La realidad de la Barrick Gold y sus operaciones en Cotuí

La preservación del medio ambiente, su confluencia con la minería y la protección a los derechos de los comunitarios

Las operaciones de Barrick Pueblo Viejo en la provincia de Sánchez Ramírez, han generado un intenso debate entre diversos sectores de la sociedad, con discusiones que involucran aspectos económicos, sociales y ambientales. Mientras la empresa sostiene que ha realizado inversiones significativas en la comunidad y que cumple con los estándares de sostenibilidad requeridos a nivel nacional e internacional; comunitarios y ambientalistas expresan preocupación sobre los posibles impactos de sus actividades.

El disgusto de los diferentes sectores nace luego del anuncio de la construcción de una presa de colas, definida por la Barrick como “un lugar donde se depositan los materiales inertes del proceso minero, que previamente han sido neutralizados” la cual aseguran de no construirse representaría un impacto negativo para la industria minera de la República Dominicana y la recaudación de impuestos e ingresos para las comunidades aledañas.

Campesinos, activistas y residentes realizaron varias protestas que generaron bloqueos en la carretera que conecta Maimón con Cotuí, afectando el tránsito de vehículos y la movilidad de los empleados de la minera y otros trabajadores de la zona.

Los principales reclamos de los manifestantes incluyen la exigencia de indemnizaciones adecuadas para aquellos que han perdido tierras y propiedades debido a la expansión de la mina y sus operaciones. También se han pronunciado contra los posibles efectos negativos que la construcción de la presa de colas podría tener sobre el medio ambiente y la salud de los habitantes de la región.

Posición de la Barrick Pueblo Viejo  

Ivett Viloria, miembro del equipo de responsabilidad social de Barrick Pueblo Viejo, indicó que el gobierno dominicano levantó un bloqueo ilegal realizado por los protestantes ya que impedía el acceso a las vías públicas. “Como todos sabemos, es un derecho fundamental de los dominicanos transitar libremente por estas vías. Durante más de ocho meses, este bloqueo en la zona impidió que la empresa pudiera realizar estudios geotécnicos en diversas comunidades donde ya existían acuerdos”.

Asegura que, en la actualidad mantienen un diálogo abierto con las comunidades involucradas en el proceso de reasentamiento donde sería construida la presa de colas. “Son cinco comunidades que se encuentran activas en este proceso, y una de ellas ya está en una etapa muy avanzada para iniciar el reasentamiento”. Viloria destaca que la discusión con estas comunidades y sus representantes gira en torno a precios y condiciones de vivienda, no sobre temas ambientales.

Agregó, “este es un tema económico vinculado al reasentamiento. No existe una afectación a los ríos”. Ivett, indicó que el único punto de descarga de la empresa minera es el río Margajita, el cual se encuentra en constante monitoreo. Además, destaca que trabajan de la mano con las comunidades y que cumplen con rigurosos estándares ambientales, estudios y redes de monitoreo en más de 100 puntos para garantizar el cumplimiento de normativas nacionales e internacionales.

Asimismo, informó que la multinacional se encuentra en un proyecto de remediación ambiental. “Cuando la empresa llegó a la zona en 2004, encontró un grave deterioro ambiental. El río Margajita estaba altamente contaminado debido a la actividad previa de Rosario Dominicana. Gracias a nuestra intervención, ahora contamos con áreas revegetadas y un río completamente saneado, lo que ha mejorado la calidad del agua para los residentes de Hatillo. Esto es visible para quienes visitan la comunidad”.

Concluyó destacando que, como empresa, han invertido más de 52 millones de dólares en las comunidades cercanas a sus operaciones y resaltó el compromiso que tienen de ser un buen vecino mediante proyectos sostenibles. “Creemos que la minería puede generar beneficios más allá de la extracción de recursos, por lo que desarrollamos iniciativas independientes de la actividad minera para que las comunidades prosperen a largo plazo”. “Un ejemplo es el proyecto Agroemprende, donde enseñamos técnicas avanzadas de cultivo para mejorar la productividad de los agricultores locales”.

Operaciones de la Barrick y su confluencia con el medio ambiente

  “Hemos asumido compromisos corporativos, voluntarios y regulatorios con el Estado dominicano”.

“Adicionalmente, invertimos en investigación y proyectos de innovación para el estudio y conservación de especies protegidas dentro de nuestra zona de influencia y en áreas protegidas como el Parque Nacional Aniana Vargas”.

Indicó que cuentan con un programa de monitoreo continuo, con evaluaciones diarias, semanales y trimestrales sobre los efectos de sus operaciones en la flora y fauna. “Antes de desarrollar cualquier proyecto, nuestro equipo de biodiversidad realiza una evaluación ecológica para identificar especies de flora y fauna que requieren rescate y reubicación”.

“Además, desarrollamos programas de educación ambiental en las comunidades, abordando temas como biodiversidad, calidad del agua, ruido y aire. Trabajamos con consultores internacionales, empresas locales e instituciones académicas para garantizar el rigor técnico de nuestras iniciativas”.

Asimismo, resaltó la implementación de un Plan de Compensación de Biodiversidad en el Parque Nacional Aniana Vargas, debido a su similitud ambiental con Pueblo Viejo. “A través de esta iniciativa, colaboramos con el Estado dominicano para conservar áreas protegidas y mejorar la calidad de sus ecosistemas”. Concluyó asegurando que la minera lleva más de una década comprometida con el medio ambiente y por esto han formalizado acuerdos de cooperación para los próximos diez años.

Operaciones de la Barrick Pueblo Viejo

Personal de la Barrick asegura que en la presa activa en la estructura del Llagal, implementan controles estrictos de sedimentos para evitar la contaminación de los afluentes cercanos, como el arroyo Toro. “Contamos con una estructura de decantación para controlar la dispersión de sedimentos generados durante la construcción de caminos y otras actividades”.

“Nuestra presa está diseñada con un núcleo de arcilla que evita la migración de sedimentos y líquidos. Adicionalmente, tenemos una presa de recuperación que mitiga cualquier impacto y nos permite reciclar el agua dentro del embalse, garantizando que no haya vertidos fuera de la estructura. Nuestros afluentes son monitoreados de forma continua para mantener una operación segura”.

Resaltan que el verdor de la vegetación alrededor de la presa es evidencia de su estabilidad. “La naturaleza misma refleja la calidad ambiental de la zona, lo que confirma que nuestros controles están funcionando de manera efectiva”.

En cuanto al tratamiento de efluentes y ante las denuncias de la toma y contaminación del agua, aseguran que la planta de tratamiento gestiona el agua de lluvia que entra en contacto con material minero mediante un sistema de canales, bombas y tuberías. “El agua es dirigida a nuestra presa de aire D1 para su tratamiento. Además, tras el proceso de extracción de oro, las colas mineras son transportadas a la presa de TCF, donde el sólido se deposita y el líquido es tratado.

“Si bien utilizamos agua de la presa de Hatillo bajo un acuerdo con el INDRHI, devolvemos más agua de la que extraemos”. Indican que desde 2011, los cambios en el río Margajita han sido notables, “antes se veía rojizo y sin vida, pero hoy cuenta con peces y vegetación en sus riberas. Este es un testimonio claro de nuestro compromiso ambiental”.

La opinión de un ambientalista: Un conflicto que va más allá de una comunidad

El ambientalista Enrique de León asegura que el conflicto en torno a la empresa minera Barrick Pueblo Viejo no se limita a una disputa entre la compañía y una comunidad en particular, sino que representa un problema de interés nacional. La intención de la empresa de construir una gran presa de colas ha encendido las alarmas entre ambientalistas y pobladores, quienes advierten sobre el riesgo que esta infraestructura representaría para la seguridad de toda la región.

"Almacenar estos desechos en una presa ubicada en una zona con una falla sísmica activa es crear las condiciones para una posible tragedia", advierte de León. En este sentido, enfatiza que existen soluciones alternativas que reducirían significativamente los riesgos. Una de las propuestas más viables, según el ambientalista, es rellenar los huecos dejados tras la extracción del material aurífero, una estrategia que no solo resultaría más económica, sino que también disminuiría el peligro, aunque sin eliminarlo por completo.

Sin embargo, la construcción de la presa de colas no es el único punto de conflicto. Barrick Pueblo Viejo también ha propuesto el reasentamiento de varias comunidades, lo que ha generado tensiones en las negociaciones con los afectados.

"La comunidad considera que su demanda es justa, ya que la empresa generará enormes riquezas gracias a la explotación del oro. Si las familias deben ser trasladadas de su tierra natal, esto debe hacerse en condiciones que mejoren su calidad de vida y les permitan beneficiarse de la riqueza que se generará", señala el ambientalista.

Uno de los puntos más controvertidos es la negativa de Barrick a compensar adecuadamente a los agricultores por la pérdida de sus cultivos, especialmente de cacao. De León destaca que, en la actualidad, el precio del cacao en el mercado internacional es sumamente alto, por lo que considera inaceptable que la empresa no esté dispuesta a pagar un valor justo por las plantaciones.

"La empresa se ha mostrado reacia a ofrecer una compensación acorde con la realidad del mercado, lo que demuestra una actitud avara e injusta", denuncia el ambientalista.

También critica la postura del Estado dominicano en este conflicto. "Es incomprensible que, en un momento en que el oro alcanza precios históricos cercanos a los 3,000 dólares por onza, ni Barrick ni el Estado dominicano estén dispuestos a beneficiar a las comunidades que serán desplazadas o afectadas por la minería", afirma. Esta falta de disposición para negociar ha complicado la posibilidad de llegar a un acuerdo que permita la construcción de la presa bajo condiciones más justas y seguras.

De León también cuestiona la postura del Ministerio de Medio Ambiente, calificando sus declaraciones como un acto de irresponsabilidad. "Si bien reconoce que los comunitarios tienen derecho a defender sus intereses, también tiene la obligación de proteger el medio ambiente, algo que no está haciendo al apoyar a Barrick en este proyecto", asegura.

Los principales riesgos de la construcción de la presa de colas incluyen:

– La acumulación de desechos tóxicos en una extensa área.

– La proximidad de la nueva presa con otra ya existente, ambas situadas sobre una falla tectónica activa.

– La posibilidad de que un movimiento sísmico provoque la ruptura de la presa, con el consiguiente derrame de lodos tóxicos desde la comunidad de El Naranjo hasta la bahía de Samaná.

Este escenario sería devastador, ya que podría arruinar la producción agrícola en toda la región, afectando la economía y el sustento de miles de familias.

Por estas razones, Enrique de León insiste en que existen alternativas más económicas y con menor impacto ambiental y social. "Es fundamental que las autoridades reconsideren este proyecto y prioricen el bienestar de la población y la protección del medio ambiente", concluye.

El proyecto de reasentamiento “Nuevos Horizontes”

Patria Rodríguez, líder de Medios de Vida de Barrick Pueblo Viejo, durante un recorrido por la zona donde serían reubicadas las comunidades afectadas por la construcción de la presa de colas, nos habló sobre las características de este nuevo reasentamiento.

El proyecto "Nuevos Horizontes", donde se reubicarán 653 personas de comunidades en proceso de reasentamiento, ofrece viviendas de diferentes tipologías (de dos y tres habitaciones), así como diversas facilidades comunitarias, incluyendo centros educativos con enfermería, comedor y biblioteca, aseguró Rodríguez.

“Desde el departamento de Medios de Vida, nos encargamos del acompañamiento psicosocial de las familias reasentadas, proporcionando apoyo en la preparación para la mudanza, manejo del duelo y convivencia pacífica. Además, ofrecemos programas de generación de ingresos para que las familias puedan desarrollar proyectos productivos sostenibles”, explicó.

Destacó que el objetivo del reasentamiento es mejorar la calidad de vida de las familias. “Se han realizado diagnósticos y evaluaciones para asegurar que las condiciones en Nuevos Horizontes sean superiores a las que tenían en su lugar de origen. Por ejemplo, muchas familias antes no tenían acceso a agua potable, y ahora contarán con este servicio”, afirmó.

Cada vivienda es asignada tras un censo y evaluación. “Si una familia tenía una vivienda pequeña pero numerosos hijos, se le entrega una casa acorde a su composición familiar. Además, se otorga una compensación económica basada en el valor de su vivienda original”, detalló.

Este proyecto incluye a seis comunidades: El Rayo, El Naranjo, El Higo, Arroyo Vuelta, Lajas y Tres Bocas. Además, cuenta con una licencia ambiental aprobada tras un riguroso proceso de varios años que respetó todas las normativas dominicanas y estándares internacionales.

Asimismo, destacó que han diseñado un marco de compensación que se alinea con estándares internacionales y regulaciones locales para garantizar que las familias sean beneficiadas de manera justa en este proceso.

De acuerdo con sus características, las personas pueden acceder a distintos esquemas de compensación según su estatus:

Residente: Aquellas personas que habitan de manera permanente en la zona afectada por el proyecto, ya sea como propietarios o inquilinos de una vivienda. Estas personas tienen derecho a compensaciones que pueden incluir reubicación, apoyo financiero y asistencia para la adaptación a nuevas condiciones de vida.

No residente: Son aquellas personas que tienen intereses en la zona, como propietarios de terrenos o negocios, pero que no habitan en ella de manera permanente. En estos casos, la compensación se enfoca en retribuir el valor de los bienes afectados y brindar apoyo en la reubicación.

Posición del ministro de Energía y Minas sobre el proceso reasentamiento

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, afirmó que el proceso de reasentamiento en Sánchez Ramírez ha experimentado avances significativos, aunque aún existen aspectos fundamentales por resolver antes de su conclusión.

Santos explicó que todavía hay tres puntos clave que requieren atención: la compensación por ciertos productos agrícolas, la reubicación de familias afectadas y la tasación de terrenos. A pesar de estas dificultades, subrayó que la negociación ha progresado de manera sustancial, despejando dudas sobre su desarrollo.

Uno de los desafíos pendientes es la evaluación de la compensación por productos agrícolas, entre los cuales el cacao sigue siendo un tema de debate. El ministro destacó que, aunque se han alcanzado acuerdos en la mayoría de los casos, este punto aún requiere mayor análisis.

En relación con la reubicación de las familias, Santos reconoció que el censo realizado pudo haber dejado fuera a algunas personas de manera involuntaria. No obstante, también advirtió sobre la posibilidad de que algunos intenten aprovecharse del proceso sin cumplir con los criterios establecidos.

"En un proceso de reasentamiento siempre pueden ocurrir errores en los censos, por lo que es necesario revisar cada caso con justicia. Sin embargo, también hay quienes buscan beneficiarse sin razón legítima, lo que genera conflictos entre quienes realmente tienen derecho y quienes no", expresó.

A pesar de estos retos, el ministro destacó que 101 de los 119 casos en evaluación ya han sido resueltos, lo que refleja avances importantes en el proceso.

Joel Santos reiteró el compromiso del Gobierno de velar por un reasentamiento justo y digno para las comunidades, asegurando que sus condiciones económicas no solo se mantengan, sino que mejoren.

"Desde el Ministerio de Energía y Minas estamos involucrados directamente para garantizar que este proceso se desarrolle de manera equitativa, transparente y en beneficio de las comunidades afectadas. El objetivo es encontrar soluciones sostenibles y justas para todos", concluyó.

Encuentro entre la Barrick y comunitarios

Durante el tercer encuentro de diálogo sobre los reasentamientos en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, anunció que se llegó a un acuerdo clave con la empresa Barrick Pueblo Viejo. Como parte de este compromiso, la minera revisará las dos normativas que regulan el proceso de reasentamiento involuntario, con la finalidad de identificar posibles ajustes que favorezcan a las comunidades afectadas, garantizando el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de derechos humanos y desarrollo sostenible. 

Ulloa, quien actúa como vocero de la comisión mediadora en este proceso, detalló que Barrick Pueblo Viejo deberá presentar su respuesta formal a través de la secretaría del Defensor del Pueblo en un plazo de 10 días, con fecha límite el jueves 30 de enero de 2025. Esta revisión es considerada un paso crucial para encontrar soluciones equilibradas y justas que beneficien a las familias que serán reubicadas debido a las operaciones mineras. 

Además, se confirmó que la próxima reunión de este proceso de diálogo se llevará a cabo el 4 de febrero en la Universidad Católica del Cibao (Ucateci). En este encuentro, se continuará con la agenda de trabajo previamente establecida, abordando las preocupaciones de las comunidades y buscando alternativas viables para avanzar en el proceso de reasentamiento. 

Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, subrayó la importancia de conformar una comisión técnica que garantice el seguimiento de los acuerdos alcanzados en estas mesas de diálogo. Esta comisión también tendrá la responsabilidad de coordinar encuentros específicos para analizar y resolver diferencias técnicas entre las comunidades y la empresa minera, asegurando así que las decisiones tomadas respondan a criterios justos y transparentes. 

Santos reiteró que el diálogo es la única vía efectiva para alcanzar soluciones sostenibles y duraderas, haciendo un llamado a todas las partes involucradas a continuar participando activamente en este proceso con el objetivo de beneficiar a las comunidades afectadas. 

En este tercer encuentro participaron figuras clave del ámbito gubernamental, eclesiástico y comunitario, incluyendo a Juana Barceló, presidenta de Barrick Pueblo Viejo; Carlos Diplán, obispo de La Vega; Ricardo de los Santos, senador de Sánchez Ramírez; Rolando Muñoz, director de Minería; y Roberto Núñez, alcalde de Bonao. También estuvieron presentes líderes comunitarios como Martín Guzmán, Fernando Peña y Manuel Severino, quienes representan los intereses de los residentes de la zona y buscan garantizar que sus derechos sean respetados en este proceso de reasentamiento. 

Este proceso de diálogo se desarrolla en un contexto de creciente interés por parte de las autoridades y la sociedad civil en fortalecer la transparencia y la equidad en los acuerdos relacionados con la industria minera en la región.

Opiniones encontradas entre los comunitarios

Los residentes de las comunidades cercanas expresan opiniones divididas respecto a las operaciones de la empresa Barrick Gold. Mientras algunos reconocen que la compañía ha realizado obras de gran importancia para el desarrollo local, otros consideran que sus aportes son mínimos en comparación con los grandes beneficios económicos que obtiene de la explotación minera en la región.

Este debate refleja la diversidad de percepciones sobre el impacto de la empresa en la comunidad. Por un lado, quienes la respaldan destacan la construcción de infraestructuras, programas sociales y oportunidades de empleo generadas por sus inversiones. Por otro lado, sus detractores argumentan que estos beneficios no compensan los posibles daños ambientales, el uso de recursos naturales y los riesgos asociados a la actividad minera.

Posición del ministro de Medio Ambiente

Durante su participación en el programa “El Demócrata”, conducido por Francisco Tavárez, el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Hernández, aseguró que hasta el momento no se han recibido denuncias ni se han encontrado pruebas de que las operaciones de la minera Barrick Gold estén causando daños ambientales en la provincia Sánchez Ramírez. 

Hernández explicó que el Ministerio lleva a cabo evaluaciones semestrales en la zona a través de un equipo técnico especializado, el cual supervisa áreas clave, en especial las fuentes hídricas y microcuencas cercanas a la operación minera. Según los resultados de estos análisis, los niveles de contaminación han disminuido en comparación con el estado en que se encontraba el área antes de la llegada de la empresa. 

Asimismo, destacó que Barrick Gold cumple con sus responsabilidades de restauración ambiental, incluyendo la recuperación de la presa de colas Mejita, la cual en el pasado representaba un foco de contaminación. También mencionó que las auditorías ambientales externas contratadas anualmente han respaldado los hallazgos del Ministerio, sin detectar irregularidades ni impactos ambientales fuera de los límites permitidos por la normativa. 

El ministro enfatizó que cualquier evidencia que sugiera lo contrario será recibida y evaluada con total apertura. Afirmó que el gobierno mantiene su compromiso con la protección del medio ambiente y con la supervisión rigurosa de las actividades mineras en el país, garantizando que se tomen medidas adecuadas para preservar los recursos naturales y el bienestar de las comunidades cercanas a las operaciones de la empresa.

Un problema con solución

El debate sobre la operación de Barrick Pueblo Viejo refleja la complejidad de conciliar el desarrollo económico con la protección ambiental y el bienestar social. Por un lado, la empresa argumenta que ha invertido en la recuperación ambiental y en proyectos comunitarios que han mejorado la calidad de vida de los residentes. Por otro, existen voces críticas que cuestionan la equidad de los beneficios obtenidos y alertan sobre los riesgos ecológicos y sociales del proyecto, especialmente en lo que respecta al reasentamiento y la construcción de una nueva presa de colas. La necesidad de un diálogo continuo y de decisiones fundamentadas en estudios técnicos y principios de justicia social es crucial para garantizar un desarrollo minero responsable y sostenible en la región.

Llegar a un acuerdo en donde pueda converger las operaciones mineras, la preservación del medio ambiento y un trato justo a los residentes es vital para que se llegue a un acuerdo donde no se afecte ninguna de las partes.