Diputados aprueban ley que endurece penas por trata de personas y tráfico de migrantes

Santo Domingo. — La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, en segunda lectura, un proyecto de ley que modifica de forma sustancial la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, elevando las sanciones a niveles históricos. La iniciativa, que ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación, contempla penas que pueden llegar hasta los 40 años de prisión en casos agravados.

El proyecto, propuesto por el Poder Ejecutivo como parte de las políticas migratorias impulsadas por el presidente Luis Abinader, busca frenar el aumento de los delitos vinculados al tráfico ilegal de personas, en particular de migrantes haitianos.

La nueva ley establece que el delito de trata de personas será sancionado con entre 20 y 25 años de prisión, además de multas que oscilan entre 700 y 1,500 salarios mínimos del sector público. Los cómplices enfrentan penas de entre 15 y 20 años.

En cuanto al tráfico ilícito de migrantes, la pena base para los cómplices será de 10 a 15 años. Sin embargo, cuando concurren circunstancias agravantes, las penas se incrementan significativamente:

Muerte de la víctima: 30 a 40 años de prisión

Daños físicos o psicológicos permanentes, tortura, barbarie: 25 a 30 años

Otros agravantes (reincidencia, falsificación de documentos, uso de empresas o vínculos con crimen organizado): 20 a 25 años

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es la sanción a los funcionarios públicos que participen en estos delitos. Aquellos que sean encontrados culpables o cómplices serán inhabilitados para ejercer funciones públicas por un período de 10 años, además de las penas correspondientes.

Esta reforma legal se enmarca en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias por parte del gobierno dominicano, que ha intensificado las deportaciones de haitianos indocumentados y ha impulsado medidas para reforzar el control fronterizo.

Con esta aprobación en ambas cámaras legislativas, solo resta la firma del presidente Abinader para que la ley entre en vigencia.