SCJ aprueba protocolo de entrevistas forenses para víctimas y testigos

Santo Domingo. El pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), aprobó el Protocolo de Actuación para Entrevistas Forenses a Víctimas y Testigos en Condición de Vulnerabilidad, dando cumplimiento a una ordenanza del Tribunal Constitucional. 

Mediante la sentencia TC/0522/23 dictada por el Tribunal Constitucional se estableció que la reglamentación de los procedimientos de entrevistas forenses corresponde exclusivamente al Pleno de la Suprema Corte de Justicia, como órgano competente para normar aspectos vinculados a la función jurisdiccional. Con esta decisión, se reafirma la potestad reglamentaria de la SCJ para garantizar la tutela judicial efectiva y el respeto de los derechos fundamentales de las personas en condición de vulnerabilidad. 

El nuevo protocolo establece el marco operativo para la obtención de declaraciones de niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, mujeres víctimas de violencia de género, personas con discapacidad y otros grupos que, por su condición, enfrentan barreras para interactuar con el sistema de justicia. Estas entrevistas forenses serán consideradas como anticipo de prueba, asegurando la obtención de sus testimonios de manera digna, segura y respetuosa, conforme a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos. 

Entre sus objetivos específicos se encuentra reducir la victimización secundaria, garantizar la confidencialidad, fortalecer el acceso a la justicia y unificar los mecanismos de actuación en los Centros de Entrevistas Forenses, promoviendo la protección reforzada de las personas en situación de vulnerabilidad durante los procesos judiciales. 

El protocolo fue elaborado considerando el mandato constitucional de tutela de los derechos fundamentales, así como los compromisos internacionales asumidos por el Estado dominicano, en especial la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), entre otros instrumentos internacionales que reafirman el deber de adoptar medidas diferenciadas para proteger a los grupos más expuestos a situaciones de violencia o discriminación. 

El protocolo entrará en vigor tras su publicación en el portal institucional. Asimismo, la Escuela Nacional de la Judicatura tendrá a su cargo su difusión y la capacitación de jueces, juezas y demás operadores judiciales, para garantizar su correcta implementación y aplicación en los tribunales de todo el país.