Aviación sostenible: oportunidad estratégica para RD

Julio Peña Guzmán

La República Dominicana es una nación eminentemente turística, donde el transporte aéreo es la columna vertebral de su economía. Según datos de la IATA, la aviación comercial (incluyendo el turismo que facilita) aporta más del 10% del PIB dominicano y sostiene más de medio millón de empleos. Sin embargo, esta dependencia tiene un costo ambiental: los aviones contribuyen cada vez más a las emisiones globales de CO₂. El desafío es claro y urgente: mantener nuestra conectividad aérea sin comprometer los compromisos climáticos del país.

Afortunadamente, República Dominicana podría convertir este reto en una ventaja estratégica. Un estudio de viabilidad apoyado por la OACI y la Unión Europea concluye que un país con abundante caña de azúcar, como el nuestro, puede producir combustible sostenible de aviación (SAF) a partir del etanol. Tecnologías avanzadas como el proceso ATJ (Alcohol-to-Jet), que transforma etanol en queroseno renovable, lo hacen posible. Incluso se exploran materias primas adicionales –desde residuos agrícolas hasta sargazo de nuestras playas– para convertir problemas ambientales en combustible. En suma, con la materia prima adecuada y apoyo tecnológico, producir SAF en suelo dominicano es una posibilidad real y prometedora.

El salto al SAF traería beneficios concretos. En términos ambientales, al quemarse este biocombustible el CO₂ liberado es el que antes capturaron los cultivos, logrando reducciones netas de emisiones de hasta un 80% respecto al queroseno fósil tradicional. En cuanto a las ventajas locales, la OACI destaca que producir los insumos en el país generaría empleos, ingresos fiscales y desarrollo rural, multiplicando el valor en el campo dominicano. Se reactivarían tierras agrícolas hoy improductivas: la superficie sembrada de caña de azúcar, que en 1985 superaba las 300 mil hectáreas, cayó a menos de 100 mil en 2015. La producción de SAF podría revitalizar el agro y crear empleo rural. A la vez, un combustible autóctono mejoraría la seguridad energética, reduciendo la vulnerabilidad de depender de combustibles importados (hoy, cerca del 50% del jet fuel en el Caribe viene de Estados Unidos).

Convertir este potencial en realidad requiere acción política decidida e inversión. Es imprescindible desarrollar la infraestructura: construir biorefinerías, plantas de etanol dedicadas y tanques de almacenamiento para SAF, además de adecuar la logística aeroportuaria a una nueva cadena de suministro. Igualmente crítico es el marco regulatorio. Establecer un mandato de mezcla de SAF con combustible convencional, o crear incentivos fiscales, impulsaría la demanda y daría seguridad a los inversionistas. La falta de reglas claras e incentivos tiene un costo: sin apoyo gubernamental, la fuerte inversión inicial en biorefinerías y certificaciones desalentaría a posibles productores. Expertos del sector advierten que es “fundamental crear paquetes de incentivos gubernamentales” para viabilizar la producción y ampliar la oferta de SAF en la región. República Dominicana cuenta con precedentes en exenciones fiscales a biocombustibles; urge actualizar esas políticas al contexto de la aviación (por ejemplo, reduciendo impuestos al etanol agrícola o al propio SAF).

Con las decisiones correctas, nuestro país puede emerger como líder regional en aviación sostenible. Ya somos uno de los cuatro Estados de Latinoamérica (miembros de la OACI) que han completado un estudio de factibilidad sobre SAF. Además, la firma de la Declaración de Santo Domingo en 2023 logró alinear a seis ministerios nacionales tras una hoja de ruta intersectorial. Estas acciones iniciales, como señala el análisis sectorial, “posicionan a República Dominicana como un referente regional en la transición hacia una aviación más sostenible”. No se trata de un sueño lejano, sino de una oportunidad al alcance de la mano si existe la voluntad política para aprovecharla. El futuro de nuestra aviación puede despegar limpio; la pregunta es cuándo y cómo daremos ese paso decisivo.