Todos los directores del Intrant firmaron adendas del contrato con Dekolor revela Carlos Pimentel

Martin Severino | 09 julio 2025

Santo Domingo. – El director general de Contrataciones Públicas (DGCP), Carlos Pimentel, reveló este martes que todos los directores del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) han firmado las adendas al contrato con la empresa Dekolor, actualmente bajo cuestionamientos por presuntas irregularidades señaladas por la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República.

El contrato en cuestión, relacionado con la expedición de licencias de conducir, fue firmado en diciembre de 2019 y entró en vigor en enero de 2020 cuando estaba como directora Claudia Franchesca de los Santos y quien fue sustituida en agosto del 2020 por Rafael Arias y este a su vez por Hugo Beras, en agosto del 2022.

"Ese proceso lo han firmado todos los directores del Intrant desde la vigencia del contrato. Todas las adendas han sido firmadas por ellos", aseguró Pimentel al ser abordado por la prensa tras salir de una reunión en la Procuraduría General de la República con la procuradora Yeni Berenice Reynoso.

Pimentel defendió la facultad legal del Intrant para convocar a una nueva licitación pública, tras el vencimiento este año del contrato con Dekolor, y desmintió las afirmaciones de los abogados de la empresa, quienes alegan que no se puede iniciar ese proceso debido a una supuesta deuda de más de 700 millones de pesos.

"Eso es un invento más dentro de todo el entramado para evitar que el Estado dominicano pueda llevar a cabo un proceso de licitación legítimo y competitivo", manifestó Pimentel. Añadió que es fundamental desmontar cualquier estructura de corrupción que haya podido establecerse en torno a ese servicio.

En otro orden, el funcionario también informó que acudió a la Procuraduría para entregar un informe detallado sobre presuntas violaciones en tres procesos de licitación llevados a cabo por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie). Según explicó, se trata de compras realizadas en los últimos tres meses por miles de millones de pesos para suplir zapatos y otros artículos que forman parte del uniforme escolar.