Gobierno inicia cierre definitivo de cárcel La Victoria

Ruth Encarnacion | 27 junio 2025

Santo Domingo. – En un paso decisivo hacia la mejora del sistema carcelario dominicano, el Gobierno ha comenzado los trabajos técnicos que darán lugar al cierre permanente del Centro Penitenciario de La Victoria, conocido durante años por su alto nivel de hacinamiento y condiciones insalubres.

El operativo, liderado por equipos de la Oficina Presidencial de Apoyo a la Reforma Penitenciaria (ONAPREP) y del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED), contó con la participación de expertos de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructuras (ONESVIE). En la jornada estuvieron presentes ingenieros, arquitectos, agrimensores y técnicos en electromecánica, quienes realizaron una inspección detallada de las instalaciones del penal.

Durante el recorrido, las autoridades penitenciarias y los especialistas evaluaron el estado físico de las estructuras, con el fin de identificar cuáles edificios podrían ser reparados y cuáles deberán ser demolidos. Esta evaluación forma parte de una estrategia más amplia para sustituir el viejo modelo penitenciario por uno más humano, enfocado en la rehabilitación y el respeto a los derechos de las personas privadas de libertad.

El plan contempla la creación de un nuevo recinto penitenciario, más pequeño y exclusivo para reclusos preventivos, que funcionará bajo estándares modernos y será administrado por personal civil formado por el Instituto Superior Especializado de Estudios Penitenciarios y Correccionales (INSEEPENC), anteriormente conocido como la Escuela Penitenciaria.

Simultáneamente, avanza el proceso de traslado gradual de internos al nuevo Centro Penitenciario Las Parras, próximo a ser inaugurado y con capacidad para alojar a 2,400 personas. Esta medida tiene como objetivo reducir de forma significativa el hacinamiento crónico que por años ha afectado a La Victoria y ofrecer condiciones más dignas a los reclusos.

Con esta iniciativa, el Gobierno da un paso firme hacia la transformación del sistema penitenciario nacional, sentando las bases para un modelo que priorice la rehabilitación, la seguridad y el respeto a los derechos humanos, dejando atrás décadas de abandono y precariedad en el manejo de los centros de reclusión.