Fiscalía deposita expediente de solicitud de medida de coerción contra imputados en Operación Guepardo 

Santo Domingo. – La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en conjunto con la Fiscalía de La Romana, depositaron este sábado una solicitud de medida de coerción ante la Oficina Judicial de los Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Romana.

La solicitud está dirigida a la red criminal desmantelada en el caso denominado "Guepardo", dedicada a la estafa electrónica y lavado de activos, que ha afectado a más de 120 víctimas, tanto nacionales como extranjeras.

La solicitud de medida de coerción fue presentada en contra de las imputadas Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya. La audiencia de medida de coerción ha sido fijada para el próximo lunes, 10 de febrero.

Marisol Nova Nolasco es socia de la empresa de fachada Novasco Real Estate SRL, la cual simuló ser una constructora con alta experiencia y calidad en sus proyectos, con el fin de estafar a las personas.

Por su parte, Rocío del Alba Rodríguez de Moya se encargó de la publicidad de los proyectos inmobiliarios "Romana Victoriana Residences" y "La Altagracia Victoriana Residences", los cuales, según la investigación, resultaron ser falsos. Rodríguez de Moya también usó la multinacional RE/MAX para dar credibilidad a los proyectos y atraer a potenciales compradores.

Asimismo, las autoridades han activado la búsqueda de los prófugos Yves Alexandre Giroux y Loany Lismeiry Ortiz Nova, quienes están señalados como responsables de la estafa inmobiliaria y han huido del país.

La investigación fue iniciada tras la presentación de varias querellas ante el Ministerio Público, con el apoyo técnico de la División de Investigación de Lavado de Activos y Terrorismo (DILAFT) de la Policía Nacional. Según un informe financiero preliminar de la Procuraduría Especializada Antilavado, la organización criminal ha recibido hasta ahora una suma de US$ 18,851,583.12.

Además, el pasado viernes 7 de febrero de 2025, se llevaron a cabo 11 allanamientos y 2 incautaciones de bienes inmuebles en diversas localidades, incluyendo Santo Domingo Este, Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia. Durante estos operativos, las autoridades confiscaron vehículos de alta gama, aparatos electrónicos y documentos clave para la investigación, lo que permitió al Ministerio Público descubrir el modus operandi de la red delictiva.

La titular de la Procuraduría Antilavado, doctora Ramona Nova Cabrera, y la procuradora fiscal titular de La Romana, licenciada Reina Yaniris Rodríguez Cedeño, confirmaron que se presentaron pruebas contundentes en contra de los imputados, entre ellas más de 284 pruebas documentales, pruebas periciales, audiovisuales, materiales y testimoniales, que vinculan a las imputadas Rocío del Alba Rodríguez de Moya y Marisol Nova Nolasco con la comisión de los hechos.

Los fiscales a cargo del caso son Claudio Cordero, de la Procuraduría Antilavado, y Bienvenido Florentino, de la Fiscalía de La Romana.