Defensa de Ángel Martínez recusa a juez que conocería coerción en su contra por querella interpuesta por Faride Raful

Santo Domingo. – La defensa de Ángel Martínez recusó al juez Reymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien tenía previsto conocer la solicitud de medida de coerción en su contra, tras la denuncia presentada por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, por presunta difamación a través de medios electrónicos y la producción o distribución de herramientas para cometer ese tipo de delitos.

A raíz del recurso interpuesto, la audiencia fue aplazada sin fecha definida, en espera de que la Corte de Apelación del Distrito Nacional conozca y decida sobre la recusación.

Según explicó su abogado, Carlos Mesa, la recusación se fundamenta en que fue el mismo juez Mejía quien declaró en rebeldía a su cliente, decisión que derivó en su arresto a su llegada al país en un crucero.

Ahora, habrá que esperar que se decida si la recusación progresará o si se ordenará que el magistrado Reymundo Mejía continúe conociendo la medida de coerción.

De su lado, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, a su salida de la sala de audiencias afirmó que los procesos legales que ha iniciado por difamación en su contra representan una oportunidad para establecer precedentes en el uso ético y responsable de las plataformas digitales y los medios de comunicación.

"Hay que respetar el honor y la dignidad de las personas, que es un derecho fundamental que garantiza la Constitución Dominicana", expresó la funcionaria al salir del tribunal donde se ventilan los casos.

Raful reiteró su compromiso de continuar con los procedimientos judiciales hasta las últimas consecuencias, asegurando que su objetivo es defender su integridad y sentar bases legales claras para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos en el entorno digital.

Los casos se derivan de supuestas declaraciones difamatorias publicadas en redes sociales y otros espacios mediáticos. La ministra no ofreció detalles sobre los imputados, pero enfatizó que este tipo de acciones no deben quedar impunes en un Estado de derecho.

"La libertad de expresión es vital en una democracia, pero no puede ser usada como escudo para atacar la honra de los demás", subrayó.