Aplazan para enero inicio de audiencia preliminar contra imputados en Operación Nido

Santo Domingo. – El Primer Juzgado de Instrucción aplazó para el 20 de enero del 2025 el inicio de la audiencia preliminar contra las 11 personas físicas y las dos jurídicas vinculadas a la red que estafó a más de 500 personas mediante falsos proyectos inmobiliarios, desmantelada mediante la Operación Nido.

El tribunal tomó la decisión con el objetivo de que la defensa tome conocimiento de las acusaciones alternas presentadas por los querellantes y, así, puedan preparar sus escritos de defensa.

Así como para que los querellantes reciban la notificación de la acusación por parte del tribunal para hacer referencia a la misma.

Además, a solicitud del Ministerio Público, representado por los fiscales Magalys Sánchez, Laura Vargas y Andrés Mena, el tribunal declaró en rebeldía a los acusados Franklin Benjamín Martínez Jokson y Wilton Manuel Peralta Brito, quienes no comparecieron a la audiencia a pesar de ser citados.

De acuerdo con la acusación, el monto aproximado de la estafa a las víctimas ocasionada por los acusados asciende a un monto superior de RD$235 millones de pesos y más de US$10 millones, dinero que debe ser resarcido en favor de las víctimas del presente proceso.

Durante la etapa preparatoria, el Ministerio Público logró incautar bienes muebles e inmuebles que fueron adquiridos con los fondos de las víctimas, tales como casas, apartamentos, vehículos y maquinaria pesada, además de detectarse que esos recursos fueron utilizados para cubrir gastos personales de los acusados.

La red fue desmantelada tras 25 allanamientos llevados a cabo en las provincias de San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Sánchez Ramírez y el Distrito Nacional, donde se incautaron múltiples propiedades y bienes pertenecientes a los acusados, quienes, según el expediente, llevaban un estilo de vida lujoso financiado con los fondos obtenidos de las víctimas.

Entre las pruebas recolectadas, el Ministerio Público indicó que Emmanuel Rivera Ledesma, señalado como cabecilla de la red, utilizaba el nombre de figuras públicas conocidas para ganar la confianza de las víctimas, sin ningún vínculo real con dichas personalidades.

Asimismo, tras el inicio de las investigaciones, intentó disuadir a las víctimas de presentar o mantener las querellas en su contra, firmando nuevos contratos fraudulentos con el objetivo de evitar enfrentar cargos legales y obstruir el proceso judicial.

Los imputados enfrentan cargos por estafa, falsificación de documentos, asociación de malhechores y lavado de activos, en violación de los artículos 265, 266, 405, 59, 60 y 147 del Código Penal Dominicano.