aún está pendiente, mientras su hermano Joaquín Guzmán López también busca un acuerdo con Washington. Los otros dos hermanos, Iván y Alfredo Guzmán Salazar, continúan prófugos en México.

Productor y proveedor a gran escala

En cuanto a Leobardo García Corrales, las autoridades lo identifican como uno de los principales productores de fentanilo del cártel. Se le acusa de fabricar grandes cantidades de la droga, supervisar su entrada a territorio estadounidense y negociar su intercambio por armas militares, las cuales servían para fortalecer las operaciones criminales del grupo.

Cargos y penas

Los tres acusados enfrentan múltiples cargos federales. Entre ellos, se incluye conspiración para importar fentanilo, delito que conlleva una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y puede llegar hasta cadena perpetua. También se les imputa posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, así como conspiración para poseer dichos armamentos, cargos que podrían sumar entre 30 años y cadena perpetua.

Como parte de las condiciones del tratado de extradición con México, la pena de muerte no será aplicada, a pesar de la gravedad de los delitos.

Gil Acosta, de 35 años; Zazueta Pérez, de 29, y García Corrales, de 55, forman parte de un grupo de 26 presuntos narcotraficantes que México entregó recientemente a Estados Unidos, en una muestra de cooperación bilateral en la lucha contra el tráfico de fentanilo, un opioide sintético que ha provocado una grave crisis de salud pública en territorio estadounidense.