En Inaipi hubo irregularidades por más de 800 millones de pesos de 2016 a 2020 según la Cámara de Cuentas

Santo Domingo, RD.-La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) identificó múltiples irregularidades en procesos de contratación por excepción realizados por el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) durante la pandemia del COVID-19.

Estas contrataciones, que suman más de RD$800.8 millones y fueron adjudicadas a 58 proveedores, han sido remitidas al Ministerio Público para que determine posibles responsabilidades civiles y penales.

Uno de los principales casos es el proceso INAIPI-MAE-PEUR-2020-0001, declarado de urgencia y adjudicado por RD$531.7 millones a 20 proveedores. No obstante, la auditoría reveló que estas compras ya estaban previstas en el Plan Anual de Compras, lo que invalida legalmente el uso del procedimiento de excepción, según lo establecido por la Ley 340-06 y su reglamento.

Las entonces directoras de Inaipi, Berlinesa Franco y Kenia Lora, defendieron sus decisiones señalando que se trató de unificar compras por la alta demanda y que se continuaron contratos ya adjudicados para evitar consecuencias legales. También justificaron que el cierre de estancias infantiles impidió las entregas y que los productos fueron almacenados para programas sociales.

Entre los hallazgos más críticos, la auditoría detectó que 11 proveedores no entregaron productos pese a haber recibido anticipos del 20 %, por un total de RD$106.3 millones. Otros nueve proveedores hicieron entregas parciales.

Además, se pagaron RD$36.1 millones a empresas que no estaban al día con sus obligaciones fiscales y de seguridad social, contraviniendo el Sistema de Gestión Financiera del Estado (SIGEF). Aunque se alegó que hubo flexibilización por la pandemia, el hallazgo se mantiene.

También se otorgaron contratos por RD$312.8 millones a oferentes que no cumplieron con los requisitos técnicos, como presentar imágenes referenciales en lugar de fotos reales de los productos.

Otro punto preocupante es la diferencia de RD$426.5 millones en la nómina entre lo ejecutado presupuestariamente y lo registrado digitalmente en 2019 y 2020. Las exfuncionarias defendieron que el sistema impide discrepancias, pero la CCRD concluyó que sus respuestas no desvirtúan el hallazgo.

El informe completo tiene 552 páginas y documenta violaciones a los controles internos del Estado. Según la CCRD, estas irregularidades suponen un perjuicio a los intereses públicos y podrían implicar responsabilidad civil y administrativa según las leyes 10-04 y 340-06.

La Cámara de Cuentas otorgó al Inaipi un plazo de 25 días para elaborar un plan de acción correctivo, con una prórroga única de 10 días. Además, remitió el caso al Ministerio Público para que actúe conforme a la Constitución y la ley penal.