Polémica en Puerto Rico por entrega de datos de inmigrantes dominicanos a autoridades de EE.UU.

Una fuerte controversia política se ha desatado en Puerto Rico tras denuncias que acusan a la gobernadora de la isla, Jenniffer González, de haber entregado al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos un listado con nombres y direcciones de inmigrantes dominicanos, con fines de detención y deportación.

El señalamiento fue hecho por Pablo Hernández, congresista puertorriqueño en Washington, quien calificó la acción como una “traición” a una de las comunidades más vulnerables y trabajadoras del país. Según Hernández, el gobierno recolectó información personal bajo el pretexto de emitir licencias de conducir y luego la compartió con las autoridades migratorias federales.

“El Gobierno de Puerto Rico traicionó a los dominicanos… les dieron tres golpes y luego los tiraron al mondongo. No se puede justificar que se pida información con una intención y luego se use para perjudicar a esas personas”, declaró el legislador.

Las críticas también llegaron por parte del exgobernador Alejandro García Padilla, quien cuestionó fuertemente tanto las acciones como los comentarios de González, que a su juicio estigmatizan a la comunidad dominicana y fomentan el rechazo hacia los inmigrantes.

“No se puede disfrazar como política pública lo que claramente es un acto de crueldad. Entregar listas de personas para su deportación, mientras se les dice que se les apoya, es un acto inaceptable”, afirmó García Padilla. Añadió que muchos de los afectados solo querían manejar legalmente para poder trabajar en oficios que, dijo, "los puertorriqueños no quieren hacer".

Según declaraciones recientes de la gobernadora González, se estima que en Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses residen unos 20,000 inmigrantes indocumentados, y su oficina tiene como objetivo deportar al 100 % de esa población.

La funcionaria también afirmó que desde el regreso de Donald Trump a la presidencia, las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se han intensificado. En lo que va del año, ya se han arrestado alrededor de 500 inmigrantes con órdenes de deportación. De ese total, aproximadamente el 75 % son dominicanos, y menos del 80 % tenía antecedentes penales, siendo el reingreso ilegal tras una deportación el delito más común.

El caso ha provocado reacciones de rechazo por parte de defensores de derechos humanos y líderes comunitarios, quienes exigen explicaciones formales y transparencia sobre el manejo de los datos personales entregados por ciudadanos en situación migratoria irregular.