DGCP protegió 43 mil millones de pesos del Estado en procesos de compras de instituciones

El presidente Luis Abinader, durante LA Semanal, destacó este lunes durante que los mecanismos implementados para el monitoreo preventivo desde contrataciones públicas, han permitido proteger más de 43 mil millones de pesos que pudieron haberse comprometido en procesos irregulares.

El mandatario señaló que más de 853 mil millones de pesos en compras públicas fueron objeto de supervisión preventiva, lo que permitió cancelar o detener 517 procesos sospechosos antes de que generaran perjuicios al Estado. A esto se suman 112 mil alertas emitidas a instituciones públicas, orientadas a prevenir riesgos y fortalecer la integridad administrativa.

“Estamos más firmes que nunca en que no debe haber impunidad y que se deben respetar los bienes públicos. No importa quién sea ni su condición: si tiene vínculos con corrupción, será llevado a la justicia”, afirmó Abinader, al tiempo que reiteró el compromiso de su gobierno con la transparencia y la rendición de cuentas.

igualmente, puntualizó la formalización de la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, mediante el Decreto 382-25, como una estructura permanente de investigación y prevención. Esta unidad, que desde 2021 opera dentro de la Contraloría, ha colaborado en 368 casos con la Procuraduría General, realizado 20 análisis financieros forenses, y tramitado 72 denuncias formales.

“La Unidad Antifraude se ha convertido en un instrumento eficaz gracias a su base de datos robusta, la cooperación con otros órganos de control, y su enfoque en la detección temprana”, explicó el jefe de Estado.

Por su parte, el director de Compras y Contrataciones, Carlos Pimentel, resaltó que el país ha implementado un sistema de alertas preventivas, desarrollado localmente, que analiza los procesos de compras antes de que lleguen a la etapa de recepción de ofertas. Asimismo, enfatizó que la República Dominicana es el primer país de la región en introducir el modelo de cumplimiento regulatorio (compliance) en contrataciones públicas, con oficiales designados en unas 30 instituciones que manejan el 80 % del presupuesto nacional.

Entre los resultados de esta gestión, Pimentel mencionó la inhabilitación de 144 proveedores por fraude documental, la suspensión de 567 proveedores legalmente impedidos de contratar con el Estado, y la entrega de más de 3,900 certificaciones a entidades de control y el Ministerio Público. Además, 13 casos han sido referidos directamente al Ministerio Público para acciones judiciales.

“La confianza en el sistema ha aumentado: hoy hay más oferentes participando en los procesos de compras públicas, con un incremento de más del 42 % en participación y una reducción superior al 50 % en los tiempos de pago del Estado”, sostuvo.