César "El Abusador" demanda gobierno de EE.UU. y prisión de PR por alegada negligencia médica

El presunto narcotraficante dominicano César Emilio Peralta, conocido como “César El Abusador”, presentó una demanda civil por $7 millones contra el gobierno de Estados Unidos y el Centro Metropolitano de Detención (MDC) en Guaynabo, Puerto Rico, alegando violaciones a sus derechos constitucionales por supuesta negligencia médica mientras permanece bajo custodia federal.

El Abusador fue arrestado en Colombia en el año 2019 y posteriormente extraditado a los Estados Unidos en el 2021. Actualmente enfrenta cargos federales por dirigir una supuesta organización transnacional de narcotráfico con operaciones desde el Caribe hacia EE. UU. Según las autoridades, era considerado un CPOT (Objetivo Organizacional Prioritario), una clasificación reservada para los narcotraficantes de mayor impacto, similar al caso de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

En noviembre de 2022, el dominicano se declaró culpable de varios cargos por conspiración para importar cocaína, aunque las vistas de sentencia han sido pospuestas en repetidas ocasiones, con partes del proceso bajo sello judicial.

Desde su ingreso en prisión, Peralta ha solicitado atención médica por diversas condiciones de salud. Alega que sus reclamos han sido ignorados, lo que motivó la demanda. Sin embargo, la jueza federal Camille Vélez Rivé desestimó una moción para un interdicto preliminar al considerar que no presentó evidencia suficiente y no agotó los procesos administrativos internos del penal.

Según la magistrada, Peralta no identificó con claridad a los funcionarios implicados ni aportó detalles específicos sobre las supuestas denegaciones de tratamiento médico. Aunque reconoció las dificultades del recluso, la jueza enfatizó que, como preso federal, Peralta no tiene derecho a elegir su médico ni el tipo de tratamiento que recibe.

Actualmente, la defensa del acusado ha apelado la decisión ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston. Los demandados tienen hasta el 27 de mayo para responder a dicha moción. Mientras tanto, el caso sigue su curso en medio de una extensa batalla judicial.